CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, designó al almirante Juan José Padilla Olmos como director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México quien inició funciones a partir de este domingo.

La Secretaría de Marina (SEMAR) dio a conocer, mediante un comunicado, que Padilla Olmos será director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México (SACM) y Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) como parte del proceso de fusión de las tres entidades.

Con ello, precisó, se busca eliminar duplicidades en la estructura corporativa de las entidades aeeroportuarias para optimizar operaciones y recursos, mejorar la

rentabilidad de las empresas, la seguridad y la conectividad aérea del país.

“Una vez concretado el proceso de fusión, AICM fungirá como concesionaria y operadora del Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México, y en adelante como titular de las asignaciones de los aeropuertos internacionales de Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Guaymas, Loreto, Matamoros y el nacional de Colima”, precisó la Semar.

“Ejercerá su participación accionaria en los aeropuertos internacionales de Toluca y Cuernavaca. Adicionalmente administrará y colaborará con el aeropuerto internacional de San Felipe y el nacional de Lázaro Cárdenas, respectivamente. En ese mismo tenor, paulatinamente incorporará a otros aeródromos del territorio nacional”.

El contralmirante José Ramón Rivera Parga, antecesor de Padilla Olmos en el AICM, seguirá formando parte del equipo del nuevo director.

Añadirán más de 10 km

Estados Unidos añadirá más de 10 kilómetros a su muro fronterizo México para evitar la llegada de inmigrantes irregulares, según anunció este domingo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Estoy aquí en Arizona (EE.UU.). Y justo en este punto pueden ver dónde termina el muro fronterizo. Hoy comenzamos siete millas (11,26 kilómetros) de construcción. Seguiremos trabajando para que Estados Unidos vuelva a ser seguro” dijo en un vídeo que compartió en X.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo en una entrevista pregrabada y difundida hoy en el programa Full Measure que desde que llegó al poder en enero de este año el problema de cruce de inmigrantes irregulares por la frontera sur del país ha mejorado “un 99 %” con respecto a la Administración de su predecesor, el demócrata Joe Biden (2021-2025).

“Dije cerrar la frontera y cerraron la frontera”, anotó en la entrevista.

Ayer, Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones masivas de los integrantes de la banda transnacional Tren de Aragua.

Esa ley permite las deportaciones de migrantes sin una audiencia y se ha invocado solo en tres ocasiones en la historia del país, todas ellas en tiempos bélicos: la guerra de 1812 y la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

“No se necesitan muchas leyes nuevas”, anotó el mandatario en la entrevista sobre la forma en que el Ejecutivo puede reducir la presencia de indocumentados o de gente que supuestamente represente una amenaza para Estados unidos.

Aunque este sábado un juez federal bloqueó temporalmente el uso de dicha ley, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó hoy de que han sido trasladados a El Salvador unos 250 supuestos integrantes del Tren de Aragua, que el presidente de ese país, Nayib Bukele, ha ofrecido encarcelar a cambio de un precio “justo”.

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Un juez federal prohibió el sábado que gobierno del presidente Donald Trump realice deportaciones en virtud de una ley del siglo XVIII que el mandatario invocó unas horas antes tras afirmar que Estados Unidos estaba siendo invadido por una pandilla venezolana y que tenía nuevas facultades para expulsar a sus miembros del país.

James E. Boasberg, juez principal de la corte federal de distrito para el Distrito de Columbia, explicó que necesitaba emitir su orden de inmediato porque el gobierno ya estaba trasladando a El Salvador y Honduras a migrantes que, afirma, eran recientemente “deportables” según la proclamación de Trump para ser encarcelados en esos países. El Salvador acordó esta semana que aceptaría hasta 300 migrantes que el gobierno de Trump designó como miembros de pandillas.

“No creo poder esperar más y estoy obligado a actuar”, declaró Boasberg durante una audiencia realizada el sábado por la tarde, en una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Democracy Forward. “Un breve retraso en su expulsión no perjudica al gobierno”, añadió, y dijo que los migrantes permanecen bajo custodia del gobierno, pero ordenó el regreso de cualquier avión en el aire.

El fallo se produjo horas después que Trump afirmara que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos e invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una amplia autoridad en tiempos de guerra que da al presidente un mayor margen de maniobra en políticas y acciones ejecutivas para acelerar las deportaciones masivas de personas.

La ley solo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas ellas durante guerras. Su aplicación más reciente fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó para encarcelar a alemanes e italianos, así como para el internamiento masivo de civiles estadounidenses de origen japonés.

En una proclamación publicada poco más de una hora antes de la audiencia de Boasberg, Trump sostuvo que el Tren de Aragua estaba efectivamente en guerra con Estados Unidos.

“A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido cada vez más control sobre sus territorios a organizaciones criminales transnacionales, incluido el TdA”, se lee en la declaración de Trump. “El resultado es un estado criminal híbrido que perpetra una invasión y una incursión depredadora en Estados Unidos, y que representa un peligro sustancial para Estados Unidos”.

La orden podría permitir que el gobierno deporte a cualquier migrante al que identifique como miembro de la pandilla sin pasar por los procedimientos de inmigración regulares, y también podría eliminar otras protecciones según la ley penal para las personas señaladas por el gobierno.

-eluniversal