En el seno de la Comisión de Justicia presidida por la Diputada Norma Angélica Peñaloza, las diputaciones integrantes aprobaron los proyectos de dictamen de las iniciativas de reforma al Código Penal, así como de la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, todas de Baja California.
Fue aprobado en primer término, por cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el proyecto que da origen al Dictamen No. 6 de la Iniciativa de Reforma al artículo 201 del Código Penal del Estado, presentada por la Diputada Angélica Peñaloza, con el objeto de clarificar el rango en el monto de lo robado.
Dicha enmienda, se aprobó como sigue: Artículo 201.- Punibilidad. – A quien cometa el delito de robo se le impondrán las penas siguientes: l.- De seis meses a tres años de prisión y hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el valor de lo robado no exceda de ochenta veces el valor de la Unidad de medición y actualización.
Luego se aprobó por cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el proyecto que origina el Dictamen No. 7 de la Iniciativa de Reforma al artículo 245 del Código Penal del Estado, presentada por el Diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros.
Tiene como objetivo, tipificar la conducta ilícita de dañar los neumáticos de los vehículos que transiten por la vía pública, con objetos punzo cortantes con la finalidad de cometer otros delitos.
Para los efectos de este Código, son armas prohibidas: Las estrellas, abrojos, cuchillas, erizos, púas, picos y demás que puedan utilizarse para obstaculizar las vías de tránsito.
Posteriormente, se aprobó en el mismo sentido de votación, el proyecto que origina el Dictamen No. 8 respecto de la Iniciativa de reforma los artículos 1 y 2 de la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar Estatal, presentada por la Diputada Montse Murillo López.
La pretensión de la inicialista es fortalecer el marco jurídico, a fin de adicionar la modalidad de violencia patrimonial de la Ley en comento, en beneficio de las familias.
En lo que se refiere al artículo 2, queda como sigue: Se considera violencia familiar, todo acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, simular, controlar o agredir física, verbal o psicológico, económica o sexual o patrimonialmente a cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio que tiene por efecto de causar daño en cualquiera de los aspectos entendidos por esta Ley.
Finalmente, también fue aprobado en el mismo sentido de votación, en los términos propuestos por la Consultoría Legislativa, el proyecto de Dictamen No. 9 de la Iniciativa que adiciona un artículo 229 Bis del Código Penal, presentada por la Diputada Gloria Arcelia Miramontes.
La pretensión es incrementar la pena de 5 a 10 años a los que creen incendios, inundación o explosión con daño o peligro de: un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre una persona; archivos públicos, escuelas, entre otros.
Así mismo, se incrementará la penalidad hasta en una tercera parte, cuando las actividades descritas, se lleven a cabo o afecten un área natural protegida de competencia estatal o municipal. Cabe mencionar, que, en esta sesión del Órgano Colegiado realizada en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Tijuana, también se presentó un informe de las iniciativas turnadas a esta Comisión por parte del Pleno y se aprobó el Acta de una sesión realizada en fecha anterior.
Además de la Diputada Angélica Peñaloza, participaron en la reunión de trabajo, las siguientes diputaciones: Humberto Valle, Araceli Geraldo, Ramón Vázquez y Juan Manuel Molina; así como el Director de Consultoría Legislativa, Israel Ceseña.
Y se contó con la asistencia de las representantes del Poder Judicial, Estefany Díaz Guzmán y Paola Martínez López; el representante del Poder Ejecutivo, Luis Alonso López; y un representante de Consejería Jurídica.

“La historia es identidad”, son nuestros antepasados, decenas de personas valientes, inteligentes, y poderosas quienes han cambiado el rumbo de nuestro país, de nuestro estado y municipios, San Quintín es identidad”, enfatizó la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López.
Esto fue pronunciado por la Legisladora morenista e indígena, al emitir un posicionamiento en la Máxima Tribuna, para referirse a la propuesta de realizar el cambio de nombre al Municipio de San Quintín, agregándole “Indígena pluricultural”, planteada en el cabildo del Ayuntamiento al inicio del presente mes.
Al respecto, Montse Murillo señaló que, antes que el cambio de nombre se debe considerar que existen implicaciones legales profundas, que requieren la aprobación de la legislatura estatal, y se requiere el consenso ciudadano si este fuera un tema prioritario, pero esto conlleva a un enorme costo administrativo, económico y social, para la población y las instituciones.
Por ello, consideró que debe hacerse un análisis detallado, con mesas de trabajo, “ya que históricamente las ciudadanas y ciudadanos, conocemos que somos un municipio indígena pluricultural, y así se incluyan estas palabras o no, todos reconocemos que este valle es un municipio con un porcentaje muy alto de población indígena, lo cual nos hace orgullosamente pluriculturales”.
Hizo hincapié en que la sesión de cabildo del día martes 2 de junio del presente año en San Quintín, presidida por la misma presidenta Municipal y regidores de la Entidad, uno de los temas a desarrollar fue la propuesta de realizar el cambio de nombre al Municipio de San Quintín a “Municipio San Quintín Indígena Pluricultural”, lo que al final tuvo consigo crear una Comisión Especial que será la encargada de desarrollar el tema.
En opinión de la Legisladora Montse Murillo al ser este, un municipio de nueva creación tiene nuevos y mayores retos que pueden considerarse prioritarios, antes que el cambio de nombre.
Resaltó que San Quintín, es un poblado con inicios que se remontan a 1829; una comunidad que ha logrado transformarse con el paso del tiempo, contando con un crecimiento significativo en población, cultura, economía, formado parte importante del Estado.
“El estudio de nuestra historia y nuestro futuro, es un tema del cual formamos parte todos los que habitamos en cada uno de los espacios. Y si bien es cierto, conocemos a la gente noble y bella que forma parte de este territorio, y reconocemos la labor que cada día a día realizan para el desarrollo y avance de nuestro municipio, y son parte fundamental del mismo, así como cada uno de nosotros que trabajamos para una evolución constante y de transformación”.

La diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó iniciativa de reforma a la Ley que Establece las Bases de Operación de las Casas de Empeño del Estado de Baja California, con la finalidad de actualizar la denominación de las autoridades públicas del Estado, así como sustituir las referencias de “salario mínimo” por el de “Unidad de Medida y Actualización” (UMA).
La iniciativa que fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, contempla necesario realizar una reforma a diversos artículos de dicha ley, en particular para actualizar la denominación de la Secretaría de Planeación y Finanzas por la Secretaría de Hacienda, acorde a la estructura actual del gobierno estatal.
La legisladora también señala que en la redacción, al mencionarse la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación, se refiere a “veces el salario”; sin embargo, de acuerdo al Decreto de Desindexación del Salario Mínimo, lo correcto debe de ser “veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.
Es así que la propuesta de reforma responde al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2016, donde “se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo”.
Aseguró que una de las principales responsabilidades de las y los legisladores, es revisar y actualizar el marco normativo estatal con el fin de verificar que la legalidad en la realidad jurídica sea una constante en beneficio de la sociedad; “por ello, es de suma importancia que las leyes se encuentren actualizadas conforme la estructura gubernamental responsables de su ejecución para bridar además de legalidad, certeza jurídica al destinatario de la norma”.
En consecuencia, la intención legislativa es actualizar la Ley que Establece las Bases de Operación de las Casas de Empeño del Estado, en sus artículos 25 y 47, con la nueva nomenclatura derivada de la Constitución local y la respectiva Ley Orgánica, así como modificar los numerales 15, 25 y 40 respecto a la referencia de obligaciones o imposición de multas en base a la UMA; a efecto de que exista plena armonía legislativa, y no se generen inconvenientes en el ejercicio de las atribuciones en materia de casas de empeño.