En sesión extraordinaria, la XXV Legislatura respaldó la Minuta remitida por el Congreso de la Unión, derivada de la iniciativa presentada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, misma que tiene el propósito de fortalecer la austeridad republicana, reducir privilegios y reforzar mecanismos de control democrático en los distintos niveles de gobierno, destinando los recursos generados hacia inversión social y obra pública.
Durante la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política dio lectura al Acuerdo, mismo que fue sometido al Pleno con dispensa de trámite, por urgente y obvia resolución, en términos del artículo 135 constitucional, y que contempla la reforma de los artículos 115 y 116, así como la adición de un párrafo al artículo 134 de la Carta Magna.
En lo relativo a los ayuntamientos, se establece un tope máximo de quince regidurías bajo principios de paridad de género y perspectiva de igualdad sustantiva. Para los congresos locales, se fija que su presupuesto anual no exceda del 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
Las remuneraciones de las personas consejeras electorales, magistradas y magistrados electorales, titulares de órganos administrativos y áreas ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, organismos públicos locales y tribunales electorales de las entidades federativas, no podrán exceder el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución.
Asimismo, dichos servidores públicos no podrán adquirir ni contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
Con la reforma también se incorporan adecuaciones en materia de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en la integración de los órganos legislativos estatales y en el poder público municipal.
En el debate previo a la votación se señaló que el Poder Legislativo del Estado ya se están realizando ajustes presupuestales, con el fin de adelantar la aplicación de las medidas de austeridad.
La votación en el Pleno local se resolvió con 21 votos a favor de las diputaciones de Morena, PES, PT, FXM, PVEM y MC, y 4 votos en contra correspondientes al legislador del PRI y a la bancada del PAN.

El Dictamen No 81 de la CGLyPC relativo a la reforma a la Ley de Expropiación del Estado, presentada por la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López fue aprobada por el pleno en la reciente sesión ordinaria.

Dicha iniciativa pretende armonizarla con la Ley Orgánica de la Administración Pública de Baja California, respecto a la denominación para referirse a la autoridad expropiante y a la secretaría encargada de ejecutar lo concerniente a las expropiaciones.

Desde la óptica de la inicialista, entre las razones que justifican el cambio legislativo son las siguientes: Emplear un lenguaje incluyente no discriminatorio en la armonización y, actualizar la denominación de secretarías y dependencias con un lenguaje inclusivo.

Esta reforma es una respuesta a los tiempos actuales; al trabajo y a la ardua lucha que busca consolidar que se otorgue un valor igual a todas las personas gobernadas, visibilizando la diversidad social y promoviendo la igualdad.

En 2021 fue presentado el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California por la Titular del Ejecutivo del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, en el cual versan las voces de cientos de bajacalifornianos unidos con el mismo objetivo: tener una Baja California consolidada, donde seamos participes en el bienestar de todas y todos.

Así mismo, presentó una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública de Baja California, reestructurando las distintas secretarías y órganos descentralizados del Poder Ejecutivo, construyendo con ello nuevas estrategias en su administración.

Principalmente, estas estrategias datan de la creación de nuevas secretarías, separación de otras y nuevos órganos descentralizados, en ese tenor aún existen leyes que no armonizan con estos cambios en la reestructuración del Plan Estatal de Desarrollo de Baja California.

Y uno de estos instrumentos Jurídicos que se deben adecuar a la realidad que hoy vivimos, es la Ley de Expropiación de Baja California, pues en ella se encuentran principalmente nomenclaturas de secretarías que ya no existen, o en su caso estructuras que por el paso del tiempo se eliminaron, cambiaron de nombre o se fusionaron con otras, y por otra parte el lenguaje empleado no está en armonía a la inclusión y no discriminación.

Por tales motivos, fue aprobado el Dictamen No 81 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el Diputado Juan Manuel Molina, por dieciséis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa de reforma a la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en Baja California, con el propósito de garantizar el reconocimiento y verificación de las licencias de conducir y tarjetas de circulación en formato digital por parte de las autoridades municipales.
La propuesta plantea adicionar el artículo 5 BIS a dicha ley, para establecer mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Hacienda del Estado y los ayuntamientos, a través de convenios, herramientas tecnológicas y capacitación, a fin de homologar el uso de documentos vehiculares digitales en todo el territorio estatal.
La legisladora señaló que, aunque el Gobierno del Estado ya implementó la expedición digital de licencias y tarjetas de circulación, persisten diferencias entre municipios respecto a su reconocimiento oficial, mientras Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate ya actualizaron su normatividad, municipios como Ensenada, San Felipe y San Quintín continúan en proceso de adecuación.
Esta falta de uniformidad ha generado afectaciones directas a las y los automovilistas, debido a que agentes de tránsito continúan exigiendo la presentación física de los documentos, aun cuando las personas portan las versiones digitales válidas y vigentes. Incluso, se han documentado retenciones indebidas de documentos o traslados al juzgado calificador para obligar al pago inmediato de multas.
La diputada Araceli Geraldo propone que la Secretaría de Hacienda celebre convenios de coordinación con los ayuntamientos para implementar mecanismos de verificación electrónica, compartir plataformas tecnológicas y capacitar al personal municipal encargado de aplicar la normativa de tránsito y control vehicular.
Abundó que la reforma respeta plenamente la autonomía municipal y no pretende sustituir las facultades reglamentarias de los ayuntamientos, por el contrario, busca fortalecer la coordinación institucional y facilitar la transición hacia una administración pública más moderna, eficiente y alineada con las nuevas herramientas digitales.
Finalmente, la legisladora afirmó que esta reforma representa una medida estratégica para fortalecer la certeza jurídica, prevenir abusos y simplificar trámites, con lo que Baja California avanzaría hacia un modelo de movilidad y servicio público más ágil, transparente y cercano a las necesidades de la población.