El legislador local, Jaime Cantón Rocha anunció que presentará reformas para suspender la licencia de conducir por manejar en estado de ebriedad o en estado de intoxicación, además de la correspondiente multa.

En caso de reincidencia, se estaría enfrentando a pena de prisión de 3 meses a 3 años, además de la respectiva multa en caso de reincidir en un periodo de 3 años desde la primera incidencia.

“Cada quien es responsable de sus propios actos, pero como autoridad nos debemos preguntar, ¿estamos haciendo todo lo que podemos para prevenir accidentes, para salvar vidas?”, señaló.

Cantón Rocha resaltó que las medidas son severas, pero el precio más alto sería perder más vidas por accidentes viales.

La Diputada María Yolanda Gaona Medina utilizó la tribuna para referirse a la reducción del derecho al amparo, y la atribución que se la da a la unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial, solo por “indicios”.
A nombre de la bancada del Partido Acción Nacional, manifestó su rechazo categórico a esta resolución: “No seremos cómplices del silencio ni permitiremos que se normalice el terrorismo fiscal como instrumento de sometimiento político”.
“Y desde este Congreso, utilizaremos todas las vías institucionales y legislativas a nuestro alcance para exigir que el patrimonio de las familias bajacalifornianas, no sea rehén de ningún poder.
Subrayó que la separación de poderes no es un adorno retórico, es la última trinchera entre la democracia y el autoritarismo, pero hay algo que no puede pasarse por alto, hasta antes del fallo la propia Corte había puesto un límite claro.
La jurisprudencia 46/2018 decía que la UIF solo podía congelar cuentas, cuando se lo pidiera una autoridad extranjera, en cumplimiento de compromisos internacionales, y ese límite protegía a los mexicanos.
“Hoy la Corte lo borró de un plumazo, y ahora cualquier bajacaliforniano queda expuesto a que una oficina de gobierno le congele la vida entera, sin que ningún juez lo autorice”, resaltó la legisladora.
Luego expuso que: cuando un gobierno puede destruir financieramente a una persona con un acto administrativo y sin control judicial, la libertad de expresión, de empresa y de asociación, dejan de ser derechos y se convierten en concesiones revocables. Y criticar al poder o simplemente aparecer en su radar, puede significar la asfixia económica en cuestión de horas.

“Quiero que imaginemos a una persona, alguien como los miles de bajacalifornianos que hoy están en riesgo. Piensen en doña María, una comerciante de Mexicali que tiene un pequeño negocio de abarrotes, que lleva veinte años levantándose a las cinco de la mañana; que paga impuestos, y da empleo a dos personas de su colonia”.

Pero un día, sin aviso, ni citatorio ni orden de un juez, su cuenta bancaria amanece bloqueada y no puede pagar a sus proveedores ni cubrir la nómina. No puede retirar un solo peso para comprar las medicinas de su madre. Y cuando pregunta qué pasó, le dicen que la UIF detectó “indicios”, sin explicarle cuáles son y sin que nadie le dé un plazo.
Cerrará su negocio en tres semanas, sin crédito y con su nombre manchado ante el sistema financiero. Meses después, si tiene suerte y recursos para pagar un abogado, quizá le digan que fue un error, pero doña María ya lo perdió todo. Y eso es lo que esta sentencia permite, lo que la Corte acaba de validar.

“Desde esta tribuna hago un llamado respetuoso pero firme a las autoridades estatales y municipales, para que garanticen procesos de consulta previa, libre e informada a la comunidad kumiai, como lo establece la Ley”, dijo la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López al emitir un posicionamiento.
Al utilizar la Máxima Tribuna indicó que lo hacía no solo como legisladora, sino como mujer indígena, como voz de los pueblos originarios que han cuidado esta tierra mucho antes de que existieran nuestras instituciones.
La montaña Cuchumá, ubicada en el municipio de Tecate, no es simplemente un espacio geográfico, es territorio ancestral, identidad, e historia viva del pueblo kumiai. Es un sitio que guarda saberes, tradiciones y una profunda relación espiritual con la tierra.
Por ello, hizo un llamado a las instancias ambientales para que evalúen con rigor cualquier intervención en la zona, privilegiando la protección del ecosistema, del patrimonio cultural, y el respeto a su carácter de montaña sagrada.
Así mismo a esta soberanía, “para que estemos a la altura de nuestra responsabilidad histórica: proteger lo que no solo nos pertenece a nosotros, sino también a las futuras generaciones”.
Consideró que defender a la montaña sagrada kumiai, no es un acto político, es un acto de justicia, es reconocer que los pueblos indígenas no son parte del pasado, sino actores vivos del presente y del futuro de Baja California.
Luego resaltó: “hoy, desde aquí, levanto la voz para decir con claridad: el territorio no se negocia cuando está en juego la dignidad, la identidad, la raíz y la existencia de un pueblo indígena”.
Expuso que cuando hablamos del cerro kumiai, hablamos de patrimonio cultural, pero también de derechos que han sido reconocidos en nuestra Constitución y en Tratados Internacionales: el derecho de los pueblos indígenas a preservar su territorio, su cultura y su forma de vida.
“La montaña sagrada, enfrenta amenazas, proyectos que no siempre toman en cuenta la voz de quienes han habitado y protegido ese espacio durante generaciones, decisiones que, de no hacerse con responsabilidad, pueden traducirse en despojo, en pérdida cultural y en daño irreversible”.
Finalmente puntualizó: “hay que decirlo con claridad, el desarrollo no puede construirse sobre la negación de los pueblos originarios. El progreso no debe significar desplazamiento, ni silencio, ni olvido”.