En sesión ordinaria, la diputada Daylín García Ruvalcaba presentó un respetuoso exhorto a la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, a destinar recursos federales extraordinarios para atender de manera urgente la crisis del sistema de salud pública en Baja California, particularmente el desabasto de medicamentos, la falta de insumos y el deterioro de la infraestructura hospitalaria.
La legisladora expuso que en Baja California la salud dejó de sentirse como un derecho y comenzó a vivirse como una preocupación constante, para miles de familias la enfermedad representa no solo un desafío físico, sino también angustia, incertidumbre y miedo de no encontrar medicamentos, de que sus tratamientos no estén completos, y de enfrentar demoras en las cirugías y citas médicas.
“No hablamos de cifras ni de trámites, hablamos de vidas, hablamos de dignidad, de personas que solo piden que tengan medicamentos, que tengan sus tratamientos y que sus cirugías estén a tiempo”, sostuvo Daylín García.
La diputada insistió que el gobierno estatal no ha dado las soluciones suficientes, y por ello la enfermedad se ha convertido en una carga económica para miles de familias bajacalifornianas.
Por otro lado, destacó que el personal médico, pese a las carencias y la falta de pagos, sigue ahí, sosteniendo con vocación y humanidad un servicio que no pueden prestar completo, lo que hace urgente la regularización de su situación laboral.
La proposición presentada contó con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el Pleno del Congreso, reflejando el consenso en torno a la necesidad de atender de manera inmediata la crisis sanitaria que atraviesa Baja California.

La diputada Araceli Geraldo presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo para exhortar a las corporaciones municipales de seguridad pública a que instruyan a las y los agentes de tránsito a informar de manera clara el sustento legal al momento de imponer una multa, para que la ciudadanía conozca por qué son sancionadas y cuánto deben pagar.
La propuesta plantea que, al momento de levantar una infracción, los elementos de policía muestren y expliquen el reglamento aplicable, señalando el artículo específico, la fracción correspondiente y los factores considerados para determinar el monto de la sanción, con el objetivo de fortalecer los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica.
En la exposición de motivos, la legisladora señaló que uno de los reclamos más frecuentes de la ciudadanía es la falta de claridad respecto a los motivos y montos de las multas de tránsito, situación que ha generado desconfianza y percepción de arbitrariedad en la actuación de la autoridad.
“Muchos conductores manifiestan no haber sido informados sobre el artículo específico que presuntamente infringieron ni sobre los criterios utilizados para calcular el importe de la multa, lo que provoca incertidumbre y una sensación de indefensión frente al ejercicio del poder sancionador”, indicó.
La transparencia en la imposición de multas no sólo protege los derechos de las y los conductores, sino que también fortalece la legitimidad de la autoridad y fomenta una cultura de respeto a la legalidad, al permitir que la ciudadanía conozca de manera directa las normas que regulan la circulación vial.
En ese sentido, la exhibición del reglamento ayudaría a evitar abusos de autoridad, ya que el agente de tránsito tiene que actuar con estricto apego a la norma y la ciudadanía puede verificar la legalidad de la sanción impuesta, lo que fortalece la rendición de cuentas y reduce la discrecionalidad en la aplicación de multas, para promover un ejercicio más justo y equitativo de la función pública.
Esta medida contribuiría a la transparencia, la educación vial y al fortalecimiento del Estado de derecho, beneficiando tanto a la ciudadanía como a las instituciones encargadas de velar por el orden y la seguridad en la vía pública.

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Manuel Molina García, detalló que el Congreso del Estado de Baja California cuenta con un presupuesto que incluye al Poder Legislativo y a la Auditoría Superior del Estado, lo cual implica más responsabilidades, más personal y la presencia de 25 diputaciones de distintas fuerzas políticas.
“Dividir el presupuesto entre el número de diputados no sería el parámetro más adecuado para considerar el costo de una diputación”, señaló, al explicar que en Baja California cada legislador representa entre 160 y 170 mil habitantes, mientras que en Colima cada diputación atiende a 25 mil o 30 mil personas.
El legislador de Morena refirió que la dimensión territorial también marca una diferencia: “por ejemplo, tan solo el quinto Distrito del Estado tiene una extensión superior al mismo estado de Colima, y atender a la ciudadanía implica retos muy distintos”.
Molina García hizo mención que en Baja California se llegó a plantear en legislaturas pasadas incrementar el número de diputaciones de 25 a 40, aplicando el parámetro hecho en días pasados entonces sería de las más “baratas”, lo cual consideró que no es un dato exacto.
Por otro lado, lamentó que en algunos medios se difundieron declaraciones imprecisas que aseguraban la existencia de bonos, pagos por presidir comisiones o percepciones adicionales en el Congreso de Baja California.
Asimismo, aclaró que las percepciones de las diputaciones en Baja California se encuentran entre las más bajas del país. “Aquí percibimos 62 mil pesos, no hay bonos, no hay seguros de vida, no hay aguinaldos ni primas vacacionales, inclusive no contamos con seguridad social ni servicios de salud”, manifestó.
“Sin embargo, si hay que reducir partidas y eficientar áreas, estamos listos para hacerlo con responsabilidad”, concluyó Juan Manuel Molina al referirse a la próxima reforma constitucional que busca estandarizar presupuestos y percepciones en los Congresos del país, que será presentada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.