En sesión ordinaria, el Congreso del Estado aprobó los dictámenes 118, 119, 120, 121, 122 y 123, emitidos por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, mediante los cuales se autorizan los presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal 2026 correspondientes a los órganos autónomos y al Poder Judicial del Estado.
En el caso del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), se aprobó el presupuesto de egresos por un monto de $304,491,329.00, destinado a la organización de procesos electorales y al fortalecimiento de la participación ciudadana.
Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC), se autorizó un presupuesto de $55,338,236.00, con el propósito de garantizar la atención, defensa y promoción de los derechos humanos en Baja California.
El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) recibió la aprobación de su presupuesto p or $45,531,502.00, recursos que permitirán la resolución de controversias en materia electoral y el fortalecimiento de la legalidad democrática.
El Poder Judicial del Estado de Baja California (PJEBC) fue aprobado con un presupuesto de $2,115,408,198.00, destinado a garantizar el acceso a la justicia en todas sus materias, respaldando la labor del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados de primera instancia.
En cuanto al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJABC), se avaló un presupuesto de $115,712,630.00, con el objetivo de consolidar una justicia administrativa eficiente, moderna y digital.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la autorización de un presupuesto de $3,003,015,477.00, destinado a fortalecer la procuración de justicia, la investigación de delitos y la atención integral a las víctimas.
La aprobación de estos dictámenes garantiza la operación institucional de los entes constitucionales autónomos, así como la impartición de justicia en la entidad, fortaleciendo el marco democrático, la protección de derechos humanos, la transparencia y el combate a la corrupción.

El diputado Ramón Vázquez Valadez, sometió a consideración del Pleno la Iniciativa de reforma al artículo 116 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, con el objeto de reforzar los requisitos de ingreso y permanencia de las instituciones policiales.
En su exposición de motivos, el legislador señaló que la propuesta de reforma pretende armonizar el contenido de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana con el Decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada el 16 de julio de 2025, particularmente en el componente relativo a requisitos de ingreso y permanencia.
Destacó que estos ajustes resultan acordes con una premisa que ha impulsado en otros niveles del sector público: imponer la obligatoriedad del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ramón Vázquez remarcó la urgencia de actualizar la norma estatal para cumplimentar dichos requisitos tanto para quienes busquen ingresar como para quienes se sometan a procesos de permanencia en las instituciones policiales de Baja California.
La iniciativa incorpora nuevos criterios que deberán observarse para el ingreso y permanencia en las instituciones policiales, uno de ellos es no tener en su contra sentencia ejecutoria que imponga la suspensión de la ciudadanía.
También se establece no contar con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual; o por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Asimismo, se plantea no haber participado, favorecido o encubierto violaciones graves a los derechos humanos, ni tener historial o antecedentes como victimario de violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas adultas mayores, ni haber cometido abuso o maltrato animal, así como no estar declarada como persona deudora alimentaria morosa.

En Sesión ampliada de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, compareció el titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, Armando Carrasco López, proyectando en su propuesta de Ley de Ingresos 3 mil 335.7 millones de pesos para el ejercicio 2026.
El director de la CESPM anunció que para 2026 se invertirán 163.5 mdp en agua potable, 125.1 mdp en alcantarillado y saneamiento, y 53.7 mdp en alcantarillado pluvial. Señaló que el proyecto no contempla incrementos en la tarifa por consumo de agua, salvo los ajustes derivados de los indicadores de inflación.
En la etapa de cuestionamientos por parte de las diputaciones destacaron los temas sobre: Bono Verde, los deudores y las acciones para abatir el rezago, rehabilitación de alcantarillado, campañas sobre el cuidado del agua, atención a las personas con discapacidad, la atención a usuarios con fugas, así como la proyección de obras en la zona de Valle Sur y de San Felipe, además de la situación con FISAMEX, acciones de capacitación en materia de igualdad de género, y la limpieza de drenes, entre otros rubros.
En esta etapa participaron la diputada presidenta de la Comisión Julia Andrea González Quiroz, Alejandra Ang, Adriana Padilla, Michelle Tejeda, Julia González, Juan Manuel Molina, Diego Echevarría, Michel Sánchez, Alejandrina Corral y Daylín García.
El titular de la paraestatal explicó que, los reportes financieros del Bono Verde son revisados por un comité técnico en donde se proponen los proyectos para su evaluación y, una vez autorizados, se realizan las licitaciones correspondientes para su ejecución y supervisión de las obras.
Respecto a la cartera vencida, informó que durante este año se logró un avance significativo, reduciéndola en más del 30%, equivalente a 104.3 millones de pesos, mediante una estrategia jurídica y mecanismos de acercamiento con la ciudadanía. Añadió que los principales deudores continúan siendo usuarios domésticos, con un rezago de 771 millones de pesos por abatir.
Detalló que este año se invirtieron 221 mdp en reposición de tuberías, 202 mdp en drenaje sanitario y 31 mdp en infraestructura pluvial. En obras nuevas, se ejercieron 87 mdp en agua potable, 137 mdp en drenaje sanitario y 44 mdp en pluvial, sumando un total de 722 millones de pesos.
Sobre las acciones de cultura del cuidado del agua, mencionó iniciativas como el Museo del Agua, las jornadas de limpieza y atención comunitaria, el programa Cine y Cultura en Movimiento con proyecciones en colonias sobre el uso responsable del recurso, además de actividades en escuelas y comunidades.
En materia de accesibilidad y atención a grupos vulnerables, señaló que todas las oficinas cuentan con rampas y accesos adecuados, así como programas de apoyo que incluyen exenciones de pago y beneficios dirigidos a asociaciones civiles y religiosas.
Respecto a las fugas de agua, indicó que su atención es una responsabilidad compartida entre el usuario y el organismo, al detectarse una variación en el medidor, debe reportarse de inmediato, y la CESPM aplica los ajustes correspondientes conforme a su manual de bonificación.
En San Felipe, informó que este año se rehabilitaron pozos, se construyeron redes de agua potable y se avanzó en el acueducto, con una inversión de 86 mdp. Para 2026 se proyecta la reconstrucción de la red de agua potable y del drenaje sanitario. En la zona sur del Valle, la inversión acumulada asciende a 594 mdp.
En relación con FISAMEX, precisó que las devoluciones realizadas derivan del cumplimiento de una sentencia de amparo, y que actualmente la CESPM mantiene un juicio en curso contra dicha empresa.
Informó que el personal ha recibido capacitaciones de sensibilización, incluyendo temas como la Ley Daryela, prevención del abuso sexual infantil, inclusión, igualdad de género y violencia de género, entre otros cursos de formación.
Finalmente, las diputaciones reconocieron a la CESPM como uno de los organismos mejor administrados del Estado y expresaron su agradecimiento por el trabajo que realiza durante todo el año, especialmente en las temporadas de lluvias, cuando se refuerzan las acciones de atención, mantenimiento y respuesta inmediata para proteger a la población.