El diputado Ramón Vázquez Valadez, sometió ante el Congreso del Estado, una iniciativa de reforma al Artículo 39 de la Ley de Educación del Estado, mediante la cual procura garantizar la continuidad de las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes que enfrentan enfermedades crónicas o prolongadas.
La propuesta plantea la implementación de modalidades educativas flexibles, apoyos pedagógicos y coordinación interinstitucional, sin discriminación y con pleno respeto al derecho a la educación.
Baja California enfrenta un incremento continuo de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, asma y condiciones autoinmunes que afectan cada vez a poblaciones más jóvenes. Ante ello, la iniciativa busca que la escuela se convierta en un entorno seguro, inclusivo y preparado para acompañar a estudiantes que requieren atención especial.
“Esta iniciativa surge de la necesidad urgente de adaptar nuestro marco normativo educativo a la realidad social y de salud que hoy vivimos en Baja California, especialmente aquella que afecta a niñas, niños y adolescentes que conviven con enfermedades crónicas”, subrayó el legislador inicialista.
Agregó que la escuela, después del hogar, es el entorno más importante para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, es el lugar donde forjan su identidad, construyen relaciones sociales, descubren sus capacidades y proyectan su futuro.
Por ello, esta reforma coloca a Baja California en la vanguardia de un marco legal educativo sensible a las necesidades de salud de su población, materializando los principios constitucionales de equidad, no discriminación e interés superior de la niñez.
“Al establecer en la ley la obligación de la Autoridad Educativa Estatal de coordinar acciones con la Secretaría de Salud, no solo estamos llenando un vacío normativo; estamos sentando las bases para una política pública transversal que reconozca la interdependencia entre el bienestar físico, emocional y académico de nuestros estudiantes,” finalizó Ramón Vázquez.

Con el objetivo de fortalecer el marco legal frente a las nuevas formas de extorsión que se cometen a través de entornos digitales, el diputado Fidel Mogollón Pérez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California para precisar y robustecer la regulación de este delito cuando se realiza mediante medios electrónicos y tecnológicos.
El legislador explica en el documento que la extorsión representa uno de los delitos que mayor impacto genera en la sociedad, por lo que adecuar el derecho penal a la realidad tecnológica actual es indispensable para cerrar espacios de impunidad y dotar a las instituciones de herramientas claras y eficaces que permitan enfrentar uno de los fenómenos delictivos de mayor crecimiento en la actualidad.
Recordó que en 2025 en el Congreso estatal se aprobó una reforma integral en materia de extorsión, la cual fortaleció el tipo penal y armonizó la legislación local con el marco jurídico nacional, sin embargo, advirtió que la migración de este delito hacia plataformas digitales ha generado nuevas formas de victimización que requieren un tratamiento normativo más preciso.
Entre las modalidades que han cobrado mayor relevancia, se encuentran la extorsión telefónica, la sextorsión, la suplantación de identidad digital, las amenazas mediante redes sociales, el uso indebido de datos personales y los secuestros virtuales, prácticas que provocan afectaciones patrimoniales, psicológicas y emocionales de especial gravedad.
El diputado señaló que, si bien el Código Penal vigente contempla el uso de medios electrónicos como una circunstancia agravante, dicha previsión resulta general, ya que no desarrolla de manera expresa las características propias de la extorsión cometida en entornos digitales ni sus particularidades frente a las modalidades tradicionales.
La iniciativa plantea definir de forma expresa cuándo la extorsión se considera cometida mediante medios digitales y adicionar supuestos agravantes específicos, como el uso de datos personales o contenidos íntimos, la suplantación de identidad, la reiteración sistemática de la conducta y la afectación directa a actividades comerciales o productivas.
El diputado Mogollón Pérez precisó que la propuesta no crea un nuevo delito ni modifica la pena base, sino que reforma el artículo 224 BIS del Código Penal estatal, con el fin de brindar mayor certeza jurídica, facilitar la investigación del delito y reforzar la protección de las víctimas, sin generar impacto presupuestal ni invadir competencias federales.

En sesión de la CHyP que preside la Legisladora Julia Andrea González Quiroz, las diputaciones integrantes aprobaron tres proyectos de dictamen, con el objeto de desincorporar predios, en favor del Banco Bienestar, y para destinarlos a Infonavit con el fin de que sean utilizados en favor de la población en rezago habitacional y marginada.
Se refiere el proyecto que origina el Dictamen No. 124 a la Iniciativa de Decreto para Desincorporar del Patrimonio de Dominio Público del Estado e Incorporar al Patrimonio Privado del mismo, un predio de la Colonia Chula Vista de Playas de Rosarito, para ser enajenado gratuitamente en favor del Banco del Bienestar.
Tiene como propósito ofrecer servicios bancarios directos a los beneficiaros de los programas sociales y eliminar el uso de efectivo en la dispersión de recursos públicos. Y cumpliendo con los requisitos de procedencia establecidos en la Ley General de Bienes para el Estado, fue aprobado por siete votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Luego se aprobó el proyecto de Dictamen No. 125 referente a la Iniciativa de Decreto para Desincorporar del Patrimonio de Dominio Público del Estado e Incorporar al Patrimonio del Dominio Privado del mismo, cuatro predios ubicados en Mexicali, para que sean utilizados a favor del INFONAVIT.
Esto a efecto de que los emplee para brindar cobertura y acceso a vivienda a la población en rezago habitacional y marginada, en los términos y condiciones del Programa Estatal de Vivienda 2022-2027.
Fue avalado el presente proyecto de dictamen, por siete votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, con algunas precisiones propuestas por el Diputado Juan Manuel Molina y por el representante de la Consejería Jurídica del Estado, Fernando Velardez.
Después, se aprobó el proyecto que origina el Dictamen No. 126 relativo a la Iniciativa de Decreto para Desincorporar del Patrimonio de Dominio Público del Estado e Incorporar al Patrimonio del Dominio Privado del mismo, el lote identificado como Resto del predio del Lote 3, Manzana 7, ubicado en el Fraccionamiento Granjas Los Arcos de Tecate, para su enajenación a título gratuito en favor del INDIVI.

Lo anterior, a efecto de que realice las gestiones técnicas y jurídicas, encaminadas a proveer el patrimonio a la ciudadanía que cumpla con los requisitos señalados en la normatividad propia del instituto. Posterior a su etapa de análisis, se aprobó por siete votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, con algunas precisiones.
Participaron en esta sesión, además de la Diputada Julia González, las siguientes diputaciones: Juan Manuel Molina, Alejandra Ang, Jaime Cantón, Alejandrina Corral, Adriana Padilla, y la presidenta del Congreso, Michel Sánchez.
Se contó también con la asistencia del Auditor Superior del Estado, Arnulfo Zárate Chávez; del representante de la Subsecretaría de Gobierno, Luis Alonso López y de la Consejería Jurídica, Fernando Velardez, ambos del Estado de Baja California.