En sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se aprobaron dos proyectos de dictamen relevantes: uno para fortalecer la igualdad sustantiva mediante la reestructuración institucional en materia de género, y otro para ampliar la autonomía legislativa en el diseño de reglas de financiamiento a partidos políticos, atendiendo sus realidades presupuestales y sociales de cada entidad.
El primero de ellos corresponde a la iniciativa presentada por la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, que propone una reestructuración institucional para fortalecer la política pública de igualdad sustantiva.
La propuesta contempla la extinción del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California y la creación de la Secretaría de las Mujeres, con mayores atribuciones para diseñar, dirigir, promover y evaluar acciones en favor de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
Desde la Comisión se coincidió en que esta transformación responde al deber constitucional del Estado de garantizar la igualdad sustantiva y erradicar la violencia de género.
El segundo dictamen aprobado deriva de la iniciativa del diputado Juan Manuel Molina García, que propone reformar la Ley General de Partidos Políticos para que las reglas de financiamiento a partidos locales se definan en la legislación estatal.
El análisis jurídico correspondiente concluyó que la propuesta es viable, ya que otorga mayor autonomía a las entidades federativas y permite un uso más eficiente y contextualizado de los recursos públicos.
Ambos dictámenes continuarán su curso en el proceso legislativo, hasta ser presentados ante el Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, aprobación.
En el análisis de los dictámenes participaron las diputadas Alejandra Ang, Maythé Méndez, Michel Sánchez, Evelyn Sánchez, Julia González, Daylín García, y los diputados Diego Echevarría, Diego Lara y el presidente de la Comisión, Juan Manuel Molina García.

La Comisión de Fiscalización del Gasto Público, que preside la diputada Alejandra María Ang Hernández, presentó ante el Pleno del Congreso, diversos dictámenes de la cuenta pública anual de diversos entes fiscalizados, correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2023.
Los dictámenes fueron aprobados por mayoría en votación nominal, de los cuales se encuentran bajo dictamen de no aprobatorio los correspondientes al Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada (IMJUVENS); al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada (COPLADEM); al Instituto Municipal de la Mujer de Tecate (IMMUJER TECATE) y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecate (DIF TECATE).
Por otro lado, se avalaron como aprobatorias las cuentas públicas correspondientes al Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito; Instituto Municipal de Planeación para el municipio de Playas de Rosarito; Administradora de la Vía Corta Tijuana-Tecate; Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California; Patronato del Centro Recreativo Juventud 2000 de Mexicali y al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Baja California.
Cabe destacar que, a la fecha, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público suma más de 100 dictámenes emitidos durante el primer año de ejercicio constitucional de la XXV Legislatura, con lo que contribuye a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones, resoluciones, programas de trabajo, investigaciones y acuerdos, a que el Congreso del Estado cumpla con las facultades y obligaciones establecidas en la Ley Orgánica, en torno a la fiscalización de los recursos que ejercen los entes públicos.
Por parte del órgano legislativo, también se informa que la aprobación de los dictámenes no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, de manera que continúa el trámite correspondiente.

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el exhorto de la diputada Michelle Tejeda, que solicita a los Ayuntamientos de Baja California considerar, en su Presupuesto de Egresos 2026, una partida específica para adecuar espacios públicos bajo principios de accesibilidad universal, a fin de garantizar su uso pleno a todas las personas, sin distinción de condición física, sensorial o cognitiva.
“Esta iniciativa legislativa busca atender de manera urgente una problemática persistente: la falta de condiciones dignas en espacios públicos para personas con discapacidad”, reiteró la presidenta del Congreso.
Destacó que en Baja California más de doscientas cuarenta mil personas viven con alguna discapacidad, lo que representa al menos el 6.4% de la población. Mujeres, hombres, niñas y niños enfrentan diariamente obstáculos que muchos no perciben, pero que limitan su derecho a moverse, participar y disfrutar plenamente del espacio público.
Según datos del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS), más del 85% de las manzanas en municipios como Tijuana, Ensenada y Tecate no cuentan con rampas para sillas de ruedas; en San Quintín, esta carencia alcanza el 91.7%. Estas cifras revelan un rezago estructural que limita el ejercicio pleno de derechos como la educación, la salud, la cultura y el esparcimiento, y refuerza la exclusión social.
Michelle Tejeda reconoció que existen avances en algunos municipios, como parques infantiles y accesos incluyentes a playas, lo que demuestra que sí se puede avanzar hacia una infraestructura pública accesible e inclusiva.
Sin embargo, subrayó la necesidad de que estas acciones deben dejar de ser excepcionales y convertirse en una política constante, respaldada con presupuesto.
“La accesibilidad no es un privilegio, sino una condición mínima para ejercer la ciudadanía con dignidad; no debe entenderse como un favor, sino como una obligación legal, ética y social, y desde este Congreso podemos dar un paso firme para que ninguna persona sea excluida del espacio que le pertenece: el espacio público”, remarcó la congresista.