En sesión extraordinaria, la XXV Legislatura respaldó la Minuta remitida por el Congreso de la Unión, derivada de la iniciativa presentada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, misma que tiene el propósito de fortalecer la austeridad republicana, reducir privilegios y reforzar mecanismos de control democrático en los distintos niveles de gobierno, destinando los recursos generados hacia inversión social y obra pública.
Durante la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política dio lectura al Acuerdo, mismo que fue sometido al Pleno con dispensa de trámite, por urgente y obvia resolución, en términos del artículo 135 constitucional, y que contempla la reforma de los artículos 115 y 116, así como la adición de un párrafo al artículo 134 de la Carta Magna.
En lo relativo a los ayuntamientos, se establece un tope máximo de quince regidurías bajo principios de paridad de género y perspectiva de igualdad sustantiva. Para los congresos locales, se fija que su presupuesto anual no exceda del 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
Las remuneraciones de las personas consejeras electorales, magistradas y magistrados electorales, titulares de órganos administrativos y áreas ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, organismos públicos locales y tribunales electorales de las entidades federativas, no podrán exceder el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución.
Asimismo, dichos servidores públicos no podrán adquirir ni contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
Con la reforma también se incorporan adecuaciones en materia de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en la integración de los órganos legislativos estatales y en el poder público municipal.
En el debate previo a la votación se señaló que el Poder Legislativo del Estado ya se están realizando ajustes presupuestales, con el fin de adelantar la aplicación de las medidas de austeridad.
La votación en el Pleno local se resolvió con 21 votos a favor de las diputaciones de Morena, PES, PT, FXM, PVEM y MC, y 4 votos en contra correspondientes al legislador del PRI y a la bancada del PAN.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, durante los primeros minutos de este miércoles se llevó a cabo la Sesión de Instalación de la Mesa Directiva que conducirá los trabajos del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XXV Legislatura.
En sesión previa, el diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó ante el Pleno la propuesta para conformar la nueva Mesa Directiva, la cual fue aprobada por mayoría. Quedando integrada de la siguiente manera: diputada Michel Sánchez Allende como Presidenta, Araceli Geraldo Núñez como Vicepresidenta, Jaime Eduardo Cantón Rocha como Secretario, Humberto Valle Ballesteros como Prosecretario y María Teresa Méndez Vélez como Secretaria Escrutadora.
Una vez instalado el órgano de gobierno, la legisladora Michel Sánchez presentó el Acuerdo con el calendario de sesiones ordinarias a desahogar, el cual se sometió a votación contando con los votos de todas las diputaciones presentes.
Las sesiones ordinarias de este periodo, que se extiende del 1 de abril al 31 de julio de 2026, se llevarán a cabo a las 10:00 hrs. En el mes de abril los días 1 de instalación, 16 y 23; en mayo los días 7 y 21; en junio los días 4 y 18; en julio los días 2 y 31 con sesiones previas y de clausura, respectivamente.
Cabe destacar que la diputada Presidenta tiene la responsabilidad de conducir los trabajos del Pleno y representar institucionalmente al Congreso. La diputada Vicepresidenta auxiliará en la conducción de las sesiones y sustituye a la Presidenta en caso de ausencia, el diputado Secretario llevará el control de asistencia y da lectura a los documentos oficiales, el diputado Prosecretario apoyará en la revisión de actas y documentación, mientras que la diputada Secretaria Escrutadora verificará y certificará las votaciones realizadas en el Pleno.

El Dictamen No 81 de la CGLyPC relativo a la reforma a la Ley de Expropiación del Estado, presentada por la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López fue aprobada por el pleno en la reciente sesión ordinaria.

Dicha iniciativa pretende armonizarla con la Ley Orgánica de la Administración Pública de Baja California, respecto a la denominación para referirse a la autoridad expropiante y a la secretaría encargada de ejecutar lo concerniente a las expropiaciones.

Desde la óptica de la inicialista, entre las razones que justifican el cambio legislativo son las siguientes: Emplear un lenguaje incluyente no discriminatorio en la armonización y, actualizar la denominación de secretarías y dependencias con un lenguaje inclusivo.

Esta reforma es una respuesta a los tiempos actuales; al trabajo y a la ardua lucha que busca consolidar que se otorgue un valor igual a todas las personas gobernadas, visibilizando la diversidad social y promoviendo la igualdad.

En 2021 fue presentado el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California por la Titular del Ejecutivo del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, en el cual versan las voces de cientos de bajacalifornianos unidos con el mismo objetivo: tener una Baja California consolidada, donde seamos participes en el bienestar de todas y todos.

Así mismo, presentó una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública de Baja California, reestructurando las distintas secretarías y órganos descentralizados del Poder Ejecutivo, construyendo con ello nuevas estrategias en su administración.

Principalmente, estas estrategias datan de la creación de nuevas secretarías, separación de otras y nuevos órganos descentralizados, en ese tenor aún existen leyes que no armonizan con estos cambios en la reestructuración del Plan Estatal de Desarrollo de Baja California.

Y uno de estos instrumentos Jurídicos que se deben adecuar a la realidad que hoy vivimos, es la Ley de Expropiación de Baja California, pues en ella se encuentran principalmente nomenclaturas de secretarías que ya no existen, o en su caso estructuras que por el paso del tiempo se eliminaron, cambiaron de nombre o se fusionaron con otras, y por otra parte el lenguaje empleado no está en armonía a la inclusión y no discriminación.

Por tales motivos, fue aprobado el Dictamen No 81 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el Diputado Juan Manuel Molina, por dieciséis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.