Con el objetivo de fortalecer la prevención y atención de la violencia digital, el Congreso del Estado de Baja California, a través de la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Michel Sánchez Allende y la Unidad de Igualdad de Género, invita a la ciudadanía a la conferencia “¿Qué hacer en caso de que difundieran mis nudes?”, que será impartida por la activista Olimpia Coral Melo, el próximo martes 17 de marzo a las 12:00 horas en el Teatro del Estado, en Mexicali.
La actividad forma parte de la Jornada para la Prevención y Atención de la Violencia Digital e Implementación de la Ley Olimpia, organizada por el Congreso del Estado en coordinación con la Dirección de Administración y con el respaldo de la Secretaría de Cultura del Estado.
La activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la legislación que sanciona la violencia digital en México, ha sido reconocida internacionalmente por su trabajo para visibilizar este fenómeno y promover marcos legales que protejan a las mujeres en el entorno digital.
La conferencia se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer y forma parte de las acciones institucionales para fortalecer la cultura de respeto y garantizar entornos libres de violencia, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Daryela, que establece la capacitación en materia de género y prevención de la violencia como una obligación dentro del servicio público.
Este encuentro busca generar conciencia sobre una problemática que afecta principalmente a mujeres y jóvenes en entornos digitales, así como brindar herramientas para identificar, prevenir y denunciar conductas como el ciberacoso, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, la suplantación de identidad o la divulgación de datos personales en redes sociales.
La violencia digital comprende actos como amenazas, hostigamiento, difusión de imágenes íntimas o monitoreo no autorizado de dispositivos, prácticas que vulneran la privacidad, la dignidad y la seguridad de las personas, generando impactos psicológicos, emocionales y sociales que trascienden el entorno virtual.
Durante el evento se espera la participación de diputadas y diputados de la XXV Legislatura, personal del Poder Legislativo, personas servidoras públicas, juventudes y público en general, con una asistencia estimada de entre 800 y mil personas, en un espacio de diálogo y aprendizaje colectivo sobre derechos digitales y protección de la intimidad. El acceso al evento será gratuito con registro previo, y las personas interesadas podrán obtener más información a través del teléfobo686 5595600 ext. 435.

Con el propósito de que el Ejecutivo Estatal expida y publique el reglamento de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte de Baja California, a fin de poner fin a la aplicación discrecional de reglamentos municipales y establecer un régimen uniforme de sanciones, el Pleno del Congreso local respaldó el exhorto presentado por el diputado Diego Echevarría Ibarra.
En su intervención el inicialista aludió que el artículo décimo séptimo transitorio de la Ley dispuso que continuarían vigentes las disposiciones municipales hasta que se emitiera el reglamento estatal, lo cual debió ocurrir en un plazo de 180 días a partir de marzo de 2020. “El mantener este esquema de ultra- vigencia por casi seis años constituye una omisión reglamentaria que violenta los principios de seguridad jurídica y legalidad”, resaltó.
La falta de reglamentación ha derivado en prácticas discrecionales por parte del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), cuyos inspectores aplican de manera indistinta reglamentos de distintos municipios. Los transportistas viven en un estado de indefensión total, porque desconocen la regla exacta que les es aplicable.
Diego Echevarría advirtió que esta omisión ha generado un quebranto financiero para el Estado, pues el Tribunal de Justicia Administrativa ha anulado multas por falta de competencia y fundamentación.
“Es una irresponsabilidad administrativa facturar multas que se saben, de antemano, legalmente endebles”, observó.
El exhorto también solicita al IMOS entregar un informe detallado sobre las infracciones aplicadas desde 2020, los montos recaudados, los juicios de nulidad interpuestos y el impacto económico de las devoluciones de pagos indebidos.
Además, se pide a la Auditoría Superior del Estado realizar una revisión especial sobre la legalidad del ejercicio recaudatorio del instituto, en materia de infracciones y sanciones impuestas bajo el amparo del régimen transitorio de su ley, a fin de determinar posibles responsabilidades administrativas derivadas de la omisión reglamentaria de expedir el reglamento de la misma y el consecuente quebranto financiero en su caso por las multas declaradas nulas.

La XXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, contenida en el Dictamen 6 de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, presentada por el legislador de Morena, Dip. Ramón Vázquez Valadez.
La modificación fortalece el marco jurídico en materia de sanidad forestal, estableciendo que los tres órdenes de gobierno deberán promover la forestación y reforestación con especies forestales endémicas o nativas de la región, garantizando la conservación de los ecosistemas y evitando la introducción de especies invasoras.
Entre las razones expuestas por el inicialista, se destacó que Baja California cuenta con una superficie forestal aproximada de 1.9 millones de hectáreas, que cumplen funciones ecológicas esenciales y sostienen actividades económicas y culturales de las comunidades locales.
Sin embargo, el deterioro ocasionado por plagas, enfermedades forestales e incendios ha incrementado la presión sobre estos ecosistemas, generando la necesidad de un marco jurídico más claro y efectivo para su recuperación.
“La utilización de especies endémicas evita riesgos asociados a la introducción de plantas exóticas que, en muchos casos, terminan por convertirse en invasoras y desplazan a la vegetación local, alterando de forma negativa la dinámica de los ecosistemas”, indicó Ramón Vázquez.
La reforma aprobada establece que, cuando por motivos de sanidad forestal sea necesario realizar un aprovechamiento o eliminación de vegetación, deberá implementarse un programa integral de reforestación, restauración y conservación de suelos, obligando a propietarios y usufructuarios a efectuar la restauración en un plazo no mayor a dos años.
“Con este importante paso aseguramos que la recuperación de los ecosistemas se realice con especies nativas, adaptadas al clima y al territorio, evitando impactos dañinos y garantizando la conservación de nuestra riqueza forestal”, puntualizó Vázquez Valadez.