Con la finalidad de impulsar acciones coordinadas para prevenir, investigar y sancionar adecuadamente los feminicidios y su tentativa, el Congreso del Estado emitió un atento exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); al Secretario General de Gobierno de Baja California (SGG); al Secretario de Salud (SS) y a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).
Lo anterior mediante la implementación de los CECOVIM (Centro Especializado para la Erradicación de las Conductas Violentas hacia las Mujeres) en Baja California y el cumplimiento efectivo del protocolo de feminicidio y la perspectiva de género por parte de las autoridades responsables.
La propuesta fue presentada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, quien expuso en tribuna que la respuesta del Estado no puede limitarse a castigar una vez cometido el crimen, ya que debe incluir mecanismos de prevención, reeducación y transformación social, por lo que una de las herramientas más efectivas es la creación e implementación de los Centros Especializados para la Erradicación de Conductas contra las Mujeres (CECOVIM).
Agregó que “en el caso de Baja California, los datos oficiales reflejan una situación alarmante: entre 2015 y febrero de 2022, se reportaron 92 carpetas de investigación por el delito de feminicidio y 20 más por tentativa”. Además, como lo ha destacado la CEDH en su informe 2018, el 59% de las mujeres asesinadas eran madres de familia, lo que convierte a las hijas e hijos en víctimas indirectas y muchas veces quedan desprotegidos institucionalmente, expuestos a nuevos riesgos o incluso bajo el cuidado de los agresores, lo cual los revictimiza y perpetúa el daño.
Por lo que en el exhorto se solicita a la SGG y la SS del Estado, desarrollen en los municipios de Ensenada, San Quintín, Tecate y Playas de Rosarito, los CECOVIM; que la FGE, investigue toda muerte violenta de mujer, así como la tentativa de feminicidio conforme al Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género, que se reconozca y se de atención integral a las víctimas indirectas y la reparación del daño; y al TSJ para que aplique de manera oficiosa la perspectiva de género en todas las causas relacionadas con feminicidio y tentativa de feminicidio.
“No hay justicia verdadera si no hay prevención real; por ello, los CECOVIM y la correcta atención al feminicidio no deben verse como medidas aisladas, sino como partes interconectadas de una misma política pública que busca: garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, proteger a sus hijas e hijos y construir comunidades más seguras, equitativas y justas”, subrayó.
Además, señaló que “en este marco de latente violencia contra las mujeres, es indispensable que las y los juzgadores apliquen de manera oficiosa la perspectiva de género; así como la reparación integral del daño, además, debe contemplar gastos médicos y terapéuticos, apoyo psicológico para las víctimas indirectas y garantías de no repetición que incluyan la transformación institucional y cultural”.

El diputado Danny Fidel Mogollón Pérez presentó una iniciativa mediante la cual se propone crear la Ley de Voluntad Anticipada, para que, por escrito en un formato expedido por instituciones de salud o por medio de un notario público, el paciente pueda expresar su decisión de ser sometida o no a tratamientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando esté en fase terminal.
La propuesta se acompaña de cambios al Código Penal para liberar de cualquier responsabilidad al personal médico que pueda asistir a los pacientes terminales en su proceso de muerte. Se aclara que no se trata de provocar la muerte ni dar paso a un suicidio inducido, sino apoyar la voluntad de enfermos terminales con cuidados paliativos para evitar dolores corporales o sufrimientos extremos, evitando mantenerlos con vida artificial y respetando la dignidad personal del paciente.
En México, precisó el legislador en su propuesta, está prohibida la eutanasia y el suicidio medicamente asistido, lo cual está previsto en la Ley General de Salud.
Luego explica que la voluntad anticipada es la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y por razones médicas, sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona”.
También define lo que se conoce como ortotanasia de este modo: significa muerte correcta. Distingue entre curar y cuidar, sin provocar la muerte de manera activa, directa o indirecta, evitando la aplicación de medios, tratamientos y/o procedimientos médicos obstinados, desproporcionados o inútiles, procurando no menoscabar la dignidad del enfermo en etapa terminal, otorgando los cuidados paliativos, las medidas mínimas ordinarias y tanatológicas, y en su caso la sedación controlada.
Abunda sobre la voluntad anticipada no prolonga ni acorta la vida, respeta el momento natural de la muerte y favorece la atención y los cuidados paliativos al final de la vida, es decir, ofrecer acompañamiento al paciente sin intervención médica durante esta última etapa.
Su propuesta también permitiría a personas sanas adultas el llenar formato para que sean sujetos a lo que establece la ley de voluntad anticipada, de verse sujetos a etapas terminales y hasta para donar sus órganos si así lo deciden.

Con el objeto de establecer como un derecho, el correspondiente a una vida libre de violencia cibernética, la diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó iniciativa de reforma a la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California.
En la exposición de motivos, la legisladora destaca que debido a los avances tecnológicos ha cambiado la forma en la que se ejercen, se vulneran y se protegen los derechos fundamentales, tales como la intimidad, la privacidad e imagen, lo cual, conlleva la necesidad de establecer un nuevo marco de regulación.
En ese contexto, refiere que se debe reflexionar sobre el uso de una nueva tecnología digital, la llamada Inteligencia Artificial (IA), que entre sus características cuenta con la existencia de programas para manipular audios e imágenes, los cuales, en manos de la delincuencia, abre un nuevo capítulo de la violencia digital contra las personas, pero particularmente la que agrede a la infancia y adolescentes.
La iniciativa presentada por la diputada Araceli Geraldo propone modificar la fracción VIII del artículo 11 de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, para adicionar como un derecho de niñas, niños y adolescentes, una vida libre de violencia cibernética, digital, así como todas aquellas mediante el uso de la inteligencia artificial.
Cabe subrayar que la SCJN validó una reforma similar en el Estado de Zacatecas, por lo que la diputada Araceli Geraldo considera que es indispensable fortalecer la legislación para incorporar las violencias en todas sus formas incluyendo la cibernética y digital, así como todas aquellas derivadas del uso de Inteligencia Artificial (IA).
“En la actualidad, el acoso cibernético también ha incrementado su presencia en la medida que tenemos contacto con los medios digitales de comunicación, lo cual también aumenta la exposición a violencias online”, indicó.
El ciberacoso replica conductas como difundir mentiras, publicar fotografías privadas o manipuladas, enviar mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos o amenazantes a través de diferentes plataformas de mensajería; por su parte la delincuencia digital, puede llevarse a cabo a través del acoso en línea, la exposición de contenido inapropiado, que invaden la privacidad o la intimidad para dañar la imagen personal y es particularmente más grave cuando las víctimas son menores de edad.