El Congreso del Estado de Baja California en coordinación con el Hospital de Salud Mental de Tijuana, A.C., invitan a la comunidad educativa y ciudadanía en general a participar en el 2° Foro de Consulta en materia del uso preventivo de dispositivos digitales en entornos escolares, que se celebrará mañana miércoles 29 de abril a las 13:00 horas en la Sala Mujeres de Baja California Forjadoras de la Patria.
Una problemática central es el uso descontrolado de dispositivos digitales en las escuelas, que está provocando distracción en clase, bajo rendimiento académico y riesgos como el ciberacoso, sin que existan lineamientos claros ni orientación suficiente para su uso responsable.
En seguimiento a la iniciativa presentada por el diputado Ramón Vázquez Valadez para regular el uso de celulares y dispositivos electrónicos personales durante la jornada escolar, este foro busca abrir un espacio de diálogo y análisis entre autoridades educativas, especialistas, docentes, madres, padres de familia y estudiantes, con el fin de construir propuestas preventivas que promuevan un uso responsable y seguro de la tecnología en la comunidad escolar.
La convocatoria es abierta al público y contará con la participación de especialistas en salud mental, quienes ofrecerán conferencias y ponencias sobre el impacto de la tecnología en la educación, la salud mental y la convivencia escolar.
A través de este ejercicio de consulta, se fortalece el análisis legislativo y se recogen aportaciones de la comunidad educativa, en línea con la propuesta del diputado Vázquez Valadez de garantizar un uso responsable y seguro de la tecnología en las aulas.

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, presentó un posicionamiento ante el Pleno del Congreso del Estado en el que hizo un llamado a visibilizar y atender de manera integral las necesidades de las personas dentro del espectro autista y sus familias.
Durante su intervención, la legisladora subrayó que el Trastorno del Espectro Autista continúa siendo una realidad insuficientemente comprendida y atendida, lo que ha derivado en barreras estructurales que limitan el acceso a diagnósticos oportunos, atención especializada y condiciones reales de inclusión.
Señaló que, a nivel nacional, se estima que al menos una de cada cien niñas y niños podría encontrarse dentro del espectro autista; sin embargo, la ausencia de un registro oficial impide dimensionar con precisión esta condición, lo que impacta directamente en la planeación de políticas públicas, asignación de recursos y cobertura de servicios.
En el caso de Baja California, reconoció avances impulsados desde instituciones como el DIF estatal, así como el trabajo de organizaciones civiles, especialistas y familias, quienes han contribuido a generar espacios de atención y sensibilización; no obstante, advirtió que aún persisten importantes retos para garantizar una atención equitativa y oportuna.
Destacó que muchas familias continúan enfrentando dificultades para acceder a terapias especializadas y servicios públicos, particularmente en contextos donde la atención depende de factores como la disponibilidad de especialistas, la capacidad económica o la ubicación geográfica, lo que genera desigualdades en el ejercicio de derechos fundamentales.
En materia educativa, puntualizó que, si bien se han logrado avances en inclusión, es necesario fortalecer la capacitación docente, las adecuaciones razonables y el acompañamiento especializado, a fin de garantizar que niñas, niños y adolescentes dentro del espectro autista puedan desarrollarse plenamente en condiciones de igualdad.
Ante estas barreras, la diputada Evelyn Sánchez reafirmó el compromiso de traducir este posicionamiento en acciones concretas, destacó que presentó una iniciativa para fortalecer la Ley de Atención y Protección a Personas con Autismo en Baja California, la cual contempla la creación de un padrón estatal, un Centro Estatal de Atención Integral y mecanismos que garanticen el acceso efectivo a servicios de salud, educación, inclusión laboral y desarrollo social.

La diputada Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza, presentó ante el Pleno de la XXV Legislatura una proposición mediante la cual se exhorta a la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda para que instruya al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (IMOS) a implementar acciones regulatorias que permitan la plena identificación de conductores de motocicletas en la entidad.
“Se trata de establecer mecanismos claros de identificación, como la matrícula visible en el casco o en elementos adicionales, para que autoridades y ciudadanía puedan reconocer a los motociclistas durante su circulación en la vía pública”, indicó la legisladora.
En su exposición de motivos resaltó que en los últimos años se ha observado un incremento en hechos delictivos cometidos a bordo de motocicletas, donde los responsables aprovechan la ausencia de identificación para evadir la justicia.
Por ello, la propuesta plantea fortalecer los registros y padrones de motociclistas, promover su actualización y regularización, así como implementar operativos de supervisión en coordinación con autoridades municipales y de seguridad pública.
Reiteró que estas medidas buscan coadyuvar en la prevención de conductas delictivas, sin menoscabo de los derechos de las personas usuarias de motocicletas, promoviendo un equilibrio entre movilidad, seguridad y orden público.
La proposición contó con el respaldo unánime del Pleno legislativo, y diversas diputaciones de distintas fuerzas políticas se adhirieron de manera particular, reconociendo que la problemática de seguridad vinculada al uso de motocicletas requiere soluciones integrales y consensuadas para proteger a la ciudadanía y fortalecer la capacidad de respuesta institucional.
“La seguridad pública es una responsabilidad compartida, y este exhorto refleja la voluntad de todas las fuerzas políticas de atender una demanda ciudadana que no puede esperar”, declaró Tere Ruiz.
En el mismo sentido de prevención, la diputada del PES anunció que presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado, con el propósito de que las consideraciones planteadas en el exhorto queden establecidas de manera permanente en la norma correspondiente, garantizando así que estas medidas se conviertan en política pública de largo alcance.