Con el firme objetivo de derribar las barreras tecnológicas y geográficas que limitan el acceso a la justicia, el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) presentó la sala de cómputo en sus instalaciones de San Quintín, un espacio diseñado para que las mujeres de la región cuenten con herramientas digitales en su proceso de atención y empoderamiento.

“Esta sala no es solo un conjunto de computadoras, es un portal hacia la autonomía. Al brindarles tecnología, les facilitamos un camino para que tomen el control de sus procesos legales y su crecimiento personal, asegurando que ninguna mujer en San Quintín se quede atrás por falta de conectividad”, expresó la directora general de CEJUM, Magdalena Bautista Ramírez.

La habilitación de este espacio fue posible gracias a una inversión federal de la Secretaría de las Mujeres por un monto de $435,829.72 pesos. Como pilar del Programa de Empoderamiento, la sala permitirá a las usuarias realizar denuncias virtuales de manera segura, dar seguimiento puntual a sus trámites legales y acceder a información crítica para su bienestar, fortaleciendo así su independencia económica y social.

Bajo este esquema de atención integral, y en colaboración con diversas instituciones académicas, el centro pondrá en marcha cursos de capacitación digital diseñados para transformar el entorno de las asistentes, permitiéndoles adquirir competencias técnicas que amplíen sus oportunidades laborales y refuercen su capacidad de autogestión.

La funcionaria recordó que el espacio ofrece un modelo de atención multidisciplinario que incluye asesoría jurídica, acompañamiento psicológico y trabajo social; la integración de la nueva sala de cómputo complementa estos servicios al digitalizar la ruta de justicia, reduciendo tiempos de respuesta y facilitando el contacto directo con las autoridades competentes sin necesidad de traslados prolongados.

Este avance en las redes de apoyo para las mujeres en la entidad ha sido impulsado por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, con el respaldo institucional de la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Alfredo Álvarez Cárdenas, reafirmando el compromiso de la administración estatal de consolidar el empoderamiento integral y la seguridad de las mujeres en cada rincón de Baja California.

Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y dar continuidad a las acciones en favor de los derechos y la protección integral de niñas, niños y adolescentes, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California (SIPINNA BC).

Durante la sesión se presentaron las metas, acciones y estrategias de seguimiento que se buscan promover para continuar avanzando en la prevención de violencias, la atención integral y la generación de entornos seguros, alineados con la política pública que impulsa la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

La sesión fue encabezada por la subsecretaria de atención a grupos prioritarios, Elena Anguiano Rentería, y por la secretaria ejecutiva del SIPINNA Baja California, Claudia Agramón Gurrola, quienes destacaron la importancia de mantener un trabajo articulado entre los distintos órdenes de gobierno para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado.

Además, como parte de los trabajos, se llevó a cabo la firma del ”Pacto para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes”, mediante el cual las instituciones participantes refrendaron su compromiso de colocar el interés superior de la niñez como eje central de sus acciones y decisiones.

Por parte de la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Alfredo Álvarez Cárdenas, se presentó una campaña digital dirigida a niñas, niños y adolescentes, enfocada en la concientización sobre la importancia de conocer el servicio de emergencias 9-1-1, su uso adecuado y los momentos en los que es fundamental solicitar apoyo, como una herramienta clave para la prevención y la protección de su integridad.

En la sesión estuvieron presentes la presidenta del Congreso del Estado, Michel Sánchez Allende, la presidenta del Sistema DIF Baja California, Mavis Olmeda García; así como representantes de diversas dependencias estatales y municipales, quienes refrendaron su disposición de continuar trabajando de manera coordinada en favor de las infancias y adolescencias.

El diputado Ramón Vázquez Valadez, sometió ante el Congreso del Estado, una iniciativa de reforma al Artículo 39 de la Ley de Educación del Estado, mediante la cual procura garantizar la continuidad de las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes que enfrentan enfermedades crónicas o prolongadas.
La propuesta plantea la implementación de modalidades educativas flexibles, apoyos pedagógicos y coordinación interinstitucional, sin discriminación y con pleno respeto al derecho a la educación.
Baja California enfrenta un incremento continuo de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, asma y condiciones autoinmunes que afectan cada vez a poblaciones más jóvenes. Ante ello, la iniciativa busca que la escuela se convierta en un entorno seguro, inclusivo y preparado para acompañar a estudiantes que requieren atención especial.
“Esta iniciativa surge de la necesidad urgente de adaptar nuestro marco normativo educativo a la realidad social y de salud que hoy vivimos en Baja California, especialmente aquella que afecta a niñas, niños y adolescentes que conviven con enfermedades crónicas”, subrayó el legislador inicialista.
Agregó que la escuela, después del hogar, es el entorno más importante para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, es el lugar donde forjan su identidad, construyen relaciones sociales, descubren sus capacidades y proyectan su futuro.
Por ello, esta reforma coloca a Baja California en la vanguardia de un marco legal educativo sensible a las necesidades de salud de su población, materializando los principios constitucionales de equidad, no discriminación e interés superior de la niñez.
“Al establecer en la ley la obligación de la Autoridad Educativa Estatal de coordinar acciones con la Secretaría de Salud, no solo estamos llenando un vacío normativo; estamos sentando las bases para una política pública transversal que reconozca la interdependencia entre el bienestar físico, emocional y académico de nuestros estudiantes,” finalizó Ramón Vázquez.