Con el objetivo de fortalecer la atención a personas en contexto de movilidad y otras condiciones de vulnerabilidad, el Gobierno de Baja California, a través de la Secretaría General de Gobierno, impulsó una jornada de capacitación dirigida a personal de primera respuesta, policía municipal y organizaciones de la sociedad civil.

La capacitación, impartida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), se enfocó en el derecho a la igualdad y la no discriminación en el servicio público, con el propósito de mejorar la atención que brindan las instituciones a poblaciones que enfrentan condiciones de exclusión.

Durante la jornada, se desarrollaron dos talleres dirigidos a perfiles clave en la atención directa: por un lado, personal de espacios de recepción y atención en Tijuana; y por otro, cerca de 100 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

A través de estos espacios, se abordaron temas como el uso del lenguaje incluyente, la identificación de actos discriminatorios, la erradicación de estigmas y los protocolos de actuación para garantizar un trato digno, humano y libre de prejuicios.

La subsecretaria de Atención a Grupos Prioritarios, Elena Anguiano Rentería, destacó que este tipo de acciones buscan fortalecer las capacidades institucionales para brindar una atención más adecuada y respetuosa de los derechos humanos, particularmente en contextos de alta demanda como la frontera.

En esta jornada también participaron representantes de albergues y organizaciones que brindan atención directa a población en movilidad, entre ellas Refugio Salesiano Don Bosco, Desayunador del Padre Chava, Espacio Migrante, Juventud 2000, Asylum Access, Save the Children, así como organismos internacionales y de cooperación como ACNUR y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), sumando un total de 24 personas provenientes de estos espacios.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, a través de la Secretaría General de Gobierno encabezada por Juan José Pon Méndez, para fortalecer la profesionalización del funcionariado público y mejorar la atención a personas en situación de vulnerabilidad, garantizando un enfoque de derechos humanos en todos los niveles de atención.

Con el propósito de fortalecer los modelos de atención integral y el acompañamiento psicológico, el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) de Baja California participó en el simposio “Perros de intervención y soporte emocional en la práctica psicológica”, llevado a cabo en el marco del LII Congreso Nacional de Psicología en CETYS Universidad.

En representación de la institución, la psicóloga y encargada del programa de binomio canino en CEJUM Tijuana, María José Valenzuela Sosa, compartió panel con expertas del estado de Sonora. En este espacio, intercambiaron conocimientos y experiencias sobre el impacto positivo de esta técnica de asistencia en los procesos terapéuticos y de justicia.

Durante la exposición, se detalló que el trabajo con perros de intervención es una labor de alta especialización centrada en la detección de estados emocionales. Se explicó que la asistencia de estos canes ayuda a reconocer la ansiedad en las usuarias, lo que permite generar entornos de mayor confianza y seguridad para que puedan transitar por sus procesos de manera más tranquila.

Al respecto, la directora del CEJUM, Magdalena Bautista, puntualizó: “Nuestro objetivo es que cada mujer y sus hijas e hijos que lleguen al CEJUM se sientan acompañados y protegidos. El trabajo con nuestros perros de intervención permite reducir los niveles de estrés y ansiedad, facilitando que las usuarias transiten por sus procesos de una manera más amable, segura y con mayor confianza”.

La participación del CEJUM en este congreso nacional subraya el compromiso de la institución por mantenerse a la vanguardia en metodologías de asistencia humana, profesionalizando constantemente a su personal para aplicar herramientas terapéuticas innovadoras que eviten la revictimización.

Estas acciones se alinean a la visión de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y a la directriz del secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, de consolidar un servicio público que ofrezca una atención cada vez más sensible, empática y centrada en el bienestar integral de las mujeres bajacalifornianas y sus familias.

En seguimiento a la reforma a la Constitucional Federal denominada “Plan B”, el diputado Juan Manuel Molina García presentó ante la XXV Legislatura una iniciativa para armonizar la Constitución de Baja California, la cual busca garantizar la paridad de género en los Ayuntamientos, establecer un límite presupuestal para el Congreso y fijar topes en las remuneraciones de los organismos electorales.
En su planteamiento Molina García resaltó que la Presidenta de la República ha impulsado con determinación una profunda revisión del costo que representan los aparatos de gobierno, haciendo un llamado categórico a la moderación y al ejercicio responsable del gasto público.
“Cada peso que se destina a burocracia excesiva es un peso que se le quita a las calles, al agua potable y a la seguridad que las familias reclaman con urgencia”, refirió el legislador.
En lo que respecta a los Ayuntamientos, la iniciativa propone que los cabildos se integren con una sindicatura y hasta quince regidurías, incorporando de manera explícita los principios de paridad de género, perspectiva de igualdad e igualdad sustantiva. Con ello se busca que las decisiones municipales reflejen la diversidad de la sociedad y que las mujeres tengan garantizada su participación en la vida pública.
En materia presupuestal, se establece que el Congreso del Estado no podrá superar un el 0.70% del presupuesto estatal, garantizando disciplina financiera y austeridad republicana.
Igualmente, la reforma incluye que las percepciones de consejeros y magistrados electorales, así como los titulares de áreas ejecutivas y técnicas, estén sujetas a un límite constitucional, prohibiendo privilegios como seguros privados, pensiones especiales o prestaciones exclusivas. Con ello se busca blindar los recursos públicos contra el dispendio y asegurar que el servicio electoral se ejerza con responsabilidad y transparencia.
“La armonización no es solo un mandato federal, es un compromiso ético con la ciudadanía para que los recursos públicos se usen con responsabilidad”, concluyó Juan Manuel Molina.