En el seno de la Comisión de Justicia que preside la Diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, fueron aprobadas dos iniciativas relativas a dolo eventual, homicidio y lesiones y una en materia civil con respecto a obligación de alimentos a hijas e hijos, y su cumplimiento retroactivo.
En primer término, fue aprobado el proyecto que da origen al dictamen No. 24 de esta Comisión legislativa, con respecto a la Iniciativa por la que se reforma el artículo 14, 75, 126, 140, 143 y 152, y se adiciona el artículo 124 BIS y 137 BIS del Código Penal de Baja California.
Tiene como objeto que se defina de manera concreta lo que se entiende por dolo eventual e incorporar el tipo penal de homicidio y lesiones, presentada por la Diputada Evelyn Sánchez Sánchez, con adenda de fecha 27 febrero 2026, misma que fue aprobada por seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Luego se aprobó en el mismo sentido de votación, el proyecto que da origen al Dictamen No. 26 de la Iniciativa por la que se reforman los artículos 305, 306, 308 y crea el 333 BIS del Código Civil Estatal.
Su objeto, es eliminar elementos sexistas en el cumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos a hijas e hijos, así como de asegurar su cumplimiento de forma retroactiva, presentada por la Diputada Liliana Michel Sánchez Allende.
Posteriormente, se aprobó el Acuerdo del Dictamen No. 22 de la Comisión de Justicia, con respecto a Iniciativas por las que se reforman los artículos 143 y 147 del Código Penal para de Baja California, referente a la modificación del delito de Homicidio y Lesiones, presentadas por la Diputada Michelle Alejandra Tejeda Medina y la Diputada Adriana Padilla Mendoza.
Contempla la consideración como homicidio y lesiones calificados cuando se comentan en contra de personas con cualquier tipo y grado de discapacidad; Postula que existe premeditación en la comisión de los delitos de homicidio y lesiones cuando se realiza atropello, colisión o vuelco intencional con vehículo de motor.
Así mismo, su pretensión es incorporar expresamente como circunstancia agravante en los delitos de homicidio y lesiones calificadas, el hecho de que la víctima sea una “persona menor de edad”.
Con ello se busca otorgar una protección penal reforzada a niñas, niños y adolescentes, quienes por su condición de desarrollo se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y de igual manera, se busca cerrar el vacío legal del artículo 147 del Código Penal del Estado, que hasta hoy no contempla esta agravante de forma expresa.
Participaron en esta sesión de la Comisión de Justicia que tuvo lugar en la Sala “Mujeres de Baja California, Forjadoras de la Patria, las siguientes diputaciones: Angélica Peñaloza, Humberto Valle, Juan Manuel Molina, Araceli Geraldo, Ramón Vázquez y Diego Echeverría.
También participaron: el Director de la Consultoría Legislativa del Congreso del Estado, Héctor Israel Ceseña Mendoza; la representante del Poder Judicial, Paola Ixchel Martínez y de Seguimiento Legislativo de la Secretaría General de Gobierno, Luis Alonso López.

aja California participó en el Primer Simulacro Nacional 2026 con la movilización coordinada de más de 316 mil personas en los siete municipios del estado, como parte de las acciones para fortalecer la cultura de la prevención y la preparación ante emergencias sísmicas.

Encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, el ejercicio se desarrolló bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.5 con epicentro a 34 kilómetros de Maneadero, permitiendo activar protocolos de evacuación, atención y coordinación entre autoridades, instituciones y ciudadanía.

Durante la supervisión de las actividades en la Plaza de los Tres Poderes, la gobernadora Marina del Pilar reconoció la participación de la población y del personal de las distintas dependencias involucradas, destacando que la prevención y la preparación son fundamentales para proteger vidas y fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, subrayó que este tipo de ejercicios permiten reforzar la coordinación interinstitucional y evaluar la capacidad de reacción de las autoridades y los cuerpos de emergencia, mediante la participación conjunta de los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.

Asimismo, el coordinador estatal de Protección Civil, Salvador Cervantes Hernández, informó que el simulacro concluyó con saldo blanco y una amplia participación de los sectores público, privado y social.

“Tuvimos una importante respuesta en toda la entidad, tanto de instituciones registradas en la plataforma nacional como de personas que se sumaron desde distintos espacios. Estos ejercicios son fundamentales en un estado con alta actividad sísmica como Baja California”, señaló.

En el simulacro participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, corporaciones de seguridad, fuerzas armadas y organismos de atención a emergencias.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la cultura de la prevención, la coordinación institucional y la preparación permanente para proteger a las familias bajacalifornianas.

El diputado Diego Echevarría Ibarra señaló que cerca del 40% del cableado que vemos en los postes corresponde a líneas en desuso o “cable muerto”, que las empresas no retiran por economía de costos. Esta acumulación genera las llamadas “telarañas” que dificultan el mantenimiento de la red eléctrica y aumentan el riesgo de incendios, cortocircuitos y cortes de luz en perjuicio de las familias bajacalifornianas.
Resaltó que hoy enfrentamos un problema visible en nuestras calles; el cableado aéreo en desuso se acumula en los postes y, lejos de servir, se convierte en un riesgo constante de incendios, apagones y accidentes para las familias de Baja California.
Ante esta problemática, el legislador presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Edificaciones del Estado que obliga a las empresas de telecomunicaciones y energía a identificar y retirar el cableado en desuso o deteriorado. En caso de incumplimiento, los Ayuntamientos podrán intervenir para retirar los cables riesgosos, cobrando los costos del operativo directamente a las compañías responsables, bajo el principio de “quien contamina, paga”.
“No buscamos regular el servicio de telecomunicaciones, sino garantizar que el espacio público se mantenga seguro y ordenado. La ciudadanía merece banquetas libres de obstáculos y postes que no representen un peligro para su vida cotidiana”, refirió Diego Echevarría.
Por otra parte, la propuesta busca incentivar la transición hacia infraestructura subterránea, inmune a las contingencias climáticas extremas que afectan a Baja California.
Con ello se pretende reducir riesgos de electrocución, incendios urbanos y obstrucciones en banquetas que vulneran el derecho a la movilidad de personas con discapacidad, adultos mayores y peatones en general.
“Queremos ciudades modernas y resilientes, donde la infraestructura no sea un riesgo, sino una garantía de seguridad, movilidad y bienestar para todas y todos los bajacalifornianos”, concluyó el legislador del PAN.