En la sede del Poder Legislativo, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, encabezó el “Foro para la presentación de los avances del estudio técnico, operativo y normativo en torno a la figura de Diputación Migrante en el contexto de Baja California”, con la participación de autoridades electorales, especialistas académicos y representantes de asociaciones civiles vinculadas al tema migratorio.
En el encuentro se presentó el avance del estudio desarrollado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), en coordinación con el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), que busca evaluar la viabilidad de implementar la representación migrante en el Poder Legislativo estatal.
Durante su intervención, la diputada Evelyn Sánchez destacó que el Poder Legislativo ha impulsado diversas acciones afirmativas en favor de sectores históricamente invisibilizados, subrayando la importancia de dar certeza jurídica a la comunidad migrante. Asimismo, reconoció que uno de los principales retos es garantizar la inclusión de migrantes que hablan lenguas indígenas, evitando prácticas que vulneren sus derechos y la legalidad del proceso.
Por su parte, el consejero electoral Abel Alfredo Muñoz Peraza explicó que el estudio aún se encuentra en proceso y cuando finalice estará disponible de manera pública, explicó que se integra por cuatro elementos centrales: Análisis sociodemográfico; Análisis jurídico; Diseño institucional y Entrevistas con actores implicados. Subrayó que actualmente existen 10 congresos locales que están a favor de la representación política de su diáspora como derecho diferenciado y 4 congresos como una acción afirmativa. Por otro lado, destacó que Baja California se encuentra dentro de las entidades sin voto en el exterior para elecciones locales.
Por su parte, la Consejera Vera Juárez puntualizó que la investigación tomó como base datos de instituciones como INEGI, CONAPO, Instituto de los Mexicanos en el Exterior e INE; abundó que más de 27 mil bajacalifornianos cuentan con credencial de elector vigente con domicilio en el extranjero. Detalló que el diseño de la representación podría establecerse bajo esquemas de mayoría relativa o representación proporcional, con criterios de residencia en el extranjero o modelos binacionales.
En su exposición, el académico José Antonio Carrera Barroso, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I), recordó que la Constitución reconoce la nacionalidad mexicana a hijas e hijos de personas migrantes, lo que refuerza la pertinencia de habilitar un marco que garantice su derecho al voto y a la representación en congresos estatales.
Por su parte, Angélica Martínez Guevara, representante de Fuerza Migrante A.C., refirió que en distintos estados se están realizando foros similares para vincular a las comunidades en el extranjero con sus gobiernos locales. Planteó que la diputación migrante debe regularse mediante requisitos claros que aseguren legitimidad y transparencia.
La diputada del Congreso de Guanajuato y Presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes, Yesenia Rojas Cervantes, destacó la importancia de la representación legislativa para los mexicanos en el exterior; propuso un escaño electo por la comunidad migrante mediante distritos electorales especiales, lo cual requiere reformas y la habilitación del voto extraterritorial.
Finalmente, la Consejera Guadalupe Flores enfatizó que esta figura no sólo amplía la vida democrática, sino que constituye un acto de justicia social, ya que las decisiones políticas nacionales impactan directamente en las familias de quienes residen fuera del país. Con ello, el foro se consolidó como un espacio de análisis plural, en el que se escucharon voces de especialistas y autoridades comprometidas con una representación política incluyente y acorde a la realidad migratoria de Baja California.
El panel contó con la participación de la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, del profesor e investigador de la UAM-I, Mtro. José Antonio Carrera Barroso; por parte del IEEBC, las Consejeras Vera Juárez y Guadalupe Flores, el Consejero Abel Muñoz; la diputada local del Congreso de Guanajuato, Yesenia Rojas Cervantes y de Angélica Martínez Guevara de Fuerza Migrante A.C.
Asimismo, se contó con la asistencia de la diputada Gloria Miramontes y el diputado Jaime Cantón Rocha; así como de la Directora Municipal de Atención al Migrante de Tijuana, Diana Ortiz Villacorta; representantes del INMI; Gustavo Herrera del OPLE de Baja California Sur; asociaciones y sociedad civil.

En sesión ordinaria del a Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Manuel Molina García, aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el segundo párrafo del artículo 139 de la Ley Electoral del Estado, con el objetivo de garantizar la inclusión de personas con discapacidad en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular.
La iniciativa, presentada el 21 de abril de 2025 por las diputaciones Michelle Tejeda, Alejandra Ang, Gloria Miramontes, Humberto Valle, Montserrat Murillo, Maythé Méndez, Fidel Mogollón, Diego Lara y Jorge Ramos, responde al mandato constitucional de no discriminación y al principio de representación efectiva de sectores vulnerables.
Cabe recordar que, en cumplimiento de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inválida una parte del artículo 139 de la Ley Electoral de Baja California por excluir a las personas con discapacidad, el Congreso del Estado llevó a cabo una consulta pública previa, libre e informada, con más de 1,200 participantes de todos los municipios, incluyendo personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y organizaciones civiles.
Con la aprobación de este dictamen, Baja California da un paso firme hacia un sistema electoral más inclusivo, equitativo y representativo.
La Comisión también aprobó la iniciativa presentada por la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, que propone expedir una nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Apertura Institucional, así como una Ley de Protección de Datos Personales para el sector público del Estado de Baja California.
Además, se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para adecuar el marco estatal a los nuevos lineamientos federales en la materia. Esta propuesta responde a las recientes reformas constitucionales y leyes generales publicadas a nivel nacional, y busca consolidar un sistema local que promueva la transparencia activa, el acceso efectivo a la información y la protección de datos personales como derechos fundamentales.

Con el objetivo de impulsar la participación ciudadana en asuntos ambientales y fortalecer la cultura de la legalidad, el diputado Jorge Ramos Hernández, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 171 de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California.
La propuesta legislativa plantea establecer un buzón de denuncias anónimas en materia ambiental, como mecanismo para detectar de manera temprana posibles daños al entorno, fomentar la transparencia, proteger a los denunciantes de represalias y promover una mayor responsabilidad compartida entre ciudadanía y autoridades.
Jorge Ramos subrayó que las denuncias son una forma legítima de participación ciudadana, al permitir que las personas se involucren en la protección de lo que la ley establece como prohibido o digno de resguardo. “Las denuncias son comentarios y demandas formales motivadas por la insatisfacción social causada por daños observados”, señaló.
Desde el enfoque de la criminología verde, la iniciativa reconoce que los delitos y la justicia ambientales requieren una respuesta activa del Estado, así como la intervención de la sociedad en su prevención y atención. A diferencia de otros delitos más visibilizados, los crímenes contra el medio ambiente suelen quedar fuera del radar cotidiano, tanto en investigaciones como en políticas públicas.
El establecimiento de denuncias anónimas afirmó el legislador, puede fortalecer la cultura de la legalidad y la participación ciudadana, al permitir que las personas reporten irregularidades sin temor, combatir la corrupción e impunidad, y contribuir a una sociedad más justa, transparente y responsable.
“Es importante que se establezca este tipo de mecanismo de denuncia, además de los que ya contempla la Ley, para incentivar a la sociedad a manifestarse cuando observe que algo se está haciendo mal, y que sea la autoridad competente quien lo investigue”, concluyó Ramos Hernández.