El Congreso del Estado solicitó a los Ayuntamientos de Baja California y a la Secretaría de las Mujeres informar sobre los avances reales en la aplicación de la Ley Daryela, normativa que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres.
El exhorto fue impulsado por la diputada Michel Sánchez, quien señaló que, a un año de que la ley entró en vigor, es necesario conocer qué tan efectiva ha sido su implementación, especialmente en los gobiernos municipales.
La Ley Daryela, publicada en febrero de 2025, obliga a que todas las personas servidoras públicas y quienes prestan servicios profesionales al Estado reciban capacitación anual en materia de género y prevención de la violencia, como una medida clave para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias.
Michel Sánchez explicó que esta ley no solo establece obligaciones, sino que busca generar un cambio real en la forma en que las instituciones atienden, previenen y erradican la violencia contra las mujeres, incorporando criterios como la perspectiva de género y el enfoque interseccional en el servicio público.
De acuerdo con la legislación, la Secretaría de las Mujeres debe coordinar la estrategia estatal de capacitación, mientras que los Ayuntamientos están obligados a diseñar e implementar sus propios planes, capacitar a su personal, informar avances y asegurar que las nuevas incorporaciones al servicio público reciban formación en los plazos establecidos.
“La capacitación no puede quedarse sólo en el papel. Necesitamos saber qué se ha hecho, qué falta y cómo mejorar para que esta ley tenga un impacto real en la vida de las mujeres”, se señaló.
Finalmente, el Congreso busca que esta información permita fortalecer la coordinación entre instituciones, detectar áreas de oportunidad y garantizar transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de la Ley Daryela en todo el estado.

Bajo la presidencia de la diputada Michelle Tejeda, la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores celebró sesión ordinaria en la que se aprobaron importantes proyectos de dictamen orientados al fortalecimiento del desarrollo social y la protección de la niñez.
En primer término, se aprobó la propuesta de la diputada Dunia Montserrat Murillo López, mediante la cual se adiciona una fracción al artículo 3 de la Ley de Desarrollo Social, incorporando el bienestar social como principio rector de las políticas estatales y municipales, de modo que su diseño, instrumentación, ejecución y evaluación se orienten a la reducción de desigualdades, al acceso a servicios públicos y a la mejora integral de la calidad de vida de la población.
Con el propósito de reconocer a las niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad como sujetos de atención prioritaria, la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas impulsó la modificación al artículo 5 de la Ley de Asistencia Social del Estado, propuesta que fue avalada por las diputaciones integrantes de la Comisión, subrayando que esta condición coloca a la niñez en una situación de alta vulnerabilidad social, emocional y económica al carecer de cuidados parentales.
Finalmente, se avaló la iniciativa de la diputada Araceli Gerardo Núñez, que reforma la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta establece que el derecho a una educación de calidad debe ejercerse en entornos seguros y libres de violencia, obligando a las autoridades estatales y municipales a implementar medidas efectivas para prevenir, atender y sancionar cualquier forma de violencia en los centros educativos.
En estas labores legislativas participación las diputadas Michelle Tejeda, Montserrat Murillo, Gloria Miramontes, Mayola Gaona y el legislador Jaime Cantón. Los Dictámenes 13, 14 y 15 de la Comisión de Bienestar continuaran con su proceso legislativo hasta ser presentado ante el Pleno.

La diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, presentó una Iniciativa para armonizar y actualizar la Ley del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, con las modificaciones derivadas de la reforma al Poder Judicial.
Esta Ley que se busca reformar, fue diseñada bajo una estructura orgánica del Poder Judicial que contemplaba la existencia del Consejo de la Judicatura de Baja California, al cual se le atribuían facultades relevantes en materia de administración, vigilancia y disciplina judicial.
No obstante, derivado de las recientes reformas constitucionales y legales en materia de organización del Poder Judicial del Estado, el citado Consejo ha dejado de existir, dando lugar a una nueva composición y distribución de atribuciones dentro de los órganos de gobierno judicial.
Esta transformación institucional, hace indispensable la actualización y armonización del marco normativo secundario a fin de evitar vacíos legales, contradicciones normativas o disposiciones que ya no correspondan a la realidad orgánica vigente.
Ante esto, la Legisladora propuso que el Consejo de Administración esté facultado por la Ley, y así pueda administrar los bienes recabados por los distintos ingresos, que también pueden obtenerse por parte del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
La presente reforma a diversos artículos de la citada Ley, contempla entre otras bondades una enmienda a su artículo 2, garantizando que la gestión, supervisión y toma de decisiones respecto del Fondo Auxiliar, se realicen conforme a la estructura actualmente vigente y bajo principios de legalidad, certeza jurídica, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, la adecuación normativa propuesta, permitirá fortalecer el uso adecuado de los recursos del Fondo Auxiliar, asegurando que continúen destinándose al mejoramiento de la infraestructura judicial; la capacitación del personal jurisdiccional y administrativo; la modernización tecnológica y, en general a la consolidación de un sistema de justicia más accesible, eficaz y cercano a la ciudadanía.
Otra de las observaciones a la presente Ley, es la carencia de lenguaje inclusivo, para evitar el uso del masculino genérico, incluyendo a todas las personas independientemente de su género, promoviendo una comunicación más equitativa y respetuosa.
Es por ello que busca establecer la sustitución del vocablo “Magistrados” por el de “Magistraturas”, agregando la palabra Juezas, así como a “las y los integrantes del Consejo”, con lo que se elimina la posible discriminación normativa, a través de la inclusión de un lenguaje que haga referencia a ambos géneros.