Con el objetivo de dar seguimiento a las acciones institucionales en materia de desaparición forzada, la diputada Alejandra María Ang Hernández presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una proposición de acuerdo económico para solicitar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) un informe actualizado sobre el cumplimiento de la Recomendación General No. 1/2021.
Al hacer uso de la tribuna, la legisladora planteó que dicho informe permita conocer el avance en la adopción de las 20 medidas dirigidas a diversas autoridades estatales, relacionadas con la prevención, investigación y erradicación de la desaparición forzada de personas en la entidad.
Ante esta situación, subrayó que la desaparición forzada constituye un delito y un crimen de lesa humanidad que vulnera gravemente los derechos fundamentales, citó datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que reportan más de 132 mil personas desaparecidas en el país desde 1964 a enero de 2026, de las cuales una proporción significativa corresponde a mujeres jóvenes.
Asimismo, señaló que México ha realizado esfuerzos normativos importantes tras la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, incluyendo la expedición de la Ley General en la materia en 2017 y la armonización legislativa en las entidades federativas.
En el caso de Baja California, destacó que en abril de 2024 el Congreso local expidió la Ley sobre Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado, además de aprobar presupuestos orientados al fortalecimiento institucional, además puntualizó la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, la inversión en nuevas instalaciones, el fortalecimiento del Centro Estatal de Ciencias Forenses y la ampliación de capacidades de la Comisión Local de Búsqueda y del Servicio Médico Forense.
No obstante, advirtió que “el contexto continúa siendo complejo, con reportes de hasta ocho desapariciones diarias en 2024 y un incremento de casos en la zona de Tijuana, lo que obliga a reforzar la coordinación y la evaluación permanente de las políticas públicas implementadas”.
Con base en ello, se exhorta al titular de la CEDHBC, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, que remita a la Presidencia de la Mesa Directiva un informe escrito, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, sobre el grado de cumplimiento de la Recomendación General No. 1/2021, a fin de fortalecer la rendición de cuentas y garantizar una atención integral a las víctimas y sus familias.

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad, el conjunto de reformas impulsadas por el diputado Jorge Ramos Hernández, orientadas a fortalecer las áreas de prevención del delito desde el ámbito municipal, mediante la creación en cada ayuntamiento de un Consejo Municipal para la Paz y la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Los Consejos serán los órganos colegiados encargados de formular programas, diseñar estrategias integrales, dar seguimiento a resultados y fomentar la participación ciudadana.
“El alcance que tiene esta reforma trasciende la manera tradicional de atender la política pública de la seguridad, lo que ahora estamos haciendo es institucionalizar la participación ciudadana y el control del pueblo sobre la política de seguridad más allá de trienios y sexenios”, subrayó Jorge Ramos.
Estas instancias municipales estarán integradas mayoritariamente por ciudadanos de reconocida solvencia moral, además de representantes vecinales, sociedad civil, sector académico y autoridades municipales y estatales, y serán presididos de manera indelegable por los alcaldes, quienes tendrán la responsabilidad política directa de conducir las políticas de prevención en sus demarcaciones.
“Con esta aprobación se está definiendo una política de seguridad en la que el presidente y la presidenta municipal de cada localidad no podrán delegar su presencia y participación en ningún otro funcionario cuando se trate de actividades relacionadas al Consejo de Seguridad y a las políticas de prevención del delito y de las violencias en sus ayuntamientos”, refirió el legislador inicialista.
Dentro de las atribuciones de los Consejos Municipales se incluyen aprobar los Programas Municipales de Prevención, diseñar estrategias con metas e indicadores de reducción de violencia, evaluar la inversión pública en prevención, coordinar dependencias municipales y estatales, fomentar comités comunitarios y campañas educativas, así como emitir recomendaciones a las autoridades locales.
También se asegura la coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Centro Estatal de Prevención Social, alineando esfuerzos con la Estrategia Nacional de Pacificación en materia de seguridad pública.
Cabe hacer mención que al momento de la votación del Dictamen No. 3 de Fortalecimiento Municipal, que contiene dicho proyecto, fue presentada una reserva por conducto de la diputada Yohana Gilvaja, en el sentido establecer un catálogo de los espacios públicos en los que se pueden realizar actividades deportivas, culturales, laborales y de prevención social del delito, reportando al Consejo las condiciones de utilidad y mantenimiento.
Asimismo, se determina la participación de los habitantes de colonias o poblados rurales en las acciones que se impulsen, y la planeación, instrumentación y evaluación de programas de administración del tiempo libre dirigidos a niñas, niños y adolescentes, con invitación a madres y padres de familia.
De esta manera fueron reformados los artículos 2, 6, 36, 42, 50 y 51, se adicionó la sección sexta al capítulo segundo y el artículo 20 bis de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; los artículos 3, 8, 10, 15, 18, 54, 87 y 88, así como la denominación del título octavo y del capítulo III del mismo, y adición del artículo 53 bis de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana; además el artículo 7 de la Ley del Régimen Municipal del Estado de Baja California.

El diputado Diego Lara Arregui presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Secretaría de Educación de Baja California, Irma Martínez Manríquez, a impulsar estrategias de uso responsable de tecnologías digitales y fortalecer las políticas públicas en materia de salud mental digital en el ámbito educativo.
La propuesta aprobada por el Pleno del Congreso, plantea que la Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Salud y demás autoridades competentes, consolide acciones preventivas y de acompañamiento frente a los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.
Señaló que “en el contexto actual caracterizado por la presencia constante de redes sociales, tanto en la vida cotidiana como en la vida escolar, resulta indispensable incorporar enfoques preventivos que atiendan los riesgos psicoemocionales derivados del uso inadecuado o excesivo de las tecnologías de la información”.
El legislador argumentó que el derecho a la educación, reconocido en el artículo 3° constitucional, no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que debe garantizar el desarrollo integral del alumnado, incluyendo su bienestar emocional, social y ético, en espacios seguros e incluyentes.
“También presenté una iniciativa de reforma orientada a reconocer y atender la salud mental digital, particularmente de niñas, niños y adolescentes, como el conjunto de condiciones que permiten el bienestar emocional en espacios virtuales, así como la prevención de afectaciones derivadas del uso inadecuado, excesivo o riesgoso de estas herramientas”, indicó.
El diputado destacó que ignorar el impacto del entorno digital en la autoestima, la socialización y la capacidad de concentración de las y los alumnos implica dejar de atender uno de los factores que hoy inciden con mayor fuerza en su desempeño escolar y estabilidad emocional.
Por lo que se exhortó a la Secretaría de Educación del Estado para que, en coordinación interinstitucional, fortalezca el diseño, implementación y consolidación de políticas públicas en materia de salud mental digital, con el objetivo de establecer una relación equilibrada, segura y consciente con la tecnología, potenciando sus beneficios sin comprometer la salud física, mental o social.