“La actividad pesquera en San Felipe es mucho más que una dinámica económica; representa la columna vertebral de su identidad, su cultura y su subsistencia”, expresó el diputado Juan Manuel Molina García durante la sesión de Pleno, al subrayar la importancia de atender las necesidades de este sector.
En ese contexto, el legislador —coordinador de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO)— presentó ante la XXV Legislatura del Congreso de Baja California una Proposición de Acuerdo Económico, mediante la cual se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para que se instruya el análisis de viabilidad y la creación de un Plan de Reivindicación y Protección de los Pescadores del sexto municipio.
“San Felipe requiere hoy de una intervención que trascienda la visión restrictiva de instrumentos internacionales, y que ofrezca una transición económica plenamente funcional para las familias”, precisó Molina García.
El congresista subrayó que los pescadores de dicho municipio han enfrentado dificultades derivadas de factores externos, como la modificación del flujo del Río Colorado y regulaciones que han privilegiado la restricción sobre el desarrollo humano.
Bajo una visión de justicia social, el diputado inicialista subrayó la necesidad de replicar modelos como el Plan de Justicia para San Quintín, impulsado por la Mandataria nacional. En este sentido, expresó respeto y admiración por la determinación de la mandataria al implementar un modelo de gestión humanista que busca resarcir deudas históricas mediante el reconocimiento de derechos y la inversión pública.
“Estamos convencidos de que, a través de la sensibilidad y el liderazgo de la titular del Poder Ejecutivo Federal, es posible consolidar un futuro de paz y prosperidad en el Alto Golfo”, concluyó.
Tras esta intervención, la iniciativa fue sometida a votación en el Pleno y recibió el respaldo unánime de las diputaciones presentes, lo que refleja el compromiso colectivo de la XXV Legislatura con la protección y dignificación de las familias pescadoras de San Felipe.

El Dictamen No. 127 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto fue aprobado y se refiere a la Iniciativa de Decreto para autorizar al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California para que se gestione y contrate deuda pública, con el fin de llevar a cabo inversión pública productiva, como es el caso de la Desaladora de Rosarito para garantizar el agua en zona costa.
Se aprobó por diecinueve votos a favor, seis en contra (Echeverría, Corral, Gaona, Gilvaja, Daylín y Valle) y cero abstenciones, con una adenda presentada por la presidenta de esta Comisión dictaminadora, Diputada Julia Andrea González Quiroz, mediante la que se solicitan ajustes en los artículos primero, segundo, tercero, décimo y décimo tercero, para fortalecer su contenido.
Así mismo, se aprobó la reserva en lo particular, presentada por el Diputado Juan Manuel Molina al artículo quinto, relativo a fuente de pago del decreto que se aprueba, para que quede de la siguiente manera: El servicio de la deuda para el financiamiento que se autoriza, no tendrá impacto en las tarifas de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Tijuana y Ensenada.
Consideramos pertinente -dijo- refrendar nuestro compromiso ya asumido de este grupo parlamentario (Morena) de que el financiamiento aprobado con el Dictamen Número 127, impactará exclusivamente como fuente de pago de las obligaciones a su cargo que se deriven del o los financiamientos contratados al amparo del presente Decreto, un porcentaje necesario y suficiente de los ingresos derivados de la recaudación presente y futura que realice el “Estado”.
Esto, por concepto del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, por lo que hacemos la propuesta de ser reiterativos en nuestro compromiso de no impactar la economía familiar de las y los bajacalifornianos, agregó el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.
Con respecto al artículo primero del presente decreto: Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno de Baja California, por conducto del titular de la Secretaría de Hacienda, para que lleve a cabo los actos jurídicos necesarios para la gestión y contratación de financiamiento.
Esto, mediante la contratación de uno o varios financiamientos con cualquier institución financiera integrante del sistema financiero mexicano, incluyendo sociedades financieras de objeto múltiple, siempre que ofrezca las mejores condiciones de mercado, y en los términos y condiciones establecidos en el presente Decreto.
Mientras que, el artículo tercero relativo al plazo y periodo de gracia menciona que el “Estado” deberá formalizar el o los financiamientos que se autorizan en el presente Decreto en el ejercicio fiscal 2026, o 2027 inclusive, siendo el plazo máximo autorizado para el o los financiamientos que sean adquiridos conforme a lo autorizado en el presente Decreto, de hasta 30 años contados a partir de la fecha en que se celebren el o los contratos de crédito respectivos.
O bien, la fecha en que se realice la primera disposición de los recursos otorgados, cuando la misma sea cierta y conocida desde la fecha de celebración del o de los créditos bancarios. Dentro de los contratos que deriven del presente decreto, deberán contener el plazo en días y una fecha de vencimiento específica.
Asimismo, el o los financiamientos podrán estipular un plazo o periodo de gracia de hasta 36 meses, contados a partir de la primera disposición de los recursos del o los financiamientos, o en su caso desde la celebración de los contratos que sustenten las operaciones.
Se aprueba Acuerdo de la Comisión de Hacienda
De igual forma, se aprobó en el mismo sentido de votación, el Acuerdo No. 1 de la CHyP, estableciendo que se instruye a la Secretaría de Hacienda del Estado, presentar a esta Legislatura Local, un informe semestral de la aplicación de los recursos que derivan de los financiamientos que sean contratados, mediante el Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo de Baja California, para que gestione y contrate el citado financiamiento para inversión pública productiva.
Esto, a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California del citado Decreto y hasta en tanto las obligaciones que deriven de los financiamientos, hayan sido pagadas en su totalidad.
Se nombra en el siguiente artículo que a las Comisiones de Fiscalización del Gasto Público, así como a la de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, como comisiones unidas para dar seguimiento a la aplicación de los recursos que derivan del financiamiento que sea contratado mediante el citado decreto.

En la pasada sesión de pleno, la diputada Yohana Gilvaja expuso la gravedad de un caso ocurrido en la Escuela Secundaria 6 Ignacio Zaragoza de Tijuana Baja California, donde alumnas intentaron reclutar a otra estudiante para prostitución, hostigándola y acosándola dentro del plantel.
“En Baja California estamos tratando de consolidar las mejores oportunidades para las niñas, niños, adolescentes, principalmente en el área de la educación, sin embargo la vocación social de un gobierno debe expresarse también en la protección de la niñez frente a amenazas que ponen en riesgo su libertad sexual, su desarrollo y su integridad personal”, recalcó la legisladora del PT.
Advirtió que el caso de acoso y reclutamiento ocurrido en la citada Secundaria no es aislado, sino parte de un patrón que se repite en distintas regiones del país, donde este tipo de prácticas de reclutamiento de niñas y adolescentes son frecuentes en ciudades que atraviesan crisis de seguridad, violencia y pobreza, como sucedió en Cancún y Acapulco, y que ahora comienzan a aparecer en Tijuana.
Aunque los directivos de la institución intervinieron de manera inmediata al dar de baja a las alumnas involucradas, la diputada señaló que esta medida es no es la solución al problema.
“Seguramente pertenecientes a una red dirigida por adultos, unas compañeras invitaron a una alumna a prostituirse, y no solamente la invitaron, la hostigaron y la acosaron para que se prostituyera”, refirió la congresista.
Destacó la necesidad de que la Fiscalía investige quiénes son los autores intelectuales detrás de estas prácticas, y por su parte que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la policía cibernética, rastree los mecanismos de captación y revisar las llamadas telefónicas relacionadas con estos hechos.
Con respecto a lo anterior, Yohana Gilvaja exhortó a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Educación a coordinar esfuerzos para prevenir y combatir la trata de menores. Asimismo, planteó que la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad articule un programa de prevención en zonas de alto riesgo para proteger a la niñez y adolescencia de Baja California.
La propuesta recibió de diversas fuerzas políticas representadas en la XXV Legislatura, al reconocer la gravedad y la delicadeza del tema, que exige respuestas inmediatas para proteger a niñas y adolescentes frente a cualquier forma de explotación.