El Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Baja California invita a personas u organizaciones de la sociedad civil interesadas en la defensa y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia, a postularse como representantes.

La convocatoria tiene como propósito fortalecer la participación ciudadana en los espacios donde se diseñan, revisan y dan seguimiento a las políticas públicas que impactan directamente en el bienestar de las infancias en el estado.

Las personas u organizaciones seleccionadas podrán aportar sus conocimientos, experiencias y propuestas en temas como protección integral, entornos seguros, acceso a servicios, educación, salud y prevención de violencia, entre otros.

El Secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, subrayó la importancia de abrir estos espacios de participación. “La mejor forma de garantizar que nuestras decisiones respondan a la realidad, es incluyendo las voces de quienes están en el territorio, acompañando, escuchando y transformando la vida de niñas, niños y adolescentes. Esta convocatoria es una invitación a construir en colectivo”, expresó.

Por su parte, la subsecretaria de Atención a Grupos Prioritarios, Elena Anguiano, destacó: “Invitamos a quienes trabajan desde la sociedad civil a sumarse a esta convocatoria. Su participación es clave para seguir construyendo decisiones con enfoque de derechos, cercanas a la realidad de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

La titular de SIPINNA Baja California, Claudia Agramón, agregó que este proceso es una oportunidad para que el conocimiento y la experiencia de la sociedad civil se integren de manera directa en la toma de decisiones, enriqueciendo así las estrategias institucionales en beneficio de las nuevas generaciones.

La convocatoria estará vigente hasta el 4 de septiembre de 2025; las personas interesadas pueden consultar los requisitos y registrar su postulación en el siguiente enlace:
https://www.bajacalifornia.gob.mx/sgg/Convocatoria/SeleccionRepresentantesSC

Siguiendo la visión humanista de la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, a través de la Secretaría General de Gobierno, se reitera el compromiso con la promoción activa de los derechos de la niñez, impulsando la participación de todos los sectores en su protección.

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas adultas mayores, el diputado Ramón Vázquez Valadez presentó una iniciativa de reforma al artículo 17 de la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores.
La propuesta plantea que el Estado, en coordinación con el Poder Judicial, la Fiscalía General y la Defensoría Pública, instale módulos de asesoría jurídica y orientación social gratuita en todo el estado. Estos espacios deberán contar con personal capacitado, brindar atención especializada y accesible, y garantizar un seguimiento continuo de los casos.
El reconocimiento de sus derechos implica asegurar su dignidad, autonomía, participación activa en la sociedad y acceso equitativo a salud, vivienda, protección social y justicia. Además, es clave combatir el edadismo y fomentar políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
Ramón Vázquez subrayó que muchas personas mayores enfrentan barreras como trámites burocráticos complejos, discriminación por edad, falta de empatía institucional y exclusión tecnológica; condiciones que vulneran su dignidad y autonomía, y limitan su participación plena en la sociedad.
“Promover un envejecimiento activo y respetuoso implica garantizar que las personas mayores puedan tomar decisiones sobre su vida, acceder a servicios legales sin obstáculos y recibir un trato digno por parte de las autoridades”, señaló el legislador de Morena.
La iniciativa también enfatiza la necesidad de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, que reconozcan el valor social de las personas adultas mayores y aseguren su inclusión en todos los ámbitos de la vida pública.
Con esta reforma, se busca no solo brindar servicios legales, sino también construir una red de apoyo integral que atienda las necesidades sociales y emocionales de las personas adultas mayores.
Mientras tanto el proyecto legislativo fue turnado a la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores para su análisis, dictaminación y eventual discusión ante el Pleno.

Con el objetivo de armonizar el marco normativo estatal con los derechos humanos y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la diputada Adriana Padilla Mendoza presentó una iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Baja California, con la finalidad de eliminar las causales de divorcio y permitir que cualquier persona pueda disolver el vínculo matrimonial por la sola manifestación de su voluntad.
Durante la exposición de motivos, la legisladora del Partido Verde explicó que esta reforma se fundamenta en el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en múltiples criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte. Dicho derecho implica la libertad de cada persona para definir su proyecto de vida, incluyendo la decisión de contraer matrimonio, permanecer casado o divorciarse, sin necesidad de justificar su decisión ante el Estado.
“El divorcio debe dejar de ser un proceso judicial cargado de culpa, desgaste emocional y burocracia. Ninguna persona debería estar obligada a permanecer casada si ya no lo desea. Esta iniciativa reconoce la dignidad y la autonomía individual como ejes centrales de nuestra vida jurídica”, expresó Padilla Mendoza.
La propuesta contempla reformas a los artículos 263, 264, 269, 270, 273 y 286, y deroga una veintena de artículos más, entre ellos los que enumeraban las antiguas causales para solicitar el divorcio. En su lugar, se establece que bastará con que uno de los cónyuges manifieste su voluntad de no continuar con el matrimonio, acompañado de una propuesta de convenio para regular las consecuencias legales del mismo.
Asimismo, se mantiene el esquema de divorcio administrativo y se establecen las reglas aplicables para los casos de mutuo consentimiento, preservando los derechos de hijos menores de edad y el cumplimiento de obligaciones alimentarias.
Padilla Mendoza subrayó que Baja California se encuentra rezagada en este tema frente a otras entidades federativas como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, donde el divorcio sin expresión de causa ya es una realidad jurídica. “No podemos seguir atando la disolución del matrimonio a un catálogo de culpas. La ley debe reflejar los principios de igualdad, libertad y respeto a la vida privada”, puntualizó.
Con esta iniciativa, se avanza hacia un modelo más respetuoso de los derechos humanos, al eliminar las cargas procesales injustificadas y proteger a las personas de procesos judiciales revictimizantes.