Estatal
CONGRESO DEL ESTADO AUTORIZA DEUDA PÚBLICA PARA INVERSIÓN PRODUCTIVA Y GARANTIZAR AGUA EN ZONA COSTA
El Dictamen No. 127 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto fue aprobado y se refiere a la Iniciativa de Decreto para autorizar al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California para que se gestione y contrate deuda pública, con el fin de llevar a cabo inversión pública productiva, como es el caso de la Desaladora de Rosarito para garantizar el agua en zona costa.
Se aprobó por diecinueve votos a favor, seis en contra (Echeverría, Corral, Gaona, Gilvaja, Daylín y Valle) y cero abstenciones, con una adenda presentada por la presidenta de esta Comisión dictaminadora, Diputada Julia Andrea González Quiroz, mediante la que se solicitan ajustes en los artículos primero, segundo, tercero, décimo y décimo tercero, para fortalecer su contenido.
Así mismo, se aprobó la reserva en lo particular, presentada por el Diputado Juan Manuel Molina al artículo quinto, relativo a fuente de pago del decreto que se aprueba, para que quede de la siguiente manera: El servicio de la deuda para el financiamiento que se autoriza, no tendrá impacto en las tarifas de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Tijuana y Ensenada.
Consideramos pertinente -dijo- refrendar nuestro compromiso ya asumido de este grupo parlamentario (Morena) de que el financiamiento aprobado con el Dictamen Número 127, impactará exclusivamente como fuente de pago de las obligaciones a su cargo que se deriven del o los financiamientos contratados al amparo del presente Decreto, un porcentaje necesario y suficiente de los ingresos derivados de la recaudación presente y futura que realice el “Estado”.
Esto, por concepto del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, por lo que hacemos la propuesta de ser reiterativos en nuestro compromiso de no impactar la economía familiar de las y los bajacalifornianos, agregó el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.
Con respecto al artículo primero del presente decreto: Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno de Baja California, por conducto del titular de la Secretaría de Hacienda, para que lleve a cabo los actos jurídicos necesarios para la gestión y contratación de financiamiento.
Esto, mediante la contratación de uno o varios financiamientos con cualquier institución financiera integrante del sistema financiero mexicano, incluyendo sociedades financieras de objeto múltiple, siempre que ofrezca las mejores condiciones de mercado, y en los términos y condiciones establecidos en el presente Decreto.
Mientras que, el artículo tercero relativo al plazo y periodo de gracia menciona que el “Estado” deberá formalizar el o los financiamientos que se autorizan en el presente Decreto en el ejercicio fiscal 2026, o 2027 inclusive, siendo el plazo máximo autorizado para el o los financiamientos que sean adquiridos conforme a lo autorizado en el presente Decreto, de hasta 30 años contados a partir de la fecha en que se celebren el o los contratos de crédito respectivos.
O bien, la fecha en que se realice la primera disposición de los recursos otorgados, cuando la misma sea cierta y conocida desde la fecha de celebración del o de los créditos bancarios. Dentro de los contratos que deriven del presente decreto, deberán contener el plazo en días y una fecha de vencimiento específica.
Asimismo, el o los financiamientos podrán estipular un plazo o periodo de gracia de hasta 36 meses, contados a partir de la primera disposición de los recursos del o los financiamientos, o en su caso desde la celebración de los contratos que sustenten las operaciones.
Se aprueba Acuerdo de la Comisión de Hacienda
De igual forma, se aprobó en el mismo sentido de votación, el Acuerdo No. 1 de la CHyP, estableciendo que se instruye a la Secretaría de Hacienda del Estado, presentar a esta Legislatura Local, un informe semestral de la aplicación de los recursos que derivan de los financiamientos que sean contratados, mediante el Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo de Baja California, para que gestione y contrate el citado financiamiento para inversión pública productiva.
Esto, a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California del citado Decreto y hasta en tanto las obligaciones que deriven de los financiamientos, hayan sido pagadas en su totalidad.
Se nombra en el siguiente artículo que a las Comisiones de Fiscalización del Gasto Público, así como a la de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, como comisiones unidas para dar seguimiento a la aplicación de los recursos que derivan del financiamiento que sea contratado mediante el citado decreto.
Estatal
MEJORAN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE TOPACIO CON RECURSOS PRODDER
Como parte del programa permanente de modernización de redes, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) ejecuta la reposición de la línea de agua potable en la Calle Topacio, en el tramo que va de la avenida Topacio a San Francisco, sobre la carretera a San Luis Río Colorado.
Los trabajos contemplan la instalación de 1,058 metros lineales de tubería de PVC hidráulico de 12 pulgadas de diámetro, en sustitución de la antigua línea de asbesto cemento. Esta intervención permitirá optimizar la conducción del agua, reducir riesgos de fugas y fortalecer la capacidad operativa del sistema en este sector de la ciudad.
La inversión destinada a la obra asciende a 8 millones 312 mil 839 pesos, recursos provenientes del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), con financiamiento conjunto del Gobierno Estatal y el Gobierno Federal en proporciones iguales.
De acuerdo con el reporte técnico, la obra presenta un avance físico del 38 por ciento y tendrá impacto directo en 2,772 residentes, quienes contarán con una red más eficiente y segura.
Con este tipo de proyectos, CESPM continúa impulsando acciones estratégicas para garantizar un servicio de agua potable con mayor calidad y durabilidad para la comunidad mexicalense.
Estatal
APRUEBAN INICIATIVA EN BENEFICIO DE LA NIÑEZ EN ESTADO DE ORFANDAD DE LA DIPUTADA GLORIA MIRAMONTES
En sesión de la Comisión de Bienestar, se aprobó la Iniciativa que reforma la Ley de Asistencia Social para Baja California de la Diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas cuyo objeto es incluir a las niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad a la Ley de Asistencia Social de Baja California.
Algunas de las razones que detalló la inicialista en su exposición de motivos que motivan el cambio legislativo, son: que el desarrollo social implica garantizar igualdad, justicia y bienestar integral, mediante políticas que atiendan factores estructurales que afectan a familias y personas vulnerables, promoviendo la cohesión comunitaria.
Por ello, la Comisión de Bienestar que preside la Diputada Michell Tejeda, consideró una vez revisados los motivos presentados por la Diputada Gloria Miramontes, que fueron suficientemente argumentados.
Al establecerse en la Ley a los niños y niñas en situación de orfandad, se garantiza consecuencias con un impacto altamente positivo, debido a que proporciona un entorno seguro y estable para los huérfanos, asegurando que sus necesidades básicas como: alimentación, vivienda, educación y atención médica, estén cubiertas.
Y ofrece apoyo emocional y psicológico a través de consejeros, terapeutas u otros profesionales capacitados, así como a través de grupos de apoyo donde los huérfanos pueden conectarse con otros, en situaciones similares.
Además de que se le garantiza a la niñez, el acceso a la educación, lo que brinda oportunidades para desarrollarse académica y personalmente; debido a que cuando carecen de cuidados parentales, estos menores enfrentan un riesgo elevado de exclusión social, deserción escolar, explotación y afectaciones a su desarrollo integral.
Por ello, la asistencia social en Baja California debe atender de manera prioritaria a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, entendiéndose como la condición en la que una persona menor de 18 años ha perdido a uno o ambos progenitores o tutores legales, y carece de redes familiares funcionales que garanticen su bienestar.
La orfandad infantil es un problema creciente en México; según UNICEF, millones de niños han perdido uno o ambos progenitores, lo que genera un alto grado vulnerabilidad y afecta su desarrollo integral.
Asimismo, las cifras nacionales y estatales muestran una alarmante falta de registros de seguimiento a niñas y niños huérfanos, evidenciando deficiencias estructurales en atención institucional y la supervisión pública.
Estatal
APRUEBAN DIVERSAS INICIATIVAS EN COMISIÓN DE JUSTICIA QUE PRESIDE LA DIPUTADA ANGÉLICA PEÑALOZA
En el seno de la Comisión de Justicia que preside la Diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, se aprobó una Iniciativa de reforma a la Ley en materia de Trata de Personas; dos iniciativas de reforma al Código Penal en materia de homicidio, lesiones y tipo de violencia química, con opinión de la Dirección de Consultoría del Congreso del Estado.
Aprobaron las diputaciones integrantes estas iniciativas por seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, para proteger a las infancias y a las mujeres víctimas de este tipo de agresiones, así como a las personas con discapacidad.
El proyecto que da origen al Dictamen No 21 de la Iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos en Baja California, fue avalado por seis votos a favor.
Tiene la pretensión de establecer el principio de no criminalización como rector de la legislación, y fue presentada por la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, en el mes de mayo del año anterior a este.
De esta forma, la no criminalización de las víctimas se adiciona a los Principios rectores de la presente Ley, en los términos previstos en la misma, como son: Máxima protección; Interés superior de la infancia; Derecho a la reparación del daño; y Garantía de no revictimización, entre otros.
Luego, fue aprobado el proyecto que da origen al Dictamen No. 22, en el que se unificaron las Iniciativas de reforma al artículo 147 del Código Penal de Baja California relativo a los delitos de homicidio y lesiones calificados, presentadas por la Diputada Michelle Tejeda Medina y la Diputada Adriana Padilla Mendoza, para ampliar el rango de protección a las personas menores de dieciocho años y a personas con discapacidad.
Además, se aprobó en esta sesión, el proyecto que origina el Dictamen No. 23 de la Iniciativa de reforma el artículo 143 TER del Código Penal Estatal, presentada por la Diputada Evelyn Sánchez, con la pretensión de ampliar y especificar los tipos de violencia química contra la mujer, y robustecer las obligaciones del Ministerio Público para garantizar la protección de la víctima.
En los casos previstos en este artículo, la fiscalía deberá actuar con perspectiva de género, y coordinarse con las autoridades competentes para decretar las medidas de protección previstas en la Ley de acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado.
Participaron en esta sesión, las diputaciones integrantes de esta comisión legislativa: Angélica Peñaloza, Ramón Vázquez, Juan Manuel Molina, Jaime Cantón, Araceli Geraldo y Diego Echevarría, así como el Director de la Consultoría Legislativa, Israel Ceseña, contándose con la asistencia de representantes de los poderes ejecutivo y judicial.
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