La diputada Daylín García Ruvalcaba presentó ante el Pleno, un punto de acuerdo en el que se reconoce formalmente la trascendencia de la iniciativa ciudadana impulsada por trabajadoras y trabajadores activos, jubilados, pensionados y derechohabientes del ISSSTECALI, así como por el Magisterio Estatal, la cual pretende preservar la pensión dinámica y el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores.
“Hoy comparezco ante esta Asamblea para presentar una causa que no es individual sino colectiva, una causa que nace de la burocracia y del magisterio, que han decidido ejercer su derecho constitucional de participación ciudadana”, declaró la congresista.
Precisó que la propuesta plantea reformar el artículo 97 de la Constitución Local, estableciendo expresamente que las pensiones y jubilaciones de trabajadores de base, jubilados y pensionados del Magisterio Estatal y de la burocracia afiliados al ISSSTECALI se regirán por la legislación estatal aplicable, esto con el objetivo de blindar jurídicamente los derechos adquiridos y preservar la vigencia de la pensión dinámica como derecho de seguridad social.
“Se trata de proteger derechos, se trata de eliminar la incertidumbre que por años ha afectado a miles de familias. Un acuerdo político no es suficiente si no se convierte en garantía constitucional”, indicó Daylín García.
El acuerdo presentado destaca cuatro puntos fundamentales. En primer lugar, el reconocimiento formal a la iniciativa ciudadana y magisterial que busca certeza jurídica en materia de pensiones y jubilaciones. En segundo término, la solicitud de trámite prioritario y análisis técnico por parte de la Comisión Dictaminadora, para atender de manera inmediata la demanda social planteada.
Asimismo, se establece la instalación de una mesa técnica de trabajo con participación de representantes ciudadanos, del Magisterio, de la Secretaría de Hacienda y especialistas en Derecho Constitucional y Seguridad Social, para analizar la viabilidad jurídica y financiera de la propuesta.
En cuarto lugar, el Congreso del Estado reafirma el compromiso asumido en el acuerdo del pasado 31 de marzo de 2026, presentado por la legisladora Daylín García y aprobado por unanimidad, en el sentido de proteger los derechos adquiridos de trabajadores de base, jubilados y pensionados del Magisterio Estatal y de la burocracia, así como en las reformas venideras que serán discutidas en la Cámara de Diputados.
En atención a lo expuesto, el Acuerdo obtuvo el respaldo unánime de las diputaciones integrantes de la XXV Legislatura, asumiendo el compromiso de dar certeza jurídica y estabilidad normativa a quienes han entregado su vida al servicio público y educativo en Baja California.

El Congreso del estado emitió un exhorto a la Comisión Local de Búsqueda de Personas, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Poder Judicial de Baja California (PJBC) para fortalecer las acciones de localización, identificación humana y atención integral a las familias buscadoras, bajo criterios de transparencia, coordinación institucional, rigor científico y respeto a los derechos humanos.
El Punto de Acuerdo presentado por la diputada Alejandrina Corral Quintero, busca garantizar respuestas efectivas a las familias de personas desaparecidas y fortalecer las capacidades institucionales en materia de búsqueda e identificación humana, debido a que en Baja California cientos de madres, padres y familiares continúan realizando labores de búsqueda ante la falta de respuestas definitivas.
La legisladora señaló que “este delito representa una de las crisis humanitarias más dolorosas que enfrenta el país, ya que detrás de cada caso existen familias que viven diariamente entre la incertidumbre, el dolor y la esperanza de encontrar a sus seres queridos”.
En ese contexto, considera indispensable la revisión de expedientes pendientes ante la preocupación expresada por los colectivos de búsqueda respecto al rezago en los procesos de identificación forense, así como la posibilidad de que existan cuerpos o restos humanos que aún no han sido identificados y entregados a sus familiares.
Entre los puntos planteados en el exhorto destaca la solicitud a la FGE para que informe públicamente cuántos no han sido identificados y se encuentran bajo resguardo institucional, así como el avance de los perfiles genéticos, estudios periciales, confrontas realizadas y procesos de identificación concluidos.
Por otro lado, propone fortalecer las áreas especializadas en antropología forense, arqueología forense, genética, criminalística y medicina forense mediante la contratación y capacitación de personal técnico especializado, además del uso de herramientas científicas y tecnológicas que permitan mejorar los procesos de búsqueda e identificación.
Alejandrina Corral enfatizó que las familias buscadoras no deben asumir responsabilidades que corresponden al Estado, “cada expediente representa a una familia que espera respuestas, por lo que hago un llamado a las autoridades involucradas para redoblar esfuerzos, reducir el rezago forense y garantizar que tengan acceso a la verdad, a la justicia y a una atención digna”.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó el Dictamen número 97 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley de Protección a los Animales Domésticos del Estado de Baja California para reconocer a los animales como seres sintientes sujetos de especial protección.
La propuesta legislativa fue presentada por el diputado Diego Alejandro Lara Arregui para armonizar la legislación estatal con la reciente reforma al artículo 7 de la Constitución Política de Baja California, que reconoce a los animales como seres capaces de experimentar emociones.
Durante el análisis de la propuesta, la Comisión dictaminadora concluyó que la reforma cuenta con respaldo constitucional y contribuye a fortalecer las medidas de protección animal en Baja California, en armonía con las disposiciones federales que prohíben el maltrato animal, por lo que esta reforma representa un avance importante para promover una cultura de respeto, cuidado y protección hacia los animales en la entidad.
Las y los diputados aprobaron en lo general el dictamen por el que se reforman los artículos 2 y 29 de la Ley de Protección a los Animales, donde se establece que el Estado y los ayuntamientos tienen la obligación de garantizar el bienestar integral de las mascotas mediante un trato digno y respetuoso, con lo que se refuerzan las acciones de protección y cuidado animal en la entidad.
Además, se prohíbe utilizar animales como premios, regalos o incentivos en rifas, sorteos, campañas promocionales o actividades comerciales, así como destinarlos como juguetes infantiles, al considerar que estas prácticas promueven el maltrato y el abandono.
Cabe mencionar que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) define el bienestar animal como el estado físico y mental en relación con las condiciones en las que vive y muere, además reconoce expresamente su condición de seres sintientes. Del mismo modo, la Declaración Universal sobre el Bienestar Animal, respaldada por México, establece que los animales deben ser tratados con respeto por su naturaleza sensible.