El Pleno de la XXV Legislatura aprobó con 20 votos a favor y 0 en contra, la reforma al Código Penal de Baja California propuesta por el diputado Diego Echevaría Ibarra, con la finalidad de sancionar con hasta cinco años de prisión el robo de una o más partes de vehículos estacionados en la vía pública o en lugares destinados a su guarda o reparación.
En su exposición de motivos, el inicialista destacó que el robo de autopartes es uno de los delitos patrimoniales más frecuentes, debido a su simplicidad y a la facilidad con que puede consumarse.
La sustracción parcial de autopartes suele ejecutarse con rapidez, en muchos casos sin violencia directa, y con un alto grado de impunidad, derivado de la dificultad para su detección y persecución. Esta situación ha propiciado que dichas conductas se reproduzcan con mayor frecuencia y organización.
El legislador del PAN, señaló que muchos ciudadanos han sido víctimas de la sustracción de baterías, catalizadores, computadoras, rines, espejos, micas y otros componentes, lo que genera un grave daño económico y aumenta la percepción de inseguridad e impunidad en las familias bajacalifornianas.
En ese sentido la reforma contempla la adición del Artículo 201 Quater al Código Penal del Estado, creando un subtipo autónomo del delito de robo, enfocado en el apoderamiento de partes o componentes de vehículos de motor, desvinculado del robo del automotor en sí mismo.
“Como legisladores tenemos que dar respuesta a una problemática que afecta de manera recurrente a las familias bajacalifornianas, fortaleciendo el marco jurídico para proteger su patrimonio y recuperar la confianza ciudadana frente a este tipo de ilícitos”, indicó Diego Echevarría.

La Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, presidida por la diputada Alejandra María Ang Hernández, celebró su Quinta Sesión Ordinaria, en la que fueron analizadas, discutidas y dictaminadas diversas cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.
Durante la sesión y en coordinación con la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), se llevó a cabo la presentación de los Informes Individuales de las cuentas públicas de las diferentes entidades, mismas que se pusieron a consideración de los integrantes de dicha Comisión.
Las cuentas públicas revisadas corresponden al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal del Municipio de Ensenada (COPLADEM Ensenada); Comisión Estatal de Energía de Baja California (CEEBC); Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE-BC); Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California (CONALEP); Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario; Fiscalía General del Estado (FGE-BC); Instituto de la Mujer para el Municipio de Mexicali (IMMM); Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIP); Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Mexicali (COTUCO Mexicali); Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playas de Rosarito (IMAC Rosarito) y al Instituto Municipal de la Mujer de Tecate (INMUJER Tecate).
Como resultado del proceso de fiscalización, la Comisión emitió dictámenes no aprobatorios para el Instituto de la Mujer para el Municipio de Mexicali (IMMM) y al Instituto Municipal de la Mujer de Tecate (INMUJER Tecate). Por otro lado, se destaca que el CEEBC; CONALEP; FGE-BC; ITAIP e IMAC Rosarito, obtuvieron la máxima puntuación en la evaluación cuantitativa, al alcanzar cien puntos.
Por otro lado, entre las observaciones que se realizaron con más frecuencia a las entidades públicas se encuentra falta de pago de ISR, contratos de Honorarios Asimilables a Salarios sin cumplimiento de la Normatividad Legal aplicable, falta de seguridad social integral para el personal, falta de retenciones de ISR, omisión de generación de CFDI, entre otras irregularidades administrativas.
En el apartado de Asuntos Generales, la diputada Alejandra Ang informó que fue turnada a la Comisión una proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Diego Echevarría Ibarra, relacionada con la obra denominada “Regeneración Urbana del Bulevar Artesanal Popotla”, ubicado en el municipio de Playas de Rosarito. Tras una revisión preliminar, se advirtió que los recursos vinculados a dicho proyecto corresponden al ejercicio fiscal 2025, por lo que serán sujetos al procedimiento ordinario de fiscalización que realiza la ASEBC.
Derivado de lo anterior, las integrantes de la Comisión avalaron dar seguimiento al tema mediante la remisión de un oficio a la ASEBC, con el fin de que verifique la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a la obra y, en caso de detectar posibles irregularidades, se actúe conforme a las disposiciones legales correspondientes.
A la sesión asistieron, además de la presidenta, las diputadas Dunnia Montserrat Murillo López, Julia Andrea González Quiroz, Teresita Ruiz Mendoza, Norma Angélica Peñaloza Escobedo y María Yolanda Gaona Medina. Así como la Auditoría Superior del Estado, junto con titulares y representantes de los entes fiscalizados.

El Congreso del estado emitió un exhorto a la Comisión Local de Búsqueda de Personas, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Poder Judicial de Baja California (PJBC) para fortalecer las acciones de localización, identificación humana y atención integral a las familias buscadoras, bajo criterios de transparencia, coordinación institucional, rigor científico y respeto a los derechos humanos.
El Punto de Acuerdo presentado por la diputada Alejandrina Corral Quintero, busca garantizar respuestas efectivas a las familias de personas desaparecidas y fortalecer las capacidades institucionales en materia de búsqueda e identificación humana, debido a que en Baja California cientos de madres, padres y familiares continúan realizando labores de búsqueda ante la falta de respuestas definitivas.
La legisladora señaló que “este delito representa una de las crisis humanitarias más dolorosas que enfrenta el país, ya que detrás de cada caso existen familias que viven diariamente entre la incertidumbre, el dolor y la esperanza de encontrar a sus seres queridos”.
En ese contexto, considera indispensable la revisión de expedientes pendientes ante la preocupación expresada por los colectivos de búsqueda respecto al rezago en los procesos de identificación forense, así como la posibilidad de que existan cuerpos o restos humanos que aún no han sido identificados y entregados a sus familiares.
Entre los puntos planteados en el exhorto destaca la solicitud a la FGE para que informe públicamente cuántos no han sido identificados y se encuentran bajo resguardo institucional, así como el avance de los perfiles genéticos, estudios periciales, confrontas realizadas y procesos de identificación concluidos.
Por otro lado, propone fortalecer las áreas especializadas en antropología forense, arqueología forense, genética, criminalística y medicina forense mediante la contratación y capacitación de personal técnico especializado, además del uso de herramientas científicas y tecnológicas que permitan mejorar los procesos de búsqueda e identificación.
Alejandrina Corral enfatizó que las familias buscadoras no deben asumir responsabilidades que corresponden al Estado, “cada expediente representa a una familia que espera respuestas, por lo que hago un llamado a las autoridades involucradas para redoblar esfuerzos, reducir el rezago forense y garantizar que tengan acceso a la verdad, a la justicia y a una atención digna”.