Con la finalidad de promover entornos de movilidad seguros, mediante el diseño e implementación de políticas públicas eficaces, así como acciones puntales para la prevención y reducción de accidentes viales por conducir bajo los efectos del alcohol, la diputada Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Alcoholes y a la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California.
La inicialista indicó que actualmente en la Ley de Movilidad no se establecen mecanismos específicos vinculados a los riesgos derivados del consumo de alcohol, como la promoción para instalación de puntos de revisión de alcoholimetría y campañas de concientización permanentes, en coordinación con autoridades competentes.
En ese sentido, plantea la reforma a la Ley de Alcoholes para promover el uso de una persona conductora designada o un transporte seguro cuando se consuman bebidas alcohólicas; exigir la difusión permanente de mensajes preventivos; fortalecer la participación ciudadana y especializada en los Consejos Consultivos Municipales; así como tener una fuente confiable de estadísticas para la creación de políticas públicas eficaces.
Por otro lado, la reforma a la Ley de Movilidad, busca promover la instalación de puntos de control de alcoholimetría mediante la coordinación de autoridades competentes; que se realicen campañas de concientización permanentes y el impulso de convenios para establecer zonas de ascenso seguro.
“Ambas reformas buscan una mayor coordinación interinstitucional entre los municipios, las autoridades de movilidad y tránsito, los establecimientos de venta de alcohol y la sociedad civil. Se trata de avanzar hacia una cultura de consumo responsable y de movilidad segura, reconociendo que la prevención debe estar en el centro de las políticas públicas”, estipuló.
En la exposición de motivos la legisladora menciona que, en Baja California, los accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol continúan siendo una de las principales causas de muertes y lesiones graves, especialmente entre la población joven; siendo Tijuana y Mexicali donde se concentran el mayor número de ingresos hospitalarios de ocupantes de vehículos, motociclistas y peatones lesionados, lo que refleja una problemática grave en materia de seguridad vial.
Estos eventos reflejan una problemática persistente y multifactorial, donde la combinación de consumo de alcohol y conducción vehicular representa un riesgo significativo para la seguridad pública.

Con el objetivo de fortalecer el marco jurídico que protege los derechos de las mujeres en Baja California, el diputado Ramón Vázquez Valadez, presentó ante el Pleno una iniciativa de reforma al artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de reforzar y ampliar la definición de violencia económica, incorporando modalidades que hasta ahora no han sido visibilizadas ni sancionadas de forma clara.
Para motivar su pretensión, el legislador de Morena enfatizó que la violencia económica y patrimonial es una de las formas más frecuentes y menos denunciadas de agresión hacia las mujeres. “Esta problemática afecta de manera profunda la autonomía y el desarrollo personal de quienes la padecen”, señaló.
Dicha violencia puede ejercerse tanto en el ámbito familiar como en el espacio laboral, donde se reproduce a través de prácticas como la exclusión de mujeres de puestos de alta dirección, la desigualdad salarial o la falta de reconocimiento del trabajo femenino en negocios familiares.
“Una de las manifestaciones más comunes ocurre cuando se obliga a las mujeres a trabajar sin recibir remuneración, bajo el argumento de que su labor representa un ‘apoyo natural’ o una ‘obligación moral’. Esta práctica vulnera su derecho a percibir ingresos propios, construir un historial laboral y acceder a prestaciones sociales o a una pensión”, explicó Ramón Vázquez.
Abundó que, impedirles trabajar mediante control, intimidación o manipulación emocional, también constituye una forma directa de violencia económica. Al negarles esta posibilidad, se priva a las mujeres de herramientas esenciales para romper ciclos de dependencia y vulnerabilidad.
La violencia económica repercute, de manera directa, en la libertad de las mujeres violentadas, pues se ven limitadas en el ingreso y egreso de los recursos económicos, aun cuando sean ellas mismas quienes los generen. En muchos casos el hombre se auto posiciona como administrador del hogar, colocándolas en una situación de desventaja sin su consentimiento.
La propuesta también subraya que la violencia contra las mujeres es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos, con graves consecuencias físicas, psicológicas y económicas, afectando su participación plena y en igualdad dentro de la sociedad.

El Congreso del Estado emitió un exhorto al director de Zona Tijuana de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que en el ámbito de sus competencias supervise y verifique el servicio de distribución de Gas LP, buscando que se cumplan lo establecido en la Ley Federal de la Protección al Consumidor (LFPC), así como las normas aplicables.
Al presentar su punto de acuerdo la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, señaló que existen múltiples reportes ciudadanos respecto a que los tanques de gas no son llenados con la cantidad solicitada; los vehículos de reparto a domicilio entregan cilindros parcialmente vacíos; los consumidores no reciben comprobantes de venta, factura o nota que especifiquen el volumen despachado y el precio por kilo, entre otros.
Consideró que existe una falta de transparencia en la operación de algunas empresas gaseras, lo que vulnera el principio de información y equidad en las relaciones de consumo, además de constituir una posible violación a los derechos del consumidor.
“Es por ello que se hace un llamado a Oscar Zárate Chávez, director de Zona de la PROFECO en Tijuana, para que en el ámbito de sus facultades supervise que las estaciones de venta de gas LP mantengan las pantallas digitales de cobro a la vista de los clientes, permitiendo a los consumidores ver en tiempo real la cantidad de kilos que se están despachando, confirmar el precio por kilo y el total a pagar, para evitar abusos, errores o alteraciones deliberadas, conforme a lo establecido en el artículo 7 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, acotó la legisladora.
En su intervención la diputada Evelyn Sánchez, puntualizó que esta medida no sólo es legalmente exigible, sino que representa una práctica mínima de transparencia, necesaria en un servicio esencial para la vida doméstica y la seguridad pública.
Cabe mencionar que el Artículo 7 BIS de la LFPC en México establece la obligación de los proveedores de exhibir de forma clara y visible el monto total a pagar por bienes, productos o servicios, incluyendo todos los costos adicionales como impuestos, comisiones y cargos. Este artículo busca garantizar la transparencia en los precios y evitar sorpresas al consumidor al momento de realizar una compra.