Con el propósito de poner tope a las jubilaciones y evitar las llamadas “pensiones doradas” en las entidades públicas, el Congreso local respaldó la Minuta con proyecto de decreto remitida por el Congreso de la Unión, que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir una pensión o jubilación mayor a la mitad de la remuneración prevista para la persona titular del Ejecutivo Federal. El objetivo es preservar el carácter de las pensiones como instrumento de protección social y evitar beneficios individuales excesivos con cargo al erario.

Este cambio se inscribe en el esfuerzo nacional por ordenar el sistema de remuneraciones y pensiones del sector público, impulsado desde el Ejecutivo Federal por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha subrayado la necesidad de garantizar pensiones dignas y evitar privilegios desproporcionados que comprometan el gasto público.

​Las y los legisladores del Estado, coincidieron en el Dictamen proveniente del Parlamento Federal, al subrayar que la seguridad social responde a una lógica de solidaridad colectiva y de tutela frente a riesgos socialmente compartidos. Bajo ese razonamiento, las pensiones deben garantizar dignidad y bienestar a las generaciones presentes y futuras, sin convertirse en beneficios individuales desproporcionados.​

Asimismo, se precisa que quedan excluidas de este límite las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias en cuentas individuales, las aportaciones sindicales en sistemas complementarios de ahorro y la pensión no contributiva prevista en el artículo 4º constitucional.

Durante la discusión de la Minuta, las diputaciones acordaron establecer mesas de trabajo con grupos de jubilados del ISSSTECALI, para definir con claridad en las leyes secundarias los alcances de esta reforma federal y garantizar que la armonización estatal no perjudique a quienes reciben su retribución de manera legítima y digna.

Finalmente, se determinó que este nuevo acuerdo será presentado vía Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en próxima sesión, reafirmando la apertura al diálogo ciudadano y el compromiso de la XXV Legislatura con la justicia social y la defensa de los derechos fundamentales de las y los trabajadores, al tiempo que se pone fin a privilegios desproporcionados en el sistema de pensiones públicas.

Morena en Baja California respaldó el Plan B de la Reforma Electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que representa un avance para consolidar un sistema democrático más austero, eficiente y al servicio del pueblo, informó el vocero estatal del partido, Catalino Zavala Márquez.

Durante una conferencia de prensa realizada en Casa Morena en Ensenada, Zavala Márquez destacó que la propuesta busca eliminar privilegios dentro de las instituciones electorales y fortalecer los mecanismos democráticos. Señaló que su aprobación en el Senado representa un avance significativo en la transformación del sistema político del país.

En otro tema, el vocero subrayó que Morena mantiene una postura firme en favor del Estado de Derecho ante cualquier controversia política o legal, al reiterar que “nadie está por encima de la ley” y que todos los procesos deben resolverse conforme a las instituciones y con respeto a las garantías legales.

Respecto a la situación financiera del Ayuntamiento de Ensenada, indicó que cualquier propuesta de endeudamiento debe apegarse estrictamente a la normatividad, privilegiando la transparencia, la rendición de cuentas y la justificación clara del uso de los recursos públicos. Añadió que este tipo de decisiones deben ser informadas a la ciudadanía y cumplir con todas las etapas legales correspondientes.

Zavala Márquez también hizo un llamado a las y los aspirantes dentro del movimiento a respetar los lineamientos internos, evitando la promoción personal anticipada y cualquier práctica que contravenga la ley electoral. Recordó que Morena cuenta con órganos internos de vigilancia y que existen mecanismos de denuncia para garantizar el cumplimiento de las reglas.

Finalmente, afirmó que Morena continúa fortaleciéndose en Baja California con más de 400 mil afiliados y la conformación de comités en todas las secciones electorales, lo que permitirá consolidar la organización territorial y avanzar en la instalación de consejos municipales en todo el estado.

El Congreso del Estado de Baja California aprobó por unanimidad el dictamen número 80 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, respecto a las iniciativas de reforma y adición al Código Penal estatal, en materia de cohabitación forzada de personas.
Las iniciativas presentadas por la presentadas por la Red de Mujeres Unidas por Baja California A.C, la diputada Michel Sánchez Allende y el diputado Jaime Cantón Rocha, buscan fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables, a través de la visibilización de prácticas que, si bien son socialmente percibidas como “normales” o “tradiciones”, en realidad constituyen actos de violencia o explotación.
El Pleno reconoció que, aunque el matrimonio infantil está prohibido en México, persisten uniones informales que reproducen condiciones de desigualdad, control y violencia, afectando el desarrollo integral y el proyecto de vida de las víctimas.
La reforma incorpora un nuevo capítulo al Código Penal estatal, para establecer sanciones específicas a quienes cometan el delito de cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad o de personas en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, establece penas de ocho a quince años de prisión, así como sanciones económicas a quienes incurran en este delito, mismas que se incrementarán en casos donde exista parentesco entre la víctima y el agresor, así como cuando se trate de personas pertenecientes a comunidades indígenas o afromexicanas.
La creación de este tipo penal fortalece el principio del interés superior de la niñez y armoniza la legislación local con el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos.
Las y los legisladores destacaron que esta reforma también permite cerrar vacíos legales, al reconocer que estas prácticas no siempre implican violencia física inmediata, sino que se configuran mediante procesos de manipulación, coerción o presión sostenida en el tiempo.
Con esta aprobación, el Congreso del Estado avanza en la construcción de un entorno más seguro y justo para las infancias, al establecer herramientas legales claras para prevenir, sancionar y erradicar prácticas que vulneran la dignidad de este sector de la población.