Con el objetivo de salvaguardar los derechos político-electorales de la ciudadanía y garantizar la equidad en las contiendas, el diputado Juan Manuel Molina García, presentó una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Electoral y de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California.
“Ante una realidad moldeada por algoritmos, debemos garantizar que la voluntad ciudadana no sea manipulada por contenidos sintéticos creados con inteligencia artificial”, señaló el congresista de Morena.
En el proyecto legislativo se establecen obligaciones claras para regular el uso de inteligencia artificial en procesos electorales, incluyendo la etiquetación obligatoria de contenidos generados o alterados con IA, la responsabilidad de concesionarios y plataformas digitales para advertir sobre material no identificado, y la prohibición expresa de difundir deepfakes o contenidos manipulados con fines de difamación o manipulación del electorado.
Asimismo, se contemplan sanciones agravadas cuando la difusión se realice mediante microsegmentación en redes sociales.
Por otro lado, se tipifica como infracción electoral la utilización de inteligencia artificial para difamar, calumniar o denigrar a candidatos, partidos o autoridades, así como la propagación de material hiperrealista manipulado con el propósito de engañar al electorado. Dichas conductas serán sancionadas a través del Procedimiento Especial Sancionador, considerando como agravante el impacto de su difusión en plataformas digitales.
Juan Manuel Molina refirió que esta iniciativa también fortalece la transparencia en el financiamiento político, al prohibir recursos provenientes de gobiernos, organismos o personas extranjeras, así como de actividades ilícitas, y al eliminar las aportaciones en efectivo, obligando a que todo recurso privado se canalice mediante el sistema financiero nacional.
“A través de estas modificaciones legales buscamos fortalecer la democracia directa y proteger la autenticidad del sufragio, asegurando que el voto libre de las y los bajacalifornianos esté blindado frente a los riesgos tecnológicos y que los partidos políticos operen con reglas claras y transparentes”, afirmó el inicialista.
Además, la iniciativa armoniza el marco jurídico local con la Reforma Electoral 2026 impulsada por la Presidencia de la República, Claudia Sheiunbaum.

El diputado Diego Echevarría Ibarra presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado, con el objetivo de permitir que los taxis libres puedan usar aplicaciones digitales para ofrecer sus servicios.
La propuesta surge de la necesidad de actualizar el marco normativo conforme a los avances tecnológicos y las demandas sociales. Actualmente, la autoridad administrativa ha sancionado a taxistas por utilizar aplicaciones, bajo el argumento de que esto altera la naturaleza del servicio; sin embargo, el legislador considera que se trata de un error conceptual.
“Impedir que un taxi libre use una aplicación móvil es equivalente a haber prohibido el uso de radios a los taxis de ruta en los años 80”, señaló el Diego Echevarría.
La pretensión legislativa reconoce que una aplicación digital es simplemente un medio moderno de comunicación, equivalente al despacho por radio o a la parada en sitio. Por ello, se busca que el uso de plataformas tecnológicas sea un derecho transversal para todo el ecosistema del transporte público en el Estado.
“No podemos permitir que el sujeto más regulado, el taxista, esté en desventaja frente al sujeto menos regulado, el chofer de aplicación, eso genera una asimetría regresiva”, afirmó el legislador panista.
Por otro lado, la iniciativa establece que las tarifas determinadas a través de plataformas tecnológicas deben considerarse como tarifas autorizadas, ya que el usuario las acepta de manera informada al contratar el servicio, lo cual garantiza mayor transparencia y competitividad frente a los métodos tradicionales.
“Dar validez jurídica al cobro mediante algoritmos elimina la discrecionalidad y asegura tarifas claras para los usuarios”, advirtió Echevarría Ibarra.

Con el objetivo de respaldar a las empresas de Baja California que obtengan la certificación oficial “Hecho en México”, el Pleno del Congreso aprobó la reforma presentada por el diputado de Morena, Ramón Vázquez Valadez para reformar diversos artículos de la Ley de Fomento a la Proveeduría del Estado.
La modificación legal se enmarca en el Plan México, anunciado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como una estrategia nacional para fortalecer el mercado interno, aumentar la producción nacional y consolidar los programas de bienestar. En este sentido, la reforma busca armonizar el marco jurídico estatal con los objetivos de desarrollo, justicia social y soberanía económica.
El distintivo “Hecho en México” es una marca oficial que identifica los productos fabricados en nuestro país, promoviendo su calidad y origen. Es símbolo de orgullo nacional y estrategia para impulsar la economía y fortalecer la presencia de productos mexicanos en el mercado global.
Ramón Vázquez expuso que el objetivo central es que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de Baja California puedan destacar sus productos en el mercado local, diferenciarse de la competencia y facilitar que los consumidores identifiquen lo que está hecho en México.
El legislador del Distrito 12 correspondiente al Municipio de Tijuana, precisó que nuestro país atraviesa una etapa de transformación económica y social sin precedentes, y que desde Baja California es necesario cerrar filas en torno a los intereses económicos de la Nación.
Destacó que la reforma responde a la realidad económica de la entidad y se alinea con los principios del Humanismo Mexicano y la Economía Moral, consolidando acciones normativas que aporten al desarrollo local y al fortalecimiento de la industria mexicana.
A partir de lo señalado, las diputadas y diputados integrantes de la XXV Legislatura respaldaron con 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones la reforma a la Ley de Fomento a la Proveeduría del Estado, contenida en el Dictamen No. 2 de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, con la cual además se armonizan las denominaciones de las dependencias con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y aplica el uso de lenguaje inclusivo no sexista.