Con el propósito de fortalecer la convivencia escolar y prevenir la violencia en los centros educativos, el Congreso del Estado aprobó la Proposición presentada por la diputada Alejandra Ang Hernández para exhortar a la Titular de la Secretaría de Educación a robustecer los mecanismos de seguimiento integral dirigidos a estudiantes identificados como generadores de conductas violentas.
La legisladora plantea la necesidad de consolidar lineamientos o protocolos complementarios que permitan intervenciones oportunas, formativas y preventivas, incorporando acompañamiento psicológico, programas de educación socioemocional y la participación activa de madres, padres o tutores.
En la exposición de motivos refirió que la violencia escolar representa una de las problemáticas más sensibles dentro del entorno educativo, ya que afecta el desarrollo académico, emocional y social de niñas, niños y adolescentes, además de propiciar entornos de temor e inseguridad que pueden derivar en deserción escolar.
“Si bien en Baja California existen disposiciones orientadas a la prevención y atención del acoso escolar, se requiere sistematizar mecanismos específicos que garanticen un seguimiento continuo y especializado a quienes incurren en este tipo de conductas, con un enfoque restaurativo que evite la estigmatización”, indicó.
Asimismo, la intervención temprana con estudiantes generadores de violencia debe considerar factores sociales, familiares y emocionales asociados a estas conductas, a fin de modificar patrones negativos, prevenir la reincidencia y contribuir a la construcción de comunidades escolares más armónicas.
Como antecedente, se refirió al caso reciente de agresión física entre estudiantes en un plantel educativo del municipio de Mexicali, hecho que evidencia la persistencia de este fenómeno y la necesidad de fortalecer políticas públicas integrales orientadas a su prevención y erradicación.

La diputada Araceli Geraldo Núñez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y vecinal en el ámbito municipal, mediante el establecimiento de bases mínimas obligatorias que aseguren su ejercicio efectivo.

En la exposición de motivos, se señala que, si bien la Constitución reconoce la autonomía municipal, esta no debe traducirse en vacíos normativos que limiten el ejercicio de derechos fundamentales, como la participación ciudadana, la cual también está respaldada por disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos.

Actualmente, la legislación vigente mantiene un esquema que delega a los ayuntamientos la regulación de los mecanismos de participación sin establecer estándares obligatorios, lo que ha generado disparidades en reglamentos municipales, falta de claridad en procedimientos y ausencia de herramientas tecnológicas accesibles.

Entre los cambios propuestos, destaca la reforma al artículo 74 para establecer que los ayuntamientos deberán apegarse a principios rectores como legalidad, equidad, inclusión, accesibilidad, perspectiva de género y no discriminación, con el fin de garantizar un ejercicio más amplio y equitativo de la participación ciudadana.

Asimismo, se plantea modificar el artículo 75 para que los reglamentos municipales incluyan, como mínimo, procedimientos claros y uniformes, integración paritaria de los órganos ciudadanos, mecanismos digitales accesibles, reglas de transparencia y rendición de cuentas, así como medidas de inclusión dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad.

En cuanto al artículo 76, la iniciativa propone que el Instituto Estatal Electoral brinde asistencia técnica obligatoria en los mecanismos vinculantes y pueda implementar plataformas digitales homologadas en coordinación con los municipios, fortaleciendo así la organización y profesionalización de estos procesos.

Finalmente, la legisladora destacó que esta reforma permitirá armonizar los criterios de participación ciudadana en Baja California, fortalecer la transparencia, promover la inclusión social y modernizar los mecanismos de intervención pública, sin afectar la autonomía municipal ni generar nuevas cargas burocráticas.

En sesión ordinaria el Congreso local aprobó la proposición presentada por la diputada Michelle Tejeda, para exhortar a las y los presidentes municipales de los siete ayuntamientos del estado a implementar estrategias integrales para la gestión de residuos neumáticos.
En su intervención desde Tribuna, la congresista indicó que en Baja California es común observar llantas abandonadas en lotes baldíos, canales, caminos y colonias, lo que genera afectaciones al entorno y a la salud pública. “Las llantas en desuso representan un reto ambiental importante, pues pueden acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos, y cuando se queman o se abandonan de forma irregular, provocan contaminación”, sostuvo.
El exhorto plantea que los municipios, en uso de sus facultades reglamentarias, fortalezcan acciones de disposición, recolección y reciclaje, y que además prevengan y sancionen a quienes arrojen, entierren o quemen llantas en predios, patios, lotes baldíos o cualquier sitio a cielo abierto.
“Se trata de seguir sumando esfuerzos desde el ámbito municipal para atender un problema que impacta directamente en nuestras colonias, en nuestras comunidades y en el medio ambiente”, expresó la legisladora, al destacar que cuidar el entorno implica atender estas problemáticas cotidianas que influyen en la calidad de vida de la población.
Michelle Tejeda mencionó que recientemente se llevó a cabo una jornada de limpieza denominada Llantatón, en la que en apenas diez horas se recolectaron alrededor de 1,500 llantas en una sola comunidad de Mexicali.
En ese sentido, anunció también la presentación de una iniciativa para reformar la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Baja California, con el objetivo de otorgar mayores atribuciones a los municipios para sancionar la quema de llantas a cielo abierto, así como su abandono o enterramiento.
El propósito de esta iniciativa —dijo— es establecer de manera expresa que corresponde a los ayuntamientos aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica generada por estas prácticas, reforzando así el marco legal para atender un problema que afecta directamente a la salud pública y al medio ambiente.