El propósito de fortalecer la cultura de la denuncia en casos de violencia familiar y prevenir hechos que puedan derivar en situaciones de riesgo o daño, la diputada Michelle Alejandra Tejeda Medina presentó una iniciativa para reformar la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado.
La cultura de la denuncia debe entenderse como una estrategia fundamental para combatir actos que atentan contra la sociedad mexicana, siendo una pieza clave en la protección de los derechos de las personas y la familia es la unidad de organización social básica y cualquier forma de violencia dentro de ella tiene un impacto que trasciende generaciones.
“Es apremiante que la ciudadanía ejerza plenamente su derecho a acudir a las autoridades a denunciar este tipo de conducta, y para ello es indispensable impulsar y promover la cultura de la denuncia”, señaló la diputada.
Según la CNDH, la violencia familiar se presenta cuando una persona ejerce algún tipo de violencia sobre otra con la que tiene o ha tenido un vínculo afectivo o de parentesco, acto de poder u omisión intencional que busca dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a integrantes de la familia dentro o fuera del domicilio.
A pesar de las leyes y políticas públicas existentes, la violencia familiar continúa siendo un problema grave y en aumento, lo que hace necesario fortalecer el marco legal para su prevención y atención.
La legisladora de Morena acentuó que la violencia familiar afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes se encuentran estado de vulnerabilidad y, por diversas razones, no denuncian los abusos ejercidos en su contra.
La iniciativa plantea incorporar como atribución del Consejo para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar el fomento de la cultura de la denuncia mediante campañas en medios de comunicación, que difundan los protocolos para denunciar ante el Ministerio Público cualquier caso que pudiera constituir delito. Asimismo, propone que el Programa para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar incluya lineamientos para fomentar la cultura de la denuncia.
“El objetivo es que la ciudadanía cuente con información clara y accesible para denunciar, y que el Estado fortalezca sus mecanismos de prevención y atención de la violencia familiar”, finalizó Michelle Tejeda.

En sesión ordinaria, el Congreso del Estado aprobó los dictámenes 118, 119, 120, 121, 122 y 123, emitidos por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, mediante los cuales se autorizan los presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal 2026 correspondientes a los órganos autónomos y al Poder Judicial del Estado.
En el caso del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), se aprobó el presupuesto de egresos por un monto de $304,491,329.00, destinado a la organización de procesos electorales y al fortalecimiento de la participación ciudadana.
Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC), se autorizó un presupuesto de $55,338,236.00, con el propósito de garantizar la atención, defensa y promoción de los derechos humanos en Baja California.
El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) recibió la aprobación de su presupuesto p or $45,531,502.00, recursos que permitirán la resolución de controversias en materia electoral y el fortalecimiento de la legalidad democrática.
El Poder Judicial del Estado de Baja California (PJEBC) fue aprobado con un presupuesto de $2,115,408,198.00, destinado a garantizar el acceso a la justicia en todas sus materias, respaldando la labor del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados de primera instancia.
En cuanto al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJABC), se avaló un presupuesto de $115,712,630.00, con el objetivo de consolidar una justicia administrativa eficiente, moderna y digital.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la autorización de un presupuesto de $3,003,015,477.00, destinado a fortalecer la procuración de justicia, la investigación de delitos y la atención integral a las víctimas.
La aprobación de estos dictámenes garantiza la operación institucional de los entes constitucionales autónomos, así como la impartición de justicia en la entidad, fortaleciendo el marco democrático, la protección de derechos humanos, la transparencia y el combate a la corrupción.

El diputado Ramón Vázquez Valadez, sometió a consideración del Pleno la Iniciativa de reforma al artículo 116 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, con el objeto de reforzar los requisitos de ingreso y permanencia de las instituciones policiales.
En su exposición de motivos, el legislador señaló que la propuesta de reforma pretende armonizar el contenido de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana con el Decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada el 16 de julio de 2025, particularmente en el componente relativo a requisitos de ingreso y permanencia.
Destacó que estos ajustes resultan acordes con una premisa que ha impulsado en otros niveles del sector público: imponer la obligatoriedad del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ramón Vázquez remarcó la urgencia de actualizar la norma estatal para cumplimentar dichos requisitos tanto para quienes busquen ingresar como para quienes se sometan a procesos de permanencia en las instituciones policiales de Baja California.
La iniciativa incorpora nuevos criterios que deberán observarse para el ingreso y permanencia en las instituciones policiales, uno de ellos es no tener en su contra sentencia ejecutoria que imponga la suspensión de la ciudadanía.
También se establece no contar con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual; o por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Asimismo, se plantea no haber participado, favorecido o encubierto violaciones graves a los derechos humanos, ni tener historial o antecedentes como victimario de violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas adultas mayores, ni haber cometido abuso o maltrato animal, así como no estar declarada como persona deudora alimentaria morosa.