La diputada Liliana Michel Sánchez Allende recibió en la Sala Mujeres de Baja California: Forjadoras de la Patria, sede del Congreso del Estado, a 51 personas extrabajadoras de la empresa Autolite, quienes denunciaron haber sido despedidos sin indemnización o notificación formal tras el cierre repentino de la planta en enero pasado.
Durante el encuentro, la legisladora escuchó de manera directa los testimonios de quienes señalaron que, en algunos casos, simplemente encontraron las puertas cerradas y se les negó el acceso a su centro de trabajo, sin previo aviso ni acompañamiento institucional.
Entre las personas afectadas, hay quienes tienen de 6 meses hasta 21 años de antigüedad laboral, además existen referencias de compañeras y compañeros con más de 30 años de servicio. En su mayoría, se trata de personas con un rango de edad de los 48 a 70 años, por lo que hoy enfrentan serias dificultades para reinsertarse en el mercado laboral y por falta de alternativas inmediatas.
La diputada Michel Sánchez reiteró que este tipo de situaciones evidencian la urgencia de fortalecer el marco legal para evitar que las empresas abandonen a su personal sin asumir su responsabilidad. Recordó que en el Congreso local se impulsa una reforma al Código Penal conocida como “Ley antigolondrinas”, que busca tipificar como delito las malas prácticas patronales como el cierre repentino de empresas, el impago reiterado de salarios y el abandono laboral que deja en el desamparo a familias bajacalifornianas.
La diputada se comprometió a realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Empleo para vincular a las personas afectadas con nuevas oportunidades laborales. Asimismo, informó que buscará coordinación con la Secretaría de Economía e Innovación y la Secretaría de Bienestar para apoyar a quienes deseen emprender por cuenta propia.
“Cuando una empresa se instala en nuestra ciudad utiliza infraestructura, servicios públicos y el talento de nuestra gente; por eso exigimos responsabilidad social y respeto a los derechos laborales”, expresó.
Hizo un llamado a las personas trabajadoras a mantener la unidad y hacer un frente común, independientemente de que sus casos se judicialicen mediante representación legal pública o privada, subrayando que el acompañamiento institucional y la organización colectiva son fundamentales para defender sus derechos y evitar que estos hechos se repitan en Baja California.

El Congreso de Baja California, con el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en la XXV Legislatura, aprobó un exhorto dirigido al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, para que atienda de manera inmediata la crisis de violencia que enfrenta la entidad.
“La violencia se ha vuelto constante, visible y profundamente alarmante, hoy la gente camina con miedo en las calles, las colonias y en su vida cotidiana”, señaló la diputada Daylín García Ruvalcaba, proponente del exhorto.
La legisladora indicó que tan solo en enero se registraron más de 90 homicidios en Tijuana, mientras que en Mexicali se han desatado ejecuciones múltiples, robos violentos y hallazgos estremecedores como fosas clandestinas en el ejido Miguel Alemán.
“La magnitud de la crisis de seguridad en Baja California requiere de una respuesta federal clara, firme y visible, lo que está en juego no es solo una estadística delictiva, sino la tranquilidad y la vida diaria de millones de bajacalifornianos”, enfatizó García Ruvalcaba.
El exhorto aprobado por unanimidad solicita al Gobierno Federal declarar a Baja California como prioridad nacional en materia de seguridad, destinar recursos extraordinarios, diseñar un plan específico para la entidad y sostener reuniones directas con los comités ciudadanos de seguridad en los municipios.
“Es momento de que la Federación asuma su responsabilidad y encabece una estrategia que devuelva la confianza y la paz a las familias de Baja California”, subrayó Daylín García.

Con el objetivo de proteger la autonomía sindical y garantizar elecciones libres, personales, secretas y democráticas, el Pleno de la XXV Legislatura aprobó por unanimidad reformas a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California para prohibir y sancionar la injerencia patronal en la vida sindical de los trabajadores del Estado y municipios.
La iniciativa fue presentada en su momento por el diputado Juan Manuel Molina García; posteriormente, en la misma pretensión, las diputadas María Yolanda Gaona Medina y Santa Alejandrina Corral Quintero, junto con el diputado Juan Diego Echevarría Ibarra, presentaron su respectiva propuesta, lo que derivó en el Dictamen No. 79 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
Los inicialistas coincidieron en que estas modificaciones fortalecen el respeto a la vida interna de los sindicatos y garantizan elecciones libres, personales, secretas y democráticas, la neutralidad institucional y la correcta relación entre el Estado empleador y las personas trabajadoras.
Asimismo, destacaron que la reforma responde al mandato de un Decreto federal publicado el 15 de diciembre de 2025, el cual establece nuevas disposiciones para proteger plenamente a las organizaciones sindicales frente a cualquier tipo de injerencia de servidores públicos. Con ello, Baja California cumple con la obligación de armonizar su marco legal con las normas nacionales en materia de libertad sindical.
El nuevo Artículo 69 BIS establece que los sindicatos deberán gozar de protección contra todo acto de injerencia de servidores públicos en su constitución, funcionamiento, administración y procesos electorales. Cualquier contravención será considerada falta administrativa grave y sancionada conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
Se enlistan como actos de injerencia sindical, entre otras las siguientes: coacción o amenazas a trabajadores, presión jerárquica, condicionamiento de servicios o beneficios, financiamiento indebido, manipulación de procesos electorales, represalias por afiliación sindical, difusión de información falsa, uso de recursos públicos para proselitismo, y cualquier acción que afecte la libertad del voto sindical.
Por su parte el Artículo 51 BIS de la Ley de Responsabilidades Administrativas determina que será responsable de injerencia sindical la persona servidora pública que incurra en dichas conductas, directamente o por terceros.
El diputado Juan Manuel Molina presentó una reserva que también fue admitida por el Pleno, en el sentido de garantizar la claridad de las disposiciones transitorias y afinar el lenguaje jurídico del nuevo artículo 69 BIS, asegurando que el catálogo de conductas prohibidas se entendiera como ejemplificativo y flexible, de manera que pueda sancionar cualquier modalidad futura de injerencia sindical.