Bajo la presidencia de la diputada Michelle Tejeda, la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores celebró sesión ordinaria en la que se aprobaron importantes proyectos de dictamen orientados al fortalecimiento del desarrollo social y la protección de la niñez.
En primer término, se aprobó la propuesta de la diputada Dunia Montserrat Murillo López, mediante la cual se adiciona una fracción al artículo 3 de la Ley de Desarrollo Social, incorporando el bienestar social como principio rector de las políticas estatales y municipales, de modo que su diseño, instrumentación, ejecución y evaluación se orienten a la reducción de desigualdades, al acceso a servicios públicos y a la mejora integral de la calidad de vida de la población.
Con el propósito de reconocer a las niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad como sujetos de atención prioritaria, la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas impulsó la modificación al artículo 5 de la Ley de Asistencia Social del Estado, propuesta que fue avalada por las diputaciones integrantes de la Comisión, subrayando que esta condición coloca a la niñez en una situación de alta vulnerabilidad social, emocional y económica al carecer de cuidados parentales.
Finalmente, se avaló la iniciativa de la diputada Araceli Gerardo Núñez, que reforma la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta establece que el derecho a una educación de calidad debe ejercerse en entornos seguros y libres de violencia, obligando a las autoridades estatales y municipales a implementar medidas efectivas para prevenir, atender y sancionar cualquier forma de violencia en los centros educativos.
En estas labores legislativas participación las diputadas Michelle Tejeda, Montserrat Murillo, Gloria Miramontes, Mayola Gaona y el legislador Jaime Cantón. Los Dictámenes 13, 14 y 15 de la Comisión de Bienestar continuaran con su proceso legislativo hasta ser presentado ante el Pleno.

La diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, presentó una Iniciativa para armonizar y actualizar la Ley del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, con las modificaciones derivadas de la reforma al Poder Judicial.
Esta Ley que se busca reformar, fue diseñada bajo una estructura orgánica del Poder Judicial que contemplaba la existencia del Consejo de la Judicatura de Baja California, al cual se le atribuían facultades relevantes en materia de administración, vigilancia y disciplina judicial.
No obstante, derivado de las recientes reformas constitucionales y legales en materia de organización del Poder Judicial del Estado, el citado Consejo ha dejado de existir, dando lugar a una nueva composición y distribución de atribuciones dentro de los órganos de gobierno judicial.
Esta transformación institucional, hace indispensable la actualización y armonización del marco normativo secundario a fin de evitar vacíos legales, contradicciones normativas o disposiciones que ya no correspondan a la realidad orgánica vigente.
Ante esto, la Legisladora propuso que el Consejo de Administración esté facultado por la Ley, y así pueda administrar los bienes recabados por los distintos ingresos, que también pueden obtenerse por parte del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
La presente reforma a diversos artículos de la citada Ley, contempla entre otras bondades una enmienda a su artículo 2, garantizando que la gestión, supervisión y toma de decisiones respecto del Fondo Auxiliar, se realicen conforme a la estructura actualmente vigente y bajo principios de legalidad, certeza jurídica, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, la adecuación normativa propuesta, permitirá fortalecer el uso adecuado de los recursos del Fondo Auxiliar, asegurando que continúen destinándose al mejoramiento de la infraestructura judicial; la capacitación del personal jurisdiccional y administrativo; la modernización tecnológica y, en general a la consolidación de un sistema de justicia más accesible, eficaz y cercano a la ciudadanía.
Otra de las observaciones a la presente Ley, es la carencia de lenguaje inclusivo, para evitar el uso del masculino genérico, incluyendo a todas las personas independientemente de su género, promoviendo una comunicación más equitativa y respetuosa.
Es por ello que busca establecer la sustitución del vocablo “Magistrados” por el de “Magistraturas”, agregando la palabra Juezas, así como a “las y los integrantes del Consejo”, con lo que se elimina la posible discriminación normativa, a través de la inclusión de un lenguaje que haga referencia a ambos géneros.

La diputada Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza presentó un exhorto al Presidente Municipal de Tecate, Román Cota Muñoz, para implementar medidas inmediatas que atiendan los incendios constantes en el nuevo Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos, ubicado en Paso del Águila, así como retomar la rehabilitación del antiguo centro en la colonia Guajardo.
“La salud pública, la protección civil y el impacto ambiental no pueden esperar; los incendios recurrentes en el nuevo centro de transferencia son un riesgo directo para la población de Tecate”, expresó la legisladora del PES.
El resolutivo establece la necesidad de realizar estudios de riesgo por incendios superficiales y subterráneos, una evaluación del impacto ambiental y a la salud, así como un diagnóstico de operación y manejo de residuos, con medidas correctivas que eviten la recurrencia de siniestros.
“Exhortamos al Presidente Municipal a cumplir su compromiso público de convertir el antiguo centro de transferencia de la colonia Guajardo en un espacio verde y de esparcimiento, mediante un proyecto de saneamiento y recuperación ambiental”, señaló Terez Ruiz.
La propuesta también contempla la coordinación efectiva con autoridades estatales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Coordinación Estatal de Protección Civil, para acompañar técnicamente la atención y prevención de incendios, garantizando transparencia y rendición de cuentas.
Además, se recordó que el nuevo centro de transferencia, inaugurado con la promesa de ser una solución sustentable con capacidad de 4 mil toneladas mensuales, hoy evidencia deficiencias en su operación, quema recurrente de residuos y falta de infraestructura adecuada para el manejo ambiental.
“Este llamado institucional, es una exigencia ciudadana para que Tecate tenga espacios seguros, limpios y dignos”, puntualizó la diputada.
Al tratarse de un tema de gran trascendencia para la salud pública, la protección civil y el medio ambiente, el exhorto contó con el respaldo unánime del Pleno, sumándose de manera particular, las diputadas Maythé Méndez, Araceli Geraldo y el diputado Beto Valle, quienes coincidieron en la urgencia de atender los riesgos ambientales y de salud que enfrenta la población.