Bajo la presidencia de la diputada Michelle Tejeda, la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores celebró sesión ordinaria en la que se aprobaron importantes proyectos de dictamen orientados al fortalecimiento del desarrollo social y la protección de la niñez.
En primer término, se aprobó la propuesta de la diputada Dunia Montserrat Murillo López, mediante la cual se adiciona una fracción al artículo 3 de la Ley de Desarrollo Social, incorporando el bienestar social como principio rector de las políticas estatales y municipales, de modo que su diseño, instrumentación, ejecución y evaluación se orienten a la reducción de desigualdades, al acceso a servicios públicos y a la mejora integral de la calidad de vida de la población.
Con el propósito de reconocer a las niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad como sujetos de atención prioritaria, la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas impulsó la modificación al artículo 5 de la Ley de Asistencia Social del Estado, propuesta que fue avalada por las diputaciones integrantes de la Comisión, subrayando que esta condición coloca a la niñez en una situación de alta vulnerabilidad social, emocional y económica al carecer de cuidados parentales.
Finalmente, se avaló la iniciativa de la diputada Araceli Gerardo Núñez, que reforma la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta establece que el derecho a una educación de calidad debe ejercerse en entornos seguros y libres de violencia, obligando a las autoridades estatales y municipales a implementar medidas efectivas para prevenir, atender y sancionar cualquier forma de violencia en los centros educativos.
En estas labores legislativas participación las diputadas Michelle Tejeda, Montserrat Murillo, Gloria Miramontes, Mayola Gaona y el legislador Jaime Cantón. Los Dictámenes 13, 14 y 15 de la Comisión de Bienestar continuaran con su proceso legislativo hasta ser presentado ante el Pleno.

La diputada Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza presentó un exhorto al Presidente Municipal de Tecate, Román Cota Muñoz, para implementar medidas inmediatas que atiendan los incendios constantes en el nuevo Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos, ubicado en Paso del Águila, así como retomar la rehabilitación del antiguo centro en la colonia Guajardo.
“La salud pública, la protección civil y el impacto ambiental no pueden esperar; los incendios recurrentes en el nuevo centro de transferencia son un riesgo directo para la población de Tecate”, expresó la legisladora del PES.
El resolutivo establece la necesidad de realizar estudios de riesgo por incendios superficiales y subterráneos, una evaluación del impacto ambiental y a la salud, así como un diagnóstico de operación y manejo de residuos, con medidas correctivas que eviten la recurrencia de siniestros.
“Exhortamos al Presidente Municipal a cumplir su compromiso público de convertir el antiguo centro de transferencia de la colonia Guajardo en un espacio verde y de esparcimiento, mediante un proyecto de saneamiento y recuperación ambiental”, señaló Terez Ruiz.
La propuesta también contempla la coordinación efectiva con autoridades estatales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Coordinación Estatal de Protección Civil, para acompañar técnicamente la atención y prevención de incendios, garantizando transparencia y rendición de cuentas.
Además, se recordó que el nuevo centro de transferencia, inaugurado con la promesa de ser una solución sustentable con capacidad de 4 mil toneladas mensuales, hoy evidencia deficiencias en su operación, quema recurrente de residuos y falta de infraestructura adecuada para el manejo ambiental.
“Este llamado institucional, es una exigencia ciudadana para que Tecate tenga espacios seguros, limpios y dignos”, puntualizó la diputada.
Al tratarse de un tema de gran trascendencia para la salud pública, la protección civil y el medio ambiente, el exhorto contó con el respaldo unánime del Pleno, sumándose de manera particular, las diputadas Maythé Méndez, Araceli Geraldo y el diputado Beto Valle, quienes coincidieron en la urgencia de atender los riesgos ambientales y de salud que enfrenta la población.

La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa de reforma ante el Pleno del Congreso de Baja California, orientada a armonizar dicho ordenamiento con los principios constitucionales vigentes y los estándares contemporáneos de democracia participativa, para actualizar y fortalecer el marco interpretativo de la Ley de Participación Ciudadana del Estado.
En la exposición de motivos, la legisladora señala que, aunque la Ley ha sido reformada en distintas ocasiones, persiste una brecha entre su marco interpretativo y los criterios constitucionales actuales, particularmente en lo relativo al fortalecimiento de la participación informada, la inclusión social y el uso responsable de tecnologías digitales en los procesos participativos.
La iniciativa precisa que la reforma no modifica el diseño institucional ni los procedimientos ya establecidos, sino que busca dotar de mayor claridad conceptual y coherencia normativa a la Ley, privilegiando la ampliación efectiva de los derechos de participación ciudadana en armonía con el orden constitucional vigente.
Entre las adiciones propuestas se encuentra el nuevo artículo 9 Bis, mediante el cual se establece que las autoridades estatales y municipales deberán promover de manera permanente la educación cívica, la cultura de participación, la formación en deliberación pública, el uso ético y accesible de tecnologías de la información, así como la inclusión de grupos históricamente discriminados o subrepresentados.
Asimismo, se propone fortalecer las prácticas de Parlamento Abierto mediante la incorporación de criterios mínimos como la publicidad previa y accesible de los asuntos legislativos, la generación de espacios de deliberación informada, el registro público de opiniones ciudadanas y la retroalimentación institucional sobre las propuestas recibidas.
De acuerdo con el proyecto presentado, la reforma no implica nuevas cargas presupuestales ni invade competencias municipales o de órganos autónomos, sino que contribuye a consolidar un marco jurídico más claro y acorde con los desafíos democráticos actuales, fortaleciendo la cultura cívica y la legitimidad de los mecanismos de participación en Baja California
La propuesta plantea reformar el artículo 4 y adicionar los artículos 9 Bis y 83 de la Ley, a fin de incorporar de manera expresa los principios de derechos humanos, progresividad, máxima participación ciudadana y deliberación democrática como ejes rectores en la interpretación y aplicación de sus disposiciones