La presidenta del Congreso del Estado de Baja California, la diputada Michel Sánchez Allende y la activista Alina Narciso Tehuaxtle, fueron invitadas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para asistir a la presentación de la denominada “Ley Alina”, sobre la legítima defensa en casos de violencia de género.

Esta iniciativa de reforma al Código Penal Federal, impulsada por la diputada federal Laura Ruiz López y respaldada por la presidenta de la Comisión de Igualdad, la diputada Anaís Burgos Hernández, busca reformar los artículos 15 y 16 para considerar las circunstancias de violencia que enfrentan las mujeres.

La participación de la diputada Michel Sánchez y la activista Alina Narciso, representa un reconocimiento a la lucha social y legislativa que, desde lo local, ha visibilizado la urgencia de garantizar condiciones de justicia para las mujeres que enfrentan contextos de violencia.

La “Ley Alina” plantea establecer la presunción de legítima defensa en favor de mujeres que, ante agresiones ilegítimas como violencia física, sexual o feminicida, actúan para salvaguardar su vida.

Durante la jornada, se llevó a cabo un foro de diálogo con diputadas y ciudadanía, donde se analizaron las condiciones estructurales de desigualdad y violencia que enfrentan miles de mujeres en México, así como la necesidad de que el marco jurídico reconozca estas realidades.

La iniciativa se posiciona como un avance estratégico hacia un sistema de justicia con perspectiva de género, para dejar atrás esquemas que criminalizan a quienes se defienden y, en su lugar, establecer mecanismos legales que prioricen la protección de las víctimas y se elimine la revictimización.

Desde el Poder Legislativo de Baja California, se refrenda el compromiso de acompañar y fortalecer las causas que emergen desde la sociedad civil, a través de iniciativas ciudadanas, que impulsen cambios legislativos que trasciendan a nivel nacional y contribuyan a una justicia más equitativa.

El diputado Fidel Mogollón Pérez, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, para establecer una exención en el pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRTP) a favor de personas morales sin fines de lucro.
La propuesta plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 151-15 de la citada ley, con el fin de beneficiar a asociaciones que destinan la mayor parte de sus recursos al mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos, como parques, plazas, unidades deportivas y áreas verdes.
El legislador destacó que, ante el crecimiento urbano acelerado en Baja California, los gobiernos municipales y el estatal enfrentan limitaciones presupuestales para atender el mantenimiento integral de estos espacios, por lo que la participación de asociaciones civiles y comunitarias resulta clave para complementar estas labores.
Sin embargo, actualmente estas organizaciones deben cubrir el ISRTP, lo que incrementa sus costos operativos y limita su capacidad de reinversión en acciones comunitarias. En este sentido, la iniciativa busca reconocer su labor mediante un esquema fiscal más equitativo y acorde a su contribución social.
La propuesta establece que podrán acceder a esta exención aquellas personas morales sin fines de lucro que acrediten que al menos el 80% de sus actividades y recursos se destinan al cuidado y mejora de espacios públicos, aplicando el beneficio hasta por un máximo de 15 trabajadores.
De aprobarse, esta medida permitiría que los recursos que actualmente se destinan al pago de este impuesto se reinviertan directamente en acciones como iluminación, limpieza, seguridad y rehabilitación de áreas públicas, generando un impacto social más amplio y sostenible.
El inicialista enfatizó que el acceso a espacios públicos dignos forma parte del derecho a un entorno adecuado, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que estos espacios son fundamentales para la cohesión social, la salud y la prevención del delito.

En sesión del Pleno de la XXV Legislatura, se aprobó el exhorto presentado por la diputada Yohana Gilvaja, para atender de manera inmediata la situación que enfrentan diversas colonias y fraccionamientos de Playas de Rosarito, particularmente en materia de servicios públicos, seguridad y recolección de basura.
“No podemos permitir que existan ciudadanos de primera y de segunda; la dignidad de las familias está por encima de cualquier incumplimiento de los desarrolladores”, señaló la legisladora desde la Máxima Tribuna.
La problemática se centra en desarrollos como Villa Diamante, Praderas del Mar, Vista del Mar, Mar de Popotla 1, 2 y 3, así como Misión del Mar 1 y 2, donde los contratos de compra-venta establecían compromisos de urbanización —electrificación, alumbrado público, nomenclatura de calles, áreas verdes— que nunca fueron cumplidos.
Sin embargo, los años han pasado y diversas autoridades, principalmente del orden municipal, se han abstenido o simplemente no han intervenido para impedir que los desarrolladores cumplan estos compromisos.
“Aunque las familias adquirieron sus viviendas en esas condiciones, lo hicieron víctimas de la especulación inmobiliaria. Hoy el Estado debe responder con justicia y urgencia”, advirtió Yohana Gilvaja.
Debido a lo anterior la proposición solicita a la presidenta municipal de Playas de Rosarito, Rocío Adame Muñoz, en coordinación con la titular del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI), Guadalupe Cuellar Escoto, revisar la situación de las colonias mencionadas y disponer de inmediato la introducción de servicios públicos, así como atender las necesidades de seguridad y recolección de basura.
“El derecho a la vivienda no se limita a tener un techo; comprende disfrutar de servicios que convierten la casa en un hogar digno para la convivencia familiar”, concluyó la diputada del PT.