En sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se aprobaron por unanimidad diversos dictámenes que reforman el marco constitucional y legal del Estado, así como nuevas disposiciones de carácter simbólico y social.
Destacó la aprobación del dictamen que crea la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Baja California, impulsada por el Magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Esta nueva legislación consolida un sistema especializado para la resolución de controversias entre particulares y autoridades administrativas, fortaleciendo el acceso a la justicia y la tutela efectiva de derechos.
En términos prácticos, se norman mecanismos alternativos para solucionar disputas sin necesidad de juicio, siempre que los derechos involucrados sean negociables y no estén legalmente restringidos.
Con el propósito de visibilizar formas de violencia que generan graves afectaciones emocionales, familiares y sociales, se aprobó la iniciativa de la diputada Michel Sánchez para instituir el 11 de mayo como “Día Estatal contra la Violencia Vicaria” y el 26 de julio como “Día Estatal en conmemoración a las personas sobrevivientes de Manipulación Coercitiva”.
También fue dictaminada como favorable la propuesta de la misma legisladora, para remitir al Congreso de la Unión una reforma a la Ley Federal del Trabajo, con el fin de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las autoridades laborales de las entidades federativas emitan un modelo de protocolo que defina los elementos mínimos para la prevención, atención y búsqueda de personas en los centros de trabajo y sus alrededores.
A iniciativa de la diputada Araceli Geraldo Núñez, se aprobaron reformas al Artículo 5 de la Constitución Política del Estado y al Artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana, incorporando los principios de accesibilidad, inclusión, interculturalidad, no discriminación y perspectiva de género como ejes rectores de la participación ciudadana.
La diputada Mayola Gaona presentó la reforma al Artículo 8 de la Constitución Estatal, cuyo dictamen resultó favorable, la propuesta busca fortalecer y ampliar los derechos de niñas, niños y adolescentes en Baja California, reconociendo su derecho a la interculturalidad, inclusividad, participación, opinión e igualdad, consolidando así su reconocimiento como sujetos plenos de derechos en la vida democrática del Estado.
En el ámbito de los derechos humanos, la diputada Alejandrina Corral impulsó la reforma al Artículo 7, apartado E, de la Constitución Política del Estado, con esta modificación se establece expresamente el derecho de toda persona a ser buscada en casos de desaparición forzada, cometida por particulares u otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, imponiendo al Estado la obligación de garantizar acciones de búsqueda, localización e identificación.
Finalmente, se avaló la propuesta para declarar como Benemérita a la Escuela Secundaria Magisterio No. 18, ubicada en el municipio de Mexicali, en reconocimiento a su trayectoria educativa y compromiso con la formación docente.
En el desarrollo de los trabajos legislativos participaron el presidente de la Comisión de Gobernación, diputado Juan Manuel Molina García, junto con las diputadas Alejandra Ang, Michel Sánchez, Maythé Méndez, Daylín García y el diputado Diego Echevarría, quienes respaldaron con su voto las iniciativas dictaminadas.

Ante funcionarios estatales y municipales, líderes empresariales, barras de abogados y miembros de los pueblos y comunidades indígenas de Baja California, la diputada local de Morena, Evelyn Sánchez Sánchez, rindió su Primer Informe de Actividades Legislativas en el que destacó la creación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas, así como la incorporación de las Fiscalías Regionales de San Felipe y San Quintín.
Durante el periodo que se informa, la legisladora ha presentado 27 iniciativas, todas enfocadas en fortalecer el marco jurídico de Baja California, garantizar los derechos, promover la inclusión, la transparencia, el desarrollo sostenible y proteger a quienes históricamente habían sido olvidados, “con estos resultados en materia de los pueblos indígenas y afromexicanos, pasamos de la exclusión histórica al reconocimiento jurídico, porque un país que no escucha a sus pueblos originarios pierde su raíz”.
En su calidad de presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la diputada actualizó el nombre de la Comisión para reconocer con dignidad a este sector de la población; impulsó la creación de la Unidad Técnica de Consultas, que será la encargada de llevar a cabo las consultas previas, libres e informadas para que ninguna decisión que afecte a las comunidades sean tomadas sin escuchar su voz; promovió también una reforma integral a la Ley de Entrega y Recepción para que los procesos en el gobierno sean públicos, claros y con lenguaje incluyente.
“Este informe es un compromiso renovado, seguiré legislando con convicción, con enfoque de género y derechos humanos, trabajando en el territorio de Baja California para que nadie se quede atrás”, dijo la representante popular.
Entre otros temas, resaltó el trabajo en reformas a la Ley de Personas con Discapacidad, para ampliar sus derechos y garantizar su accesibilidad, incluyendo a personas de talla baja; el fortalecimiento de la Ley de Atención y Protección a Personas con Autismo, para asegurar la inclusión de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo, así como la creación de la Ley de Protección a Madres Solteras Jefas de Familia para que el estado garantice su atención preferencial, entre otros.
En materia de seguridad impulsó reformas al Código Penal estatal para tipificar la violencia en espectáculos y sancionar las agresiones físicas o verbales que ocurran en eventos masivos; reforzar las penas por extorsión agravada o el cobro de piso; reconocer la violencia química en contra de las mujeres y para que las y los automovilistas reincidentes en manejar bajo los efectos del alcohol o drogas pierdan su derecho a tener licencia de conducir.
Previo al informe de la diputada local, se realizó un ritual de purificación mixteco de San Miguel el Grande, a cargo de Silvia Ramírez Cuevas, Josefina Cuevas, Cirenia Ramírez y Felicitas Aparicio, con el fin de visibilizar a las comunidades indígenas.
Al evento asistieron las diputadas Gloria Miramontes Plantillas y Angélica Peñaloza Escobedo, los diputados Ramón Vázquez Valadez y Fidel Mogollón Pérez; así como del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Administración, el Magistrado Carlos Alberto Ferré, la Subsecretaria de Derechos Humanos estatal, Melba Adriana Olvera, la Directora General de CEJUM, Magdalena Bautista, el Titular de la oficina de representación INPI Baja California, Elías Espinoza, así como Regidoras, Regidores, representantes de la Guardia Nacional y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.
También se contó con la presencia del Presidente de la Asociación Oaxaqueña de Mexicali, Pablo Vázquez y del representante y presidente autoridad tradicional municipal triqui de la Colonia Nuevo San Juan Copala municipio de San Quintín, Antonio de Jesús López, entre otros.

La Diputada María Yolanda Gaona Medina, presentó una Iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado, en materia de Impuesto sobre remuneración al trabajo personal y fue turnada para su estudio, a la comisión del ramo.
Considera la inicialista que la reforma a un artículo de dicha norma, consistente en reducir el citado impuesto del 4.25 al 3.50 por ciento, traería diversos aspectos positivos al sector empresarial en Baja California.
Una menor tasa impositiva en la nómina, mejoría la competitividad del Estado atrayendo inversiones y la formalización de empleos, y permitiría a las empresas destinar mayores recursos a inversión, innovación y expansión.
En su exposición de motivos, hizo hincapié en la inquietud vertida el año pasado en ruedas de prensa por los representantes del sector empresarial, en donde como sector directamente involucrado, señalaron el beneficio de lograr una reducción al 3 por ciento.
Si bien, esta iniciativa no propone la reducción solicitada por este sector, dijo la legisladora que la reducción que ella plantea generaría también los beneficios por ellos señalados, en una menor medida, pero que sin duda beneficia a los bajacalifornianos.
Además, la reducción del Impuesto Sobre Nómina al 3.50 por ciento, propuesto por Mayola Gona representa una medida responsable y estratégica que busca equilibrar la necesidad de ingresos públicos con el impulso al desarrollo económico del Estado.
Contempla esta iniciativa d reforma, la reducción de una de las cargas fiscales más considerables, con las que las MIPyMEs debe cumplir cabalmente, como es el citado impuesto.
Según datos actualizados, a principios del 2025 las micro, pequeñas y medianas empresas son el elemento central en la economía mexicana, al representar el 99.95 por ciento de los 6,097,675 establecimientos económicos registrados a nivel nacional, conforme a información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).
Por ello, resaltó que, de concretarse esta iniciativa, se aliviará la carga fiscal y se incentiva la actividad productiva y la formalidad laboral, en beneficio no solo del sector empresarial, sino que se traduce en bienestar para la ciudadanía, sentando las bases para un crecimiento económico sostenible y socialmente justo.