La diputada María Teresa Méndez Vélez, integrante del grupo parlamentario de MORENA, presentó un exhorto al presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, para que se realice una revisión integral del alumbrado público en el fraccionamiento Ciudad Valle de las Palmas, ubicado en la zona sureste de la ciudad.
La legisladora explicó que dicho fraccionamiento fue concebido para albergar el crecimiento poblacional y comercial de esa región, pero que, desde la desaparición de la empresa constructora en 2019, sus habitantes han enfrentado múltiples deficiencias en infraestructura.
“Los habitantes del fraccionamiento Ciudad Valle de las Palmas por más de dos décadas se han enfrentado a diversas problemáticas de infraestructura deficiente”, señaló Maythé Méndez.
Asimismo, destacó que una de las solicitudes más recurrentes en su módulo de atención ciudadana en Tijuana ha sido la mejora del alumbrado público, tanto en el camino de acceso como en la zona habitacional, con el fin de garantizar condiciones mínimas de seguridad vial durante la noche.
Recordó que, a pesar de los rezagos heredados, los habitantes han logrado corregir algunas irregularidades mediante gestiones ante el gobierno estatal y municipal.
Por tal motivo el exhorto propone realizar una revisión técnica que permita determinar el número de luminarias existentes desde la carretera libre Tijuana-Tecate hasta la zona habitacional, efectuar un censo detallado de dichas luminarias, e identificar aquellas que no funcionan y que requieren mantenimiento correctivo o su reemplazo total. Por último, se solicita evaluar cuántas nuevas luminarias deben instalarse para cubrir adecuadamente las necesidades de la comunidad.
“Con este llamado, buscamos que se atienda de manera puntual una demanda ciudadana que impacta directamente en la seguridad, movilidad y calidad de vida de las familias que habitan en Ciudad Valle de las Palmas, reconociendo su esfuerzo constante por mejorar las condiciones de su entorno”, concluyó la legisladora.

La diputada Liliana Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California para armonizar los delitos sexuales con el modelo nacional, colocando el consentimiento como eje central y fortaleciendo la protección de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres, conforme al modelo nacional propuesto por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México.
La propuesta plantea modificar y adicionar diversos artículos del Código Penal estatal con el objetivo de actualizar la definición del delito de abuso sexual, ampliar sus supuestos y aumentar las sanciones, en congruencia con los estándares constitucionales, tratados internacionales y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y perspectiva de género.
Entre los principales cambios, se propone establecer una definición clara de consentimiento, precisando que este no puede presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física, ni cuando exista violencia, intimidación, engaño, abuso de poder, autoridad o situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, se amplía el concepto de acto sexual para incluir conductas sin contacto físico directo, como la exhibición forzada o la obligación de observar actos de naturaleza sexual.
La iniciativa también propone incrementar las penas de prisión y las multas por abuso sexual, así como incorporar medidas reeducativas obligatorias para las personas sentenciadas, con el fin de prevenir la reincidencia y promover un cambio cultural basado en la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia contra las mujeres.
De igual forma, se fortalecen las circunstancias agravantes del delito cuando exista una relación de confianza, parentesco, autoridad, dependencia económica o cuando el abuso sea cometido por personas servidoras públicas, ministras o ministros de culto, profesionistas, o se utilicen sustancias para anular la voluntad de la víctima, entre otros supuestos.
Un aspecto relevante de la propuesta es que el delito de abuso sexual sea perseguido de oficio, eliminando la necesidad de querella por parte de la víctima, así como el reconocimiento expreso de la reparación integral del daño, que incluirá atención psicológica especializada hasta la total recuperación de la persona afectada.
Con esta iniciativa, el Congreso del Estado de Baja California refrenda su compromiso con el combate a la violencia sexual, el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género y la construcción de un marco legal más justo y eficaz, que garantice el acceso a la justicia, la protección integral de las víctimas y el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.

Con el propósito de establecer protocolos obligatorios y especializados para prevenir, detectar y atender riesgos psicosociales en instituciones de asistencia social, el diputado Ramón Vázquez Valadez presentó una iniciativa de reforma que adiciona el Título Séptimo de la Ley de Instituciones de Asistencia Social Privada para Niñas, Niños y Adolescentes.
Las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado de instituciones de asistencia social privada constituyen uno de los sectores más vulnerables de la población. Separados de su entorno familiar, muchos de ellos cargan con historias de abandono, maltrato, pérdida y trauma.
En este sentido, el legislador subrayó: “El Estado tiene la obligación imperiosa de brindarles no solo cuidado, sino un entorno protector que active de manera efectiva todos sus derechos y repare, en la medida de lo posible, el daño sufrido.”
La propuesta surge de la necesidad urgente de cerrar una brecha crítica en la legislación estatal: la falta de protocolos específicos y obligatorios para atender riesgos graves como el abuso sexual, la trata de personas, el suicidio y las autolesiones, además de garantizar el acceso efectivo a la salud mental.
“Esta iniciativa no es una mera actualización normativa; es un acto de justicia básica para quienes han quedado al margen de la protección familiar y requieren una protección estatal reforzada y especializada”, afirmó Vázquez Valadez.
Asimismo, destacó que proteger la integridad de las NNA es una inversión social de alto rendimiento, pues un entorno seguro y reparador aumenta las probabilidades de que se conviertan en adultos autosuficientes y productivos. Por el contrario, la revictimización en albergues incrementa el riesgo de perpetuar ciclos de pobreza, exclusión e incluso conductas delictivas.
“La vulnerabilidad de un niño o niña bajo el cuidado del Estado no admite medias tintas. Nuestra responsabilidad es brindar el marco jurídico más sólido posible para garantizar que su dignidad e integridad sean inviolables”, finalizó Ramón Vázquez.