La Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso de Baja California aprobó reformas que fortalecen la certeza jurídica, la profesionalización del servicio público y la congruencia normativa en materia de seguridad y sistema penitenciario.
Entre las modificaciones aprobadas, destaca la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana del Estado, en la cual se corrige el artículo 146 para que la referencia legal sea al artículo 144 —relativo a disposiciones disciplinarias— y no al 137, que trata sobre obligaciones del personal. Esta adecuación fortalece la coherencia normativa y mejora la aplicación de medidas disciplinarias dentro del sistema.
También se reformó la Ley que Crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, precisando la competencia laboral en casos que involucren a servidores públicos. Asimismo, se incorpora la definición de la Comisión de Desarrollo Policial, armonizándola con lo establecido en la Ley Estatal de Seguridad Ciudadana. En concordancia con la Ley Nacional de Ejecución Penal, se actualiza el uso del término “centros penitenciarios”, garantizando una terminología adecuada y uniforme.
Respecto al artículo 108 Bis de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, se establece que los municipios deberán destinar recursos específicos para la capacitación académica y profesional de su personal policial. Esta medida busca fortalecer las capacidades institucionales a nivel local y profesionalizar los cuerpos de seguridad.
Por otra parte, la diputada Michelle Tejeda presentó una iniciativa para reformar la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, con el objetivo de otorgar nuevas atribuciones a la Coordinación Ejecutiva. Entre ellas se incluyen la capacitación de entidades públicas, la elaboración de protocolos de evacuación y difusión de información, así como la creación de albergues y refugios con atención especial a personas con discapacidad.
El presidente de la Comisión, diputado Jorge Ramos Hernández, llamó a que la Junta de Coordinación Política priorice la agenda legislativa en materia de seguridad y propuso mantener abierta la comisión para agilizar dictámenes.
En la sesión participaron, además del presidente, las diputadas Araceli Geraldo, Maythé Méndez, Daylín García y el diputado Fidel Mogollón.

En el seno de la Comisión de Hacienda y Presupuesto presidida por la Diputada Julia Andrea González Quiroz, se aprobaron cinco proyectos que dan origen a igual número de dictámenes, en el sentido propuesto por la Auditoría Superior del Estado (ASEBC).
Una vez analizado el proyecto que origina el Dictamen No. 77 de la Iniciativa de Decreto para Desincorporar del Patrimonio del Dominio Público del Estado e Incorporar al Patrimonio del Dominio Privado del mismo, un predio ubicado en Ensenada, propiedad de la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA), para el desarrollo de infraestructura deportiva, se aprobó con las precisiones vertidas por las diputaciones, por ocho votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Fue avalado por votos nueve votos a favor, el proyecto que da origen al Dictamen No. 78 de la Iniciativa de Decreto para Desincorporar del Patrimonio de Dominio Público del Estado e Incorporar al Patrimonio del Dominio Privado del mismo, un predio identificado como lote destinado para el Hospital General, M-28 de la Col. Zona Rio Tijuana, para su enajenación a título gratuito en favor de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar.
Luego se aprobó, con ocho votos a favor, y con las precisiones presentadas por las diputaciones, el proyecto que origina el Dictamen No. 79 y se refiere a la Iniciativa de Decreto para la Condonación de Contribuciones de Mejoras y sus Accesorios Municipales, causados respecto de obras efectuadas por el Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali (CUMM).
Tiene por objeto condonar el 100 por ciento del pago de contribuciones de mejoras omitidas por las obras de urbanización ejecutadas por el CUMM durante el ejercicio fiscal 2012, consistentes en pavimentación integral flexible en varias colonias de la ciudad. Así como el mismo porcentaje de los recargos, multas y demás accesorios provenientes de dichas contribuciones de mejoras omitidas que se hayan generado por las citadas obras de urbanización, a las personas propietarias o poseedoras de predios comprendidos en las zonas beneficiadas que resultaron con detalles de mala calidad, para atender la problemática existente.
Una de las diputaciones solicitó que en el presente documento se asiente expresamente los nombres de las administraciones, de las personas responsables, y que se incorpore el nombre de las constructoras que participaron en dichas obras y de la representación legal que acudió al ayuntamiento, así como de las personas que integraron el comité de adquisiciones de ese entonces, por lo cual la presidenta de la CHyP le solicitó al Auditor Superior que esto se anexara al dictamen.
Además, se aprobó el proyecto que origina el Dictamen No. 80 que se refiere a la modificación del Decreto 94, publicado en el Periódico Oficial del Estado, relativo a autorizar el cambio de destino del predio desincorporado del dominio público del Estado e incorporado al patrimonio del dominio privado del mismo, identificado como Lote 9, Manzana 19, Colonia Tercera Etapa Río Tijuana, Municipio de Tijuana, en favor de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar.
Finalmente, se aprobó por ocho votos a favor y una abstención (Alejandrina Corral), el proyecto que da origen al Dictamen No 81 de la solicitud de autorización de la Fiscalía General del Estado, para efectuar ampliación de partidas presupuestales. Uno de sus propósitos es implementar un proyecto de mejora del C5, para fortalecer los servicios de la Red de radio profesional de Misión Crítica en todas las regiones prioritarias del Estado.
Se pretende con la implementación del proyecto integral: La prevención de delitos en zonas rurales y turísticas; aumentar la cobertura de comunicación de campo; mayor coordinación operativa y menor tiempo de respuesta.
Cabe mencionar que antes de su aprobación, se hizo hincapié en que, cuando se lleve a cabo, se les haga llegar a este Órgano Colegiado, el contrato correspondiente.
Participaron en esta sesión, además de Julia González, las siguientes Diputaciones: Eligio Valencia, Alejandra Ang, Jaime Cantón, Alejandrina Corral, Juan Manuel Molina, Adriana Padilla, Michel Sánchez y Michelle Tejeda; y el Auditor Superior del Estado, Arnulfo Zárate.
Así como el Tesorero del Ayuntamiento de Mexicali, Roger Sosa; el Oficial Mayor Ricardo Garduño y el Director de Recursos Financieros, Programación y Presupuesto, Miguel Tapia, ambos de la FGE.

La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, aprobó reformas al Código Penal para tipificar el homicidio y las lesiones causadas por ataques de animales, cuando la conducta de una persona —ya sea por acción directa o por descuido— derive en daño a terceros. Esto incluye casos en los que el animal es azuzado, soltado deliberadamente o por omisión del deber de cuidado.
Durante la sesión, se otorgó el uso de la voz a la Lic. Ana Lidia Soto Romero, quien es la inicialista ciudadana, además de otras diputaciones, quienes expusieron sus consideraciones.
Como parte del resolutivo del Dictamen, se establece que si un ataque de animal causa la muerte de una persona, se impondrá una pena de 4 a 8 años de prisión al propietario o garante del animal.
El diputado Juan Manuel Molina señaló que esta primera etapa busca establecer el tipo penal con claridad, para evitar impugnaciones y avanzar posteriormente en agravantes y sanciones. Aclaró que la reforma sanciona directamente las conductas humanas relacionadas con los ataques caninos.
Con el objetivo de las personas que presenten iniciativas ciudadanas participen en la discusión de proyectos legislativos, también se aprobó el proyecto presentado por la diputada Araceli Geraldo, para reformar la Ley de Participación Ciudadana del Estado, específicamente el artículo 72.
De la misma forma se dictaminó como favorable la iniciativa de la diputada Michel Sánchez, la cual tiene como propósito establecer la obligación del Congreso del Estado de publicar en su portal oficial de Internet la información y el acceso para su consulta respecto a las iniciativas ciudadanas que han sido prestadas.
Por su parte la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda envío proyecto de reforma constitucional que armoniza la norma local con el decreto federal sobre simplificación orgánica, contempla la desaparición del ITAIP BC y transfiere sus funciones a los órganos de contraloría.
Además, fueron respaldadas las iniciativas de los diputados Diego Echeverría y Juan Manuel Molina para reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, mediante las cuales se plantea desclasificar información reservada bajo criterios claros, y obligar al Poder Judicial a difundir versiones públicas de todas sus sentencias.