La presidenta del Congreso del Estado de Baja California, la diputada Michel Sánchez Allende y la activista Alina Narciso Tehuaxtle, fueron invitadas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para asistir a la presentación de la denominada “Ley Alina”, sobre la legítima defensa en casos de violencia de género.

Esta iniciativa de reforma al Código Penal Federal, impulsada por la diputada federal Laura Ruiz López y respaldada por la presidenta de la Comisión de Igualdad, la diputada Anaís Burgos Hernández, busca reformar los artículos 15 y 16 para considerar las circunstancias de violencia que enfrentan las mujeres.

La participación de la diputada Michel Sánchez y la activista Alina Narciso, representa un reconocimiento a la lucha social y legislativa que, desde lo local, ha visibilizado la urgencia de garantizar condiciones de justicia para las mujeres que enfrentan contextos de violencia.

La “Ley Alina” plantea establecer la presunción de legítima defensa en favor de mujeres que, ante agresiones ilegítimas como violencia física, sexual o feminicida, actúan para salvaguardar su vida.

Durante la jornada, se llevó a cabo un foro de diálogo con diputadas y ciudadanía, donde se analizaron las condiciones estructurales de desigualdad y violencia que enfrentan miles de mujeres en México, así como la necesidad de que el marco jurídico reconozca estas realidades.

La iniciativa se posiciona como un avance estratégico hacia un sistema de justicia con perspectiva de género, para dejar atrás esquemas que criminalizan a quienes se defienden y, en su lugar, establecer mecanismos legales que prioricen la protección de las víctimas y se elimine la revictimización.

Desde el Poder Legislativo de Baja California, se refrenda el compromiso de acompañar y fortalecer las causas que emergen desde la sociedad civil, a través de iniciativas ciudadanas, que impulsen cambios legislativos que trasciendan a nivel nacional y contribuyan a una justicia más equitativa.

En sesión del Pleno de la XXV Legislatura, se aprobó el exhorto presentado por la diputada Yohana Gilvaja, para atender de manera inmediata la situación que enfrentan diversas colonias y fraccionamientos de Playas de Rosarito, particularmente en materia de servicios públicos, seguridad y recolección de basura.
“No podemos permitir que existan ciudadanos de primera y de segunda; la dignidad de las familias está por encima de cualquier incumplimiento de los desarrolladores”, señaló la legisladora desde la Máxima Tribuna.
La problemática se centra en desarrollos como Villa Diamante, Praderas del Mar, Vista del Mar, Mar de Popotla 1, 2 y 3, así como Misión del Mar 1 y 2, donde los contratos de compra-venta establecían compromisos de urbanización —electrificación, alumbrado público, nomenclatura de calles, áreas verdes— que nunca fueron cumplidos.
Sin embargo, los años han pasado y diversas autoridades, principalmente del orden municipal, se han abstenido o simplemente no han intervenido para impedir que los desarrolladores cumplan estos compromisos.
“Aunque las familias adquirieron sus viviendas en esas condiciones, lo hicieron víctimas de la especulación inmobiliaria. Hoy el Estado debe responder con justicia y urgencia”, advirtió Yohana Gilvaja.
Debido a lo anterior la proposición solicita a la presidenta municipal de Playas de Rosarito, Rocío Adame Muñoz, en coordinación con la titular del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI), Guadalupe Cuellar Escoto, revisar la situación de las colonias mencionadas y disponer de inmediato la introducción de servicios públicos, así como atender las necesidades de seguridad y recolección de basura.
“El derecho a la vivienda no se limita a tener un techo; comprende disfrutar de servicios que convierten la casa en un hogar digno para la convivencia familiar”, concluyó la diputada del PT.

El diputado Ramón Vázquez Valadez presentó ante el Pleno un proyecto de reforma a la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado, con el propósito de establecer la prohibición categórica de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo identificadas técnicamente, así como obligar al Estado a garantizar vivienda social en suelo seguro.
El legislador de Morena explicó que los recientes acontecimientos en el municipio de Tijuana, donde cientos de familias han perdido sus viviendas por deslaves e inundaciones, evidencian una falla estructural en el marco jurídico que rige el desarrollo urbano y la ordenación del territorio.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) advierten que en los últimos 50 años se ha quintuplicado el número de catástrofes vinculadas a fenómenos extremos, afectando de manera desigual a los países en desarrollo y a las comunidades más vulnerables. México y Baja California no son ajenos a esta realidad, pues la vulnerabilidad social se combina con una geografía cada vez más expuesta.
“Esta situación no es aislada, sino parte de un patrón nacional que expone a miles de familias a riesgos previsibles y recurrentes, por lo que urge transitar hacia una planeación urbana preventiva basada en evidencia técnica y científica”, indicó Ramón Vázquez.
En consecuencia, la propuesta del diputado Vázquez plantea tres ejes centrales: que los programas de desarrollo urbano se basen en estudios técnicos de riesgo actualizados, que se prohíba el uso de zonas de alto peligro para vivienda o actividades comerciales o industriales, y que el Estado garantice suelo seguro para vivienda social y reubicación de familias vulnerables.
“Legislar para prevenir asentamientos en zonas de riesgo es proteger la vida, la seguridad y el derecho a una vivienda digna. Esta reforma representa un cambio de paradigma, al pasar de la reacción ante desastres a la prevención sustentada en estudios técnicos y responsabilidad social”, subrayó el inicialista.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Movilidad, Comunicaciones y Transportes para su análisis y dictaminación correspondiente.