Durante el actual ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026 en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora se inscribieron 679 hectáreas al Programa de Producción de Semilla de Trigo, de las cuáles, 637 hectáreas fueron aceptadas para la producción de simiente de las categorías certificada, registrada y básica.

El Lic. José Antonio Ramírez Gómez, Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Baja California, informó que del total de la superficie aceptada, 546 hectáreas corresponden al Valle de Mexicali y 91 hectáreas al Valle de San Luis Río Colorado; de acuerdo a lo reportado por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) en el Estado.

Precisó que sobresalen las siembras para la producción de semilla de la categoría certificada con un volumen de 596 hectáreas. Esto representa, dijo, el 93.5% del total de la superficie establecida en este ciclo, en ambos valles agrícolas.

En esta categoría, repunta el uso de variedades de semillas del Grupo V (trigo cristalino ó duro, se usa en la industria para elaboración de pastas alimenticias, tales como espagueti, macarrones, sopas secas, etc.) como es el caso de la QUETCHEHUECA ORO C2013; ISABEL ORO C2018; RÍO COLORADO C-2000 y DON CÉSAR, principalmente.

En menor proporción están las variedades del Grupo I (que son de alta calidad panadera y están indicadas para la panificación industrial) como la BOURLAUG 100; CACHANILLA F-2000 y la NOHELY F2018, aseguró el funcionario.

Por otra parte, el Representante del SNICS en el Estado, Ing. José Luis Rojas Monzón, explicó que por el momento, el cultivo presenta buen desarrollo fenológico y se están realizando aplicaciones aéreas y terrestres de herbicidas para el control de maleza.

Finalmente, aclaró que en lo que va del ciclo agrícola, se han realizado un total de 30 inspecciones en la zona productiva del Distrito de Desarrollo Rural 002, Río Colorado –Valle de Mexicali.

En sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se aprobaron por unanimidad diversos dictámenes que reforman el marco constitucional y legal del Estado, así como nuevas disposiciones de carácter simbólico y social.
Destacó la aprobación del dictamen que crea la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Baja California, impulsada por el Magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Esta nueva legislación consolida un sistema especializado para la resolución de controversias entre particulares y autoridades administrativas, fortaleciendo el acceso a la justicia y la tutela efectiva de derechos.
En términos prácticos, se norman mecanismos alternativos para solucionar disputas sin necesidad de juicio, siempre que los derechos involucrados sean negociables y no estén legalmente restringidos.
Con el propósito de visibilizar formas de violencia que generan graves afectaciones emocionales, familiares y sociales, se aprobó la iniciativa de la diputada Michel Sánchez para instituir el 11 de mayo como “Día Estatal contra la Violencia Vicaria” y el 26 de julio como “Día Estatal en conmemoración a las personas sobrevivientes de Manipulación Coercitiva”.
También fue dictaminada como favorable la propuesta de la misma legisladora, para remitir al Congreso de la Unión una reforma a la Ley Federal del Trabajo, con el fin de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las autoridades laborales de las entidades federativas emitan un modelo de protocolo que defina los elementos mínimos para la prevención, atención y búsqueda de personas en los centros de trabajo y sus alrededores.
A iniciativa de la diputada Araceli Geraldo Núñez, se aprobaron reformas al Artículo 5 de la Constitución Política del Estado y al Artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana, incorporando los principios de accesibilidad, inclusión, interculturalidad, no discriminación y perspectiva de género como ejes rectores de la participación ciudadana.
La diputada Mayola Gaona presentó la reforma al Artículo 8 de la Constitución Estatal, cuyo dictamen resultó favorable, la propuesta busca fortalecer y ampliar los derechos de niñas, niños y adolescentes en Baja California, reconociendo su derecho a la interculturalidad, inclusividad, participación, opinión e igualdad, consolidando así su reconocimiento como sujetos plenos de derechos en la vida democrática del Estado.
En el ámbito de los derechos humanos, la diputada Alejandrina Corral impulsó la reforma al Artículo 7, apartado E, de la Constitución Política del Estado, con esta modificación se establece expresamente el derecho de toda persona a ser buscada en casos de desaparición forzada, cometida por particulares u otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, imponiendo al Estado la obligación de garantizar acciones de búsqueda, localización e identificación.
Finalmente, se avaló la propuesta para declarar como Benemérita a la Escuela Secundaria Magisterio No. 18, ubicada en el municipio de Mexicali, en reconocimiento a su trayectoria educativa y compromiso con la formación docente.
En el desarrollo de los trabajos legislativos participaron el presidente de la Comisión de Gobernación, diputado Juan Manuel Molina García, junto con las diputadas Alejandra Ang, Michel Sánchez, Maythé Méndez, Daylín García y el diputado Diego Echevarría, quienes respaldaron con su voto las iniciativas dictaminadas.

Ante funcionarios estatales y municipales, líderes empresariales, barras de abogados y miembros de los pueblos y comunidades indígenas de Baja California, la diputada local de Morena, Evelyn Sánchez Sánchez, rindió su Primer Informe de Actividades Legislativas en el que destacó la creación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas, así como la incorporación de las Fiscalías Regionales de San Felipe y San Quintín.
Durante el periodo que se informa, la legisladora ha presentado 27 iniciativas, todas enfocadas en fortalecer el marco jurídico de Baja California, garantizar los derechos, promover la inclusión, la transparencia, el desarrollo sostenible y proteger a quienes históricamente habían sido olvidados, “con estos resultados en materia de los pueblos indígenas y afromexicanos, pasamos de la exclusión histórica al reconocimiento jurídico, porque un país que no escucha a sus pueblos originarios pierde su raíz”.
En su calidad de presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la diputada actualizó el nombre de la Comisión para reconocer con dignidad a este sector de la población; impulsó la creación de la Unidad Técnica de Consultas, que será la encargada de llevar a cabo las consultas previas, libres e informadas para que ninguna decisión que afecte a las comunidades sean tomadas sin escuchar su voz; promovió también una reforma integral a la Ley de Entrega y Recepción para que los procesos en el gobierno sean públicos, claros y con lenguaje incluyente.
“Este informe es un compromiso renovado, seguiré legislando con convicción, con enfoque de género y derechos humanos, trabajando en el territorio de Baja California para que nadie se quede atrás”, dijo la representante popular.
Entre otros temas, resaltó el trabajo en reformas a la Ley de Personas con Discapacidad, para ampliar sus derechos y garantizar su accesibilidad, incluyendo a personas de talla baja; el fortalecimiento de la Ley de Atención y Protección a Personas con Autismo, para asegurar la inclusión de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo, así como la creación de la Ley de Protección a Madres Solteras Jefas de Familia para que el estado garantice su atención preferencial, entre otros.
En materia de seguridad impulsó reformas al Código Penal estatal para tipificar la violencia en espectáculos y sancionar las agresiones físicas o verbales que ocurran en eventos masivos; reforzar las penas por extorsión agravada o el cobro de piso; reconocer la violencia química en contra de las mujeres y para que las y los automovilistas reincidentes en manejar bajo los efectos del alcohol o drogas pierdan su derecho a tener licencia de conducir.
Previo al informe de la diputada local, se realizó un ritual de purificación mixteco de San Miguel el Grande, a cargo de Silvia Ramírez Cuevas, Josefina Cuevas, Cirenia Ramírez y Felicitas Aparicio, con el fin de visibilizar a las comunidades indígenas.
Al evento asistieron las diputadas Gloria Miramontes Plantillas y Angélica Peñaloza Escobedo, los diputados Ramón Vázquez Valadez y Fidel Mogollón Pérez; así como del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Administración, el Magistrado Carlos Alberto Ferré, la Subsecretaria de Derechos Humanos estatal, Melba Adriana Olvera, la Directora General de CEJUM, Magdalena Bautista, el Titular de la oficina de representación INPI Baja California, Elías Espinoza, así como Regidoras, Regidores, representantes de la Guardia Nacional y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.
También se contó con la presencia del Presidente de la Asociación Oaxaqueña de Mexicali, Pablo Vázquez y del representante y presidente autoridad tradicional municipal triqui de la Colonia Nuevo San Juan Copala municipio de San Quintín, Antonio de Jesús López, entre otros.