La seguridad de Baja California no solo se construye con inteligencia policial, también reconstruyendo el tejido social desde sus bases juveniles, indicó la Diputada María Yolanda Gaona Medina, al presentar un posicionamiento ante el Pleno.
Su postura se refiere a la problemática relativa a la atención de jóvenes en riesgo y a la importancia de fortalecer la prevención del delito, por considerar que: “es momento de poner verdaderamente el corazón, reconociendo que cada vida joven que se pierde, es un fracaso en nuestra misión de heredar un futuro más justo y una vida mejor y más digna para todos”.
Como representantes populares -dijo- debemos ser el resultado de las decisiones que la ciudadanía exige, y nuestra responsabilidad primordial es garantizar derechos y circunstancias que permitan una vida digna para las familias de Baja California.
Luego mencionó que en Baja California, actualmente existen jóvenes en riesgo, atrapados en un ciclo de violencia y falta de oportunidades que no pueden seguirse ignorando, puesto que los datos son alarmantes, y obligan a actuar con carácter urgente.
Añadió la Diputada del Partido Acción Nacional que, como legisladores: “no debemos ser observadores pasivos de estas circunstancias que considerábamos superadas, porque hoy enmarcan un presente de miedo para nuestros jóvenes”.
Mayola Gaona precisó al hacer uso de la Máxima Tribuna que se requiere ser congruentes con su responsabilidad de alzar la voz, exigiendo la atención inmediata y prioritaria con políticas públicas, para el fortalecimiento de la prevención del delito y atención de jóvenes en riesgo.
Dichas políticas deben tener entre otros objetivos: institucionalizar programas deportivos de alta disciplina en los siete municipios del Estado, siguiendo modelos de éxito como el Escuadrón Juvenil Deportivo; e implementar programas y talleres artísticos en las colonias identificadas con mayor vulnerabilidad.
Sugirió también, establecer convenios de colaboración con el sector privado para garantizar la inserción laboral de jóvenes en riesgo; y el acceso a servicios psicológicos gratuitos y programas de tamizaje en escuelas para la detección oportuna de trastornos mentales y consumo de sustancias, combatiendo el suicidio desde la prevención primaria.
“Esto, es un llamado a la conciencia sobre la crisis silenciosa que asfixia a nuestras juventudes, porque cada joven que logramos arrebatar a la atracción del dinero fácil; a la deserción escolar y a la delincuencia, para integrarlo a una vida laboral digna, es una victoria de la civilidad sobre la violencia”.
Finalmente, la Legisladora local enfatizó en que Baja California merece que sus juventudes crezcan con esperanza de un futuro mejor, y no con miedo.

El Congreso del Estado aprobó el Dictamen número 11, presentado por la Comisión de Igualdad de Género, mediante el cual se reforma la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, a fin de establecer como obligación de las personas trabajadoras recibir y acreditar capacitación obligatoria en materia de género y prevención de la violencia contra las mujeres.
El dictamen aprobado por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes, respecto a la iniciativa planteada por el diputado Diego Lara Arregui, estipula como requisito obligatorio la participación en capacitaciones en género para toda persona que ocupe un cargo público.
En la exposición de motivos el legislador señala que la violencia de género constituye una problemática estructural que también se manifiesta en espacios institucionales y, aunque la Ley de Capacitación en Materia de Género ya establece la obligatoriedad de formación para personas servidoras públicas, en la Ley del Servicio Civil no se contemplaba de manera expresa esta obligación, por lo que esta omisión representaba una barrera significativa para lograr una transformación real y duradera dentro de las instituciones.
En el análisis de la Comisión dictaminadora, se valoró el principio de progresividad de los derechos humanos como fundamento para fortalecer las medidas de prevención dentro del servicio público, se consideraron los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los compromisos asumidos por el Estado mexicano en la Convención de Belém do Pará y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Con la reforma aprobada, se adiciona una fracción X al artículo 53 para establecer como obligación de las personas trabajadoras “recibir y acreditar las capacitaciones obligatorias en materia de género, de prevención y erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, armonizando así el marco normativo estatal con la legislación vigente en la materia.
El diputado Diego Lara reconoció que esta formación constante representa no sólo un derecho para quienes integran el sistema, sino también una responsabilidad ética, política y social, por lo que es una vía estratégica para construir instituciones sólidas, equitativas, libres de violencias y comprometidas con los derechos humanos.

El Congreso del Estado emitió un atento exhorto a la titular del Ejecutivo Estatal y a la titular del Ejecutivo Federal a valorar la instalación de una Estancia Temporal de Transfusión de Sangre en el municipio de San Felipe, con el objetivo de garantizar el acceso oportuno a servicios de salud en situaciones de emergencia.
La propuesta fue impulsada por la diputada Alejandrina Corral Quintero, quien argumentó que el derecho constitucional sobre la protección de la salud, obliga a los tres órdenes de gobierno a reducir desigualdades regionales y atender de manera prioritaria a las comunidades con mayores limitaciones de acceso a servicios médicos especializados.
San Felipe enfrenta condiciones particulares derivadas de su ubicación geográfica y la distancia con hospitales de segundo y tercer nivel, lo que complica la atención inmediata en casos de accidentes, complicaciones obstétricas, hemorragias severas o cirugías de urgencia que requieren transfusión sanguínea inmediata.
La legisladora indicó que “actualmente las y los pacientes deben ser trasladados a otros municipios para recibir este tipo de atención, lo que genera retrasos significativos y eleva el riesgo para la vida y la integridad de las personas, convirtiendo el tiempo de traslado en un factor determinante en situaciones críticas”.
En ese contexto, propuso que se valore el establecimiento de una Estancia Temporal de Transfusión de Sangre como alternativa viable para estabilizar pacientes, apoyar a los servicios médicos locales y fortalecer los traslados hacia unidades hospitalarias con mayor capacidad resolutiva.
“En el exhorto también se solicita que se informe al Congreso del Estado sobre las acciones implementadas, con el propósito de dar seguimiento a una demanda ciudadana orientada a fortalecer la infraestructura sanitaria y la capacidad de respuesta ante emergencias médicas en el puerto”, subrayó.
Corral Quintero señaló que esta medida no solo contribuiría a salvar vidas, sino que permitiría optimizar la operación del sistema de salud en la región, reducir la saturación hospitalaria en otros municipios y avanzar hacia una atención más equitativa, evitando que la lejanía geográfica continúe siendo un factor de desventaja para la población de San Felipe.