El Dictamen No. 11 de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores fue aprobado por quince votos a favor, cero en contra y cero abstenciones y se refiere a una reforma a la Ley de la Juventud Estatal.
Consiste esta iniciativa de la Diputada María Yolanda Gaona Medina, en una enmienda a diversos artículos, así como a la Sección Tercera del Capítulo Tercero para denominarse: “Derecho al Primer Empleo y un Trabajo Digno”, todos de la citada norma.
La reforma busca garantizar que el trabajo digno y la transición al empleo formal sean derechos efectivos; mediante un enfoque integral que aborde las deficiencias actuales y siente las bases para un sistema equitativo y sostenible.
Con la aprobación del presente dictamen, las y los jóvenes tendrán derecho a un trabajo digno, bien remunerado y con sus prestaciones de ley, que garantice su seguridad física y emocional.
Otra de las bondades es que el trabajo promoverá su desarrollo integral, respetando sus habilidades, vocaciones y necesidades, asegurando condiciones laborales que les permitan alcanzar su máximo potencial en un entorno equitativo y libre de discriminación.
El Estado y los Municipios en coordinación con instituciones educativas, el sector privado y social establecerán programas de vinculación laboral dirigida a las juventudes y contemplarán en sus planes y programas de gobierno, estrategias y líneas de acción para impulsar el empleo juvenil.
Así como bolsa de trabajo, capacitación laboral, financiamiento para proyectos productivos, el autoempleo, así como políticas públicas en coordinación con el Gobierno Federal, que promuevan la oportunidad de trabajo para las juventudes.
El Estado y los Municipios, en coordinación con instituciones educativas y el sector privado y social, fomentarán políticas de contratación laboral juvenil, siempre y cuando cumplan con el perfil requerido, mediante procesos de selección transparentes y con enfoque de igualdad de oportunidades, otorgando prioridad para ocupar las vacantes disponibles a quienes les hayan prestado el servicio social.

La diputada de Morena, María Teresa Méndez Vélez, presentó ante la Asamblea una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California, con el fin de dar publicidad a toda pretensión legislativa presentada por los sujetos legitimados, de manera que todas aparezcan en el portal oficial de internet del Congreso del Estado.
Al desarrollar su proyecto, la legisladora señaló que darles la debida publicidad a todas las iniciativas de reforma, de leyes y decretos es una tarea indispensable para mantener informada a la población sobre los objetivos de cada propuesta.
Precisó que la Constitución local y la Ley Orgánica establecen que, además de las diputadas y diputados, también pueden presentar iniciativas el Gobernador, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Electoral, los Ayuntamientos, el Instituto Estatal Electoral, así como las y los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior.
“El derecho de iniciativa no es exclusivo del Poder Legislativo; es un mecanismo compartido con actores clave del Estado y con la ciudadanía, lo que permite que más voces participen en la creación y reforma de las leyes”, expresó Maythé Vélez.
La diputada advirtió que, en la práctica, las iniciativas ciudadanas o las presentadas por la Gobernadora no aparecen en el buscador del portal del Congreso, lo que evidencia que no han sido publicadas para conocimiento público.
“Si buscamos fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, todas las iniciativas deben estar disponibles en el portal institucional sin excepción”, afirmó.
Por ello, la iniciativa plantea que todas las iniciativas de reforma o decreto, así como puntos de acuerdo económico y posicionamientos presentados por los sujetos legitimados del artículo 115, sean publicadas en el portal oficial del Congreso a más tardar al día siguiente de que la Presidencia de la Mesa Directiva las incluya en el orden del día de la sesión correspondiente.

La Diputada Adriana Padilla Mendoza, presentó una reforma con el objeto de introducir una modificación al artículo 118 del Código Penal, para que además de la aprehensión del imputado, también se interrumpa la prescripción de la acción penal, en el momento en que es vinculado a proceso.
Indicó la inicialista que esta modificación no solo tiene un fundamento jurídico sólido, sino que responde a la necesidad de adecuar la legislación local a las exigencias de un Sistema de Justicia Penal moderno, transparente у efectivo, como el que promueve el Sistema Penal Acusatorio en Baja California.
Esto, para asegurar que el sistema sea más eficiente y justo, así como la protección de los derechos de las víctimas y el acceso a la justicia. Al mismo tiempo evita que el tiempo y defectos técnicos como la falta de aprehensión de un imputado favorezcan la impunidad.
Dicho artículo objeto de la presente reforma, en su redacción actual establece que la prescripción de la acción penal se interrumpe únicamente con la aprehensión del imputado, es decir, con la detención formal de la persona sospechosa de haber cometido un delito, cuando haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción.
Sin embargo, esta disposición omite un factor crucial dentro del Sistema Penal Acusatorio: el momento de la vinculación a proceso. Lo que ha dado lugar a situaciones, donde a pesar de que un imputado ha sido vinculado a proceso y el caso está siendo tramitado en el sistema judicial, la acción penal sigue corriendo bajo los términos de prescripción, si el imputado no es detenido.
Añadió la Legisladora del Partido Verde Ecologista de México que, esto podría llevar a la extinción de la acción penal antes de que se resuelva el caso, lo que podría significar la impunidad para algunos delitos.
En un sistema basado en la oralidad, la transparencia y la celeridad, como es el caso del Sistema Penal Acusatorio, la vinculación a proceso juega un papel fundamental en el desarrollo de un juicio.
Dicha etapa determina, en primera instancia, si un caso será formalmente llevado a juicio, asegurando que el proceso se mueva de manera expedita y con todas las garantías legales.
Sin embargo, actualmente el artículo 118 del Código Penal de Baja California, no contempla que la vinculación a proceso pueda interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal, cuando ya ha transcurrido la mitad del tiempo establecido para esta.
Lo que representa una laguna legal que puede resultar en impunidad para los delitos cometidos, especialmente cuando la aprehensión del imputado no se lleva a cabo inmediatamente, pero se ha dado una vinculación formal al proceso judicial.