Con el objetivo de dar seguimiento a las acciones institucionales en materia de desaparición forzada, la diputada Alejandra María Ang Hernández presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una proposición de acuerdo económico para solicitar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) un informe actualizado sobre el cumplimiento de la Recomendación General No. 1/2021.
Al hacer uso de la tribuna, la legisladora planteó que dicho informe permita conocer el avance en la adopción de las 20 medidas dirigidas a diversas autoridades estatales, relacionadas con la prevención, investigación y erradicación de la desaparición forzada de personas en la entidad.
Ante esta situación, subrayó que la desaparición forzada constituye un delito y un crimen de lesa humanidad que vulnera gravemente los derechos fundamentales, citó datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que reportan más de 132 mil personas desaparecidas en el país desde 1964 a enero de 2026, de las cuales una proporción significativa corresponde a mujeres jóvenes.
Asimismo, señaló que México ha realizado esfuerzos normativos importantes tras la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, incluyendo la expedición de la Ley General en la materia en 2017 y la armonización legislativa en las entidades federativas.
En el caso de Baja California, destacó que en abril de 2024 el Congreso local expidió la Ley sobre Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado, además de aprobar presupuestos orientados al fortalecimiento institucional, además puntualizó la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, la inversión en nuevas instalaciones, el fortalecimiento del Centro Estatal de Ciencias Forenses y la ampliación de capacidades de la Comisión Local de Búsqueda y del Servicio Médico Forense.
No obstante, advirtió que “el contexto continúa siendo complejo, con reportes de hasta ocho desapariciones diarias en 2024 y un incremento de casos en la zona de Tijuana, lo que obliga a reforzar la coordinación y la evaluación permanente de las políticas públicas implementadas”.
Con base en ello, se exhorta al titular de la CEDHBC, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, que remita a la Presidencia de la Mesa Directiva un informe escrito, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, sobre el grado de cumplimiento de la Recomendación General No. 1/2021, a fin de fortalecer la rendición de cuentas y garantizar una atención integral a las víctimas y sus familias.

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad, el conjunto de reformas impulsadas por el diputado Jorge Ramos Hernández, orientadas a fortalecer las áreas de prevención del delito desde el ámbito municipal, mediante la creación en cada ayuntamiento de un Consejo Municipal para la Paz y la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Los Consejos serán los órganos colegiados encargados de formular programas, diseñar estrategias integrales, dar seguimiento a resultados y fomentar la participación ciudadana.
“El alcance que tiene esta reforma trasciende la manera tradicional de atender la política pública de la seguridad, lo que ahora estamos haciendo es institucionalizar la participación ciudadana y el control del pueblo sobre la política de seguridad más allá de trienios y sexenios”, subrayó Jorge Ramos.
Estas instancias municipales estarán integradas mayoritariamente por ciudadanos de reconocida solvencia moral, además de representantes vecinales, sociedad civil, sector académico y autoridades municipales y estatales, y serán presididos de manera indelegable por los alcaldes, quienes tendrán la responsabilidad política directa de conducir las políticas de prevención en sus demarcaciones.
“Con esta aprobación se está definiendo una política de seguridad en la que el presidente y la presidenta municipal de cada localidad no podrán delegar su presencia y participación en ningún otro funcionario cuando se trate de actividades relacionadas al Consejo de Seguridad y a las políticas de prevención del delito y de las violencias en sus ayuntamientos”, refirió el legislador inicialista.
Dentro de las atribuciones de los Consejos Municipales se incluyen aprobar los Programas Municipales de Prevención, diseñar estrategias con metas e indicadores de reducción de violencia, evaluar la inversión pública en prevención, coordinar dependencias municipales y estatales, fomentar comités comunitarios y campañas educativas, así como emitir recomendaciones a las autoridades locales.
También se asegura la coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Centro Estatal de Prevención Social, alineando esfuerzos con la Estrategia Nacional de Pacificación en materia de seguridad pública.
Cabe hacer mención que al momento de la votación del Dictamen No. 3 de Fortalecimiento Municipal, que contiene dicho proyecto, fue presentada una reserva por conducto de la diputada Yohana Gilvaja, en el sentido establecer un catálogo de los espacios públicos en los que se pueden realizar actividades deportivas, culturales, laborales y de prevención social del delito, reportando al Consejo las condiciones de utilidad y mantenimiento.
Asimismo, se determina la participación de los habitantes de colonias o poblados rurales en las acciones que se impulsen, y la planeación, instrumentación y evaluación de programas de administración del tiempo libre dirigidos a niñas, niños y adolescentes, con invitación a madres y padres de familia.
De esta manera fueron reformados los artículos 2, 6, 36, 42, 50 y 51, se adicionó la sección sexta al capítulo segundo y el artículo 20 bis de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; los artículos 3, 8, 10, 15, 18, 54, 87 y 88, así como la denominación del título octavo y del capítulo III del mismo, y adición del artículo 53 bis de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana; además el artículo 7 de la Ley del Régimen Municipal del Estado de Baja California.

Las diputaciones que integran la Comisión de Educación, Humanidades, Ciencia y Tecnología, que preside la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, aprobaron dos proyectos legislativos en sesión celebrada en la sala Octavio Paz.
El proyecto relativo a la Iniciativa por la que se reforma el artículo 19 de la Ley de Educación del Estado, presentada por el Diputado Ramón Vázquez Valadez, que tiene el objetivo de consolidar la modalidad de Educación Dual en la educación media superior, fue aprobado por votos cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Las razones que detalló el inicialista en su exposición de motivos que motivan el cambio legislativo son, entre otras, que la Ley General en la materia establece la educación dual como una opción en el nivel medio superior, combinando formación en escuela y empresa, para fomentar el desarrollo integral de los estudiantes.
Se busca garantizar el acceso sin limitación de rango de edad, promoviendo la inclusión y eliminando barreras discriminatorias. Se enfatiza la importancia de permitir a jóvenes de cualquier edad acceder a esta modalidad educativa, fomentando su desarrollo profesional y académico.
En el mismo sentido de votación, fue avalado el proyecto relativo a la Iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley de Juventud Estatal, presentada por la Diputada Evelyn Sánchez Sánchez con el objeto de fomentar la forestación.
Su pretensión es que el Estado y los Municipios por medio de la Secretaría de Educación Pública, desarrollen programas de educación ambiental y ecológica entre los jóvenes estudiantes en el Estado, del nivel secundaria al nivel medio superior.
En estos programas, como proyecto final se le solicitará al estudiante, con sus debidas excepciones, plantar un árbol y cuidarlo por al menos 1 semestre, dando prioridad al que de frutos comestibles o sombra.
Finalmente, fue avalado el proyecto respecto al Acuerdo Legislativo que remite Secretario General del Congreso de Jalisco, relativo a fomentar una cultura ambiental, basada en la conciencia, el cuidado, la protección y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales; evitando fomentar entre la comunidad escolar, el uso de papel y plástico para el forrado de libros y libretas, privilegiando el uso de materiales biodegradables y reciclables.
Participaron en esta sesión, las siguientes diputaciones: Dunnia Montserrat, Alejandra Ang, Gloria Miramontes y María Yolanda Gaona Medina, así como el Director de Consultoría Legislativa del Congreso del Estado, Israel Ceceña.