Con el propósito de fortalecer la convivencia escolar y prevenir la violencia en los centros educativos, el Congreso del Estado aprobó la Proposición presentada por la diputada Alejandra Ang Hernández para exhortar a la Titular de la Secretaría de Educación a robustecer los mecanismos de seguimiento integral dirigidos a estudiantes identificados como generadores de conductas violentas.
La legisladora plantea la necesidad de consolidar lineamientos o protocolos complementarios que permitan intervenciones oportunas, formativas y preventivas, incorporando acompañamiento psicológico, programas de educación socioemocional y la participación activa de madres, padres o tutores.
En la exposición de motivos refirió que la violencia escolar representa una de las problemáticas más sensibles dentro del entorno educativo, ya que afecta el desarrollo académico, emocional y social de niñas, niños y adolescentes, además de propiciar entornos de temor e inseguridad que pueden derivar en deserción escolar.
“Si bien en Baja California existen disposiciones orientadas a la prevención y atención del acoso escolar, se requiere sistematizar mecanismos específicos que garanticen un seguimiento continuo y especializado a quienes incurren en este tipo de conductas, con un enfoque restaurativo que evite la estigmatización”, indicó.
Asimismo, la intervención temprana con estudiantes generadores de violencia debe considerar factores sociales, familiares y emocionales asociados a estas conductas, a fin de modificar patrones negativos, prevenir la reincidencia y contribuir a la construcción de comunidades escolares más armónicas.
Como antecedente, se refirió al caso reciente de agresión física entre estudiantes en un plantel educativo del municipio de Mexicali, hecho que evidencia la persistencia de este fenómeno y la necesidad de fortalecer políticas públicas integrales orientadas a su prevención y erradicación.

En sesión ordinaria el Congreso local aprobó la proposición presentada por la diputada Michelle Tejeda, para exhortar a las y los presidentes municipales de los siete ayuntamientos del estado a implementar estrategias integrales para la gestión de residuos neumáticos.
En su intervención desde Tribuna, la congresista indicó que en Baja California es común observar llantas abandonadas en lotes baldíos, canales, caminos y colonias, lo que genera afectaciones al entorno y a la salud pública. “Las llantas en desuso representan un reto ambiental importante, pues pueden acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos, y cuando se queman o se abandonan de forma irregular, provocan contaminación”, sostuvo.
El exhorto plantea que los municipios, en uso de sus facultades reglamentarias, fortalezcan acciones de disposición, recolección y reciclaje, y que además prevengan y sancionen a quienes arrojen, entierren o quemen llantas en predios, patios, lotes baldíos o cualquier sitio a cielo abierto.
“Se trata de seguir sumando esfuerzos desde el ámbito municipal para atender un problema que impacta directamente en nuestras colonias, en nuestras comunidades y en el medio ambiente”, expresó la legisladora, al destacar que cuidar el entorno implica atender estas problemáticas cotidianas que influyen en la calidad de vida de la población.
Michelle Tejeda mencionó que recientemente se llevó a cabo una jornada de limpieza denominada Llantatón, en la que en apenas diez horas se recolectaron alrededor de 1,500 llantas en una sola comunidad de Mexicali.
En ese sentido, anunció también la presentación de una iniciativa para reformar la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Baja California, con el objetivo de otorgar mayores atribuciones a los municipios para sancionar la quema de llantas a cielo abierto, así como su abandono o enterramiento.
El propósito de esta iniciativa —dijo— es establecer de manera expresa que corresponde a los ayuntamientos aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica generada por estas prácticas, reforzando así el marco legal para atender un problema que afecta directamente a la salud pública y al medio ambiente.

El Pleno del Congreso de Baja California aprobó un exhorto promovido por el diputado Jaime Cantón Rocha para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la Secretaría de Economía e Innovación del Estado, elaboren un diagnóstico sobre el impacto de la inteligencia artificial y la automatización en el mercado laboral de la entidad.

Durante su intervención en tribuna, el legislador presentó una serie de datos que evidencian la magnitud del reto, de acuerdo con el Banco de México, el 63 por ciento del empleo manufacturero del país se encuentra en riesgo de ser automatizado. A su vez, Banamex reportó que el 30 por ciento del empleo formal enfrenta un alto nivel de vulnerabilidad, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) eleva esta estimación al 41 por ciento.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo advirtió que las mujeres tienen 1.5 veces más probabilidades de desempeñarse en ocupaciones susceptibles a la automatización.

El diputado contextualizó estas cifras en el escenario local y subrayó que el debate sobre la inteligencia artificial debe centrarse en sus efectos sociales y económicos. Desde tribuna, expresó que esta tecnología no es buena ni mala por sí misma, sino que el desafío radica en determinar a quién beneficiará: si a unos cuantos o al conjunto de la sociedad.

Con esta acción legislativa, Baja California se posiciona entre las primeras entidades del país en solicitar formalmente un diagnóstico estatal sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, un tema que ha cobrado relevancia en la agenda internacional.

El exhorto plantea la necesidad de identificar cuántos empleos podrían estar en riesgo de automatización, en qué sectores productivos y en qué municipios se concentraría esta situación. Asimismo, busca establecer qué habilidades requerirán las personas trabajadoras para adaptarse a la transformación tecnológica.

De igual forma, se propone analizar qué estrategias de capacitación, reconversión laboral y desarrollo de habilidades digitales podrían implementarse para fortalecer la empleabilidad, así como evaluar el impacto que los procesos de automatización ya adoptados por empresas del programa IMMEX tienen en las comunidades del estado.