Morena en Baja California respaldó el Plan B de la Reforma Electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que representa un avance para consolidar un sistema democrático más austero, eficiente y al servicio del pueblo, informó el vocero estatal del partido, Catalino Zavala Márquez.

Durante una conferencia de prensa realizada en Casa Morena en Ensenada, Zavala Márquez destacó que la propuesta busca eliminar privilegios dentro de las instituciones electorales y fortalecer los mecanismos democráticos. Señaló que su aprobación en el Senado representa un avance significativo en la transformación del sistema político del país.

En otro tema, el vocero subrayó que Morena mantiene una postura firme en favor del Estado de Derecho ante cualquier controversia política o legal, al reiterar que “nadie está por encima de la ley” y que todos los procesos deben resolverse conforme a las instituciones y con respeto a las garantías legales.

Respecto a la situación financiera del Ayuntamiento de Ensenada, indicó que cualquier propuesta de endeudamiento debe apegarse estrictamente a la normatividad, privilegiando la transparencia, la rendición de cuentas y la justificación clara del uso de los recursos públicos. Añadió que este tipo de decisiones deben ser informadas a la ciudadanía y cumplir con todas las etapas legales correspondientes.

Zavala Márquez también hizo un llamado a las y los aspirantes dentro del movimiento a respetar los lineamientos internos, evitando la promoción personal anticipada y cualquier práctica que contravenga la ley electoral. Recordó que Morena cuenta con órganos internos de vigilancia y que existen mecanismos de denuncia para garantizar el cumplimiento de las reglas.

Finalmente, afirmó que Morena continúa fortaleciéndose en Baja California con más de 400 mil afiliados y la conformación de comités en todas las secciones electorales, lo que permitirá consolidar la organización territorial y avanzar en la instalación de consejos municipales en todo el estado.

El Congreso del Estado de Baja California aprobó por unanimidad el dictamen número 80 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, respecto a las iniciativas de reforma y adición al Código Penal estatal, en materia de cohabitación forzada de personas.
Las iniciativas presentadas por la presentadas por la Red de Mujeres Unidas por Baja California A.C, la diputada Michel Sánchez Allende y el diputado Jaime Cantón Rocha, buscan fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables, a través de la visibilización de prácticas que, si bien son socialmente percibidas como “normales” o “tradiciones”, en realidad constituyen actos de violencia o explotación.
El Pleno reconoció que, aunque el matrimonio infantil está prohibido en México, persisten uniones informales que reproducen condiciones de desigualdad, control y violencia, afectando el desarrollo integral y el proyecto de vida de las víctimas.
La reforma incorpora un nuevo capítulo al Código Penal estatal, para establecer sanciones específicas a quienes cometan el delito de cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad o de personas en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, establece penas de ocho a quince años de prisión, así como sanciones económicas a quienes incurran en este delito, mismas que se incrementarán en casos donde exista parentesco entre la víctima y el agresor, así como cuando se trate de personas pertenecientes a comunidades indígenas o afromexicanas.
La creación de este tipo penal fortalece el principio del interés superior de la niñez y armoniza la legislación local con el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos.
Las y los legisladores destacaron que esta reforma también permite cerrar vacíos legales, al reconocer que estas prácticas no siempre implican violencia física inmediata, sino que se configuran mediante procesos de manipulación, coerción o presión sostenida en el tiempo.
Con esta aprobación, el Congreso del Estado avanza en la construcción de un entorno más seguro y justo para las infancias, al establecer herramientas legales claras para prevenir, sancionar y erradicar prácticas que vulneran la dignidad de este sector de la población.

El diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha presentó una iniciativa de reforma constitucional para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada en Baja California, para establecer en la Constitución local las obligaciones directas y facultades del Estado en esta materia e incorporar los elementos mínimos que debe reunir una vivienda para considerarse adecuada.
Actualmente la Constitución de Baja California en materia de vivienda es una de las más limitadas del país, por lo que la propuesta plantea fortalecer el enfoque actual, que restringe la acción gubernamental sólo a “promover” políticas de vivienda, por un mandato constitucional que obligue al gobierno estatal a “establecer” instrumentos, apoyos y políticas públicas que aseguren este derecho de manera efectiva.
De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa responde a una crisis habitacional en el estado, caracterizada por un déficit superior a 300 mil viviendas, condiciones inadecuadas de habitabilidad, inseguridad jurídica en la tenencia y un incremento sostenido en el costo del suelo urbano.
El legislador señaló que el proyecto de reforma busca incorporar en la Constitución los elementos que definen una vivienda adecuada, como habitabilidad, acceso a servicios públicos, ubicación, seguridad jurídica y pertinencia cultural, en concordancia con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, se propone adicionar un párrafo que otorga al Estado la facultad de establecer mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vaya en detrimento del interés público. Cabe mencionar que esta disposición es el complemento necesario del tope a las rentas aprobado en esta legislatura.
Adicionalmente, esta cláusula abre la puerta constitucional para la creación de una Ley de Vivienda estatal que regule de manera integral el mercado del suelo cuando afecte el interés social.
El promovente destacó también que esta iniciativa forma parte de una agenda legislativa en materia de vivienda, que incluye acciones previas como el establecimiento de límites al incremento de rentas y programas de construcción de vivienda para sectores vulnerables.
“Quien suscribe la presente iniciativa conoce esa pérdida, no como dato estadístico, sino como una experiencia propia que hoy es el motor de esta iniciativa y de una trayectoria legislativa que ha colocado la vivienda en el centro de la agenda pública de Baja California”, indicó.