El diputado Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, Juan Manuel Molina García, presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, atendiendo a la urgencia de fortalecer la protección de las y los elementos de seguridad pública que salvaguardan a la ciudadanía.
El legislador condenó el asesinato del Subcomandante de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, ocurrido el pasado 14 de julio, afuera de su domicilio y una vez concluida su jornada oficial.
“Hechos como este subrayan la urgencia de fortalecer la protección legal para los elementos de seguridad pública que enfrentan riesgos incluso fuera de servicio, por lo que con esta reforma se busca cerrar ese vacío con justicia”, advirtió el inicialista.
Consciente de que las amenazas persisten más allá del horario y del ámbito de sus funciones, el diputado plantea establecer un marco jurídico que permita a los elementos debidamente capacitados, portar un arma para defensa personal fuera de servicio, bajo evaluación continua y supervisión exclusiva de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Advirtió que la propuesta no desvirtúa el espíritu de la reciente reforma estructural de la Ley en mención, sino que la complementa, reconociendo que el actual Artículo 11 Bis y 34 Bis genera una contradicción normativa que impide a las fuerzas de seguridad defenderse en su vida privada.
Molina García enfatizó que este instrumento sería una medida disuasoria ante la criminalidad y una vía de respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, además de rendir justicia a quienes arriesgan su vida diariamente.
Mientras tanto, el proyecto legislativo fue turnado a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y su dictaminación, y en caso de ser aprobado por el Pleno, será remitido al Congreso de la Unión por tratarse de una Ley Federal.

La diputada Daylín García Ruvalcaba presentó ante el Pleno una iniciativa con el propósito de establecer reglas claras para la instalación, operación y utilización de sistemas de videovigilancia en Baja California, priorizando la protección de derechos fundamentales como la privacidad, pero también incentivando a la ciudadanía a colaborar en la prevención del delito por medio de instalaciones responsables de cámaras que coadyuven a la autoridad.
La legisladora de MC indicó que esta propuesta busca establecer disposiciones que regulen el uso de dispositivos de videograbación, tanto por parte de autoridades como de particulares, en espacios públicos y privados, salvaguardando los derechos humanos, pero siempre sirviendo para prevenir, detectar y perseguir los delitos.
En ese sentido, subrayó la importancia de que las instancias gubernamentales que implementen estos sistemas lo hagan bajo principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, evitando acciones discrecionales o invasivas.
Recalcó que la iniciativa contempla requisitos técnicos mínimos, tiempos de conservación de imágenes, y mecanismos de rendición de cuentas, que contribuyan a una operación transparente y con enfoque garantista.
También se propone regresar a la ciudadanía el incentivo por coadyuvar a la prevención de delitos de manera comunitaria observando a través de cámaras en comercios o lugares de tránsito constante en sus lugares de vivienda, permitiéndolo bajo condiciones específicas que no vulneren el entorno comunitario ni interfieran en el libre desarrollo de la vida privada.
“Este proyecto busca armonizar las leyes estatales con estándares internacionales sobre la protección a la intimidad, conciliando el interés público de la seguridad con el respeto irrestricto a los derechos humanos e incentivando a la participación ciudadana en la prevención y colaboración de la investigación de actos delictivos”, puntualizó la congresista.
Con esta iniciativa, Daylín García reafirma su compromiso por construir un marco legal que coadyuve a la seguridad pública, promoviendo un equilibrio entre tecnología, legalidad y dignidad humana.

La diputada Adriana Padilla Mendoza presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California, a fin de incorporar un lenguaje incluyente y no sexista que visibilice a todas las personas y promueva la igualdad.
La legisladora señaló que esta propuesta busca erradicar el uso del masculino genérico en la redacción de la Ley Orgánica, sustituyéndolo por fórmulas que nombren de manera explícita tanto a mujeres como a hombres, o bien, que utilicen términos neutros que no excluyan a personas no binarias.
En su exposición de motivos, Padilla Mendoza recordó que el lenguaje moldea la percepción social y que invisibilizar a ciertos grupos mediante el uso exclusivo de formas masculinas refuerza desigualdades históricas. “Evitar que el masculino sea considerado la forma estándar no es una simple norma de estilo, sino una táctica para que la visión del mundo en masculino no se imponga a expensas de otras visiones”, citó de la lingüista Teresa Moure.
Entre las herramientas propuestas en la iniciativa se encuentran:
Desdoblamiento: nombrar explícitamente a hombres y mujeres (por ejemplo: “diputadas y diputados”).
Formas neutras: sustituir cargos y funciones con expresiones como “titular” o “persona legisladora”.
Paráfrasis y sinónimos: reformular textos para evitar sesgos de género.
La propuesta también retoma lineamientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que promueven un lenguaje igualitario y libre de discriminación en cargos, profesiones y oficios.
“La reforma no altera la estructura ni competencias del Congreso, pero sí actualiza su Ley Orgánica para reflejar los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. El lenguaje incluyente es una herramienta simbólica pero poderosa para construir una sociedad más justa y equitativa”, concluyó la legisladora.
Con esta iniciativa, Adriana Padilla reafirma el compromiso del Congreso de Baja California con los derechos humanos, la equidad de género y la inclusión de todas las personas en el marco legal de la entidad.