La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales presentó ante el Pleno del Congreso el Dictamen número 77, mediante el cual se aprobó por unanimidad la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y a la Ley de Participación Ciudadana, con el objetivo de fortalecer los principios rectores de este mecanismo democrático.
El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, a través de la cual se establecen los principios de accesibilidad, inclusión, interculturalidad, no discriminación y perspectiva de género como principios rectores a fin de garantizar una participación ciudadana plena, inclusiva y efectiva en los principios democráticos.
La reforma constitucional que se plantea genera la necesidad de armonizar la Ley de Participación Ciudadana estatal con los nuevos principios rectores, para garantizar la coherencia normativa y dar plena eficacia al mandato constitucional, evitando vacíos legales que obstaculicen el ejercicio efectivo de los derechos políticos de la ciudadanía.
En ese sentido, se destaca que dicha armonización permitirá dotar de coherencia normativa al marco jurídico vigente, fortalecer la legitimidad de los instrumentos de participación y ampliar su alcance hacia una democracia más incluyente y representativa.
Bajo este marco, la reforma planteada por la inicialista responde a la tendencia normativa que busca fortalecer las democracias participativas desde un enfoque de derechos humanos y equidad social.
La Comisión dictaminadora, concluyó que la propuesta cuenta con sustento jurídico y constitucional suficiente para avanzar en el fortalecimiento de la democracia participativa en la entidad, ya que la participación ciudadana debe garantizarse en condiciones de igualdad sustantiva, eliminando barreras físicas, sociales, culturales y normativas que históricamente han limitado el ejercicio pleno de los derechos políticos de diversos sectores de la población.
Una vez aprobada la presente reforma constitucional, se turnará a los Ayuntamientos del Estado para el trámite correspondiente y, de obtenerse la aprobación de la mayoría, se procederá a realizar la declaratoria de incorporación constitucional correspondiente.

En sesión virtual de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, fue aprobada la iniciativa impulsada por el diputado Juan Manuel Molina García, que plantea una reforma integral para garantizar la autonomía sindical en Baja California.
El proyecto respaldado por unanimidad, incluye la adición del artículo 69 BIS a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, con el fin de definir de manera precisa las conductas que constituyen injerencia sindical y establecer un catálogo claro de prohibiciones.
De forma paralela, se incorpora el artículo 51 BIS a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, elevando la injerencia sindical al rango de Falta Administrativa Grave. Con ello se activa el aparato investigador y sancionador de los Órganos Internos de Control y del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, dejando claro que el poder público no puede emplearse como herramienta de presión electoral en la vida sindical.
Durante la sesión, se hizo constar que también se recibió una iniciativa presentada por el diputado Diego Echeverría, y las diputadas Mayola Gaona y Alejandrina Corral, cuyo objeto es armonizar las reformas federales con la normatividad estatal para garantizar una protección efectiva frente a la interferencia indebida en la vida interna de los sindicatos del sector público.
En el uso de la voz, el diputado Molina García subrayó que la propuesta busca cumplir con la armonización mandatada por la reforma federal planteada por la presidenta de México, salvaguardando el derecho de las y los trabajadores sindicalizados del Estado, municipios y organismos descentralizados a decidir libremente sobre su organización interna.
Reconoció además que la iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN comparte el mismo alcance y debe incorporarse en el engrose del dictamen para respetar el trabajo legislativo realizado.
“Estas reformas reafirman la dignidad de las y los trabajadores al garantizar que su voto para elegir a sus dirigentes sea personal, libre, directo y secreto, al tiempo que consolidan un sindicalismo sólido, autónomo y representativo, libre de ataduras y compromisos con la autoridad en turno”, señaló Juan Manuel Molina.
Por lo pronto, el Dictamen 79 que integra la totalidad de la iniciativa continuará en su trámite legislativo hasta ser presentado para su discusión en el Pleno.
En la sesión se contó con la participación además del diputado presidente de la Comisión, las diputaciones Alejandra Ang, Michel Sánchez, Evelyn Sánchez, Julia González, Maythé Méndez, Daylín García y Diego Lara.

Con el propósito de fortalecer la seguridad y el control de los centros de reinserción social en Baja California, el diputado Diego Echevarría Ibarra, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para crear un nuevo tipo penal que sancione el ingreso, posesión y suministro ilegal de equipos de comunicación y tecnología en los centros penitenciarios.
En la exposición de motivos, el congresista del PAN advirtió que en la entidad se ha observado un fenómeno alarmante, consistente en el uso de dispositivos tecnológicos para vulnerar la seguridad del Estado. “Resulta inaceptable que, mientras la ciudadanía exige paz, las prisiones se conviertan en centros desde los cuales se ordenan y ejecutan todo tipo de delitos, inclusive de alto impacto”, refirió.
Recientemente se han documentado casos virales donde personas privadas de su libertad realizan transmisiones en vivo, publican videos en redes sociales y alardean de privilegios desde el interior de los penales.
En ese contexto, Diego Echevarría subrayó que un teléfono celular dentro de un penal no es un objeto común, sino una herramienta que facilita delitos como la extorsión telefónica, la coordinación de células delictivas y el control de grupos criminales hacia el exterior.
Actualmente, la prohibición de ingreso de celulares se regula en reglamentos internos bajo sanciones administrativas, lo que ha permitido la corrupción sistémica que facilita el flujo de tecnología hacia las cárceles.
Por lo que la iniciativa plantea sancionar con uno a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa a quien introduzca, posea o suministre equipos de telefonía celular, radios, dispositivos de transmisión de datos, chips, cargadores o accesorios indispensables para su funcionamiento.
Asimismo, se propone agravar la pena hasta en una mitad más cuando las conductas sean cometidas por servidores públicos o custodios penitenciarios, imponiendo además destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos. También se incrementará la sanción cuando el fin sea facilitar la comisión de delitos desde el interior de los centros penitenciarios.
“La ausencia de sanciones penales para quienes introducen celulares alimenta un mercado negro que corrompe a custodios y fortalece a los internos, perpetuando la imagen de las cárceles como verdaderas ‘escuelas del crimen”, sentenció el diputado.