En sesión ordinaria, el Congreso del Estado aprobó los dictámenes 118, 119, 120, 121, 122 y 123, emitidos por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, mediante los cuales se autorizan los presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal 2026 correspondientes a los órganos autónomos y al Poder Judicial del Estado.
En el caso del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), se aprobó el presupuesto de egresos por un monto de $304,491,329.00, destinado a la organización de procesos electorales y al fortalecimiento de la participación ciudadana.
Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC), se autorizó un presupuesto de $55,338,236.00, con el propósito de garantizar la atención, defensa y promoción de los derechos humanos en Baja California.
El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) recibió la aprobación de su presupuesto p or $45,531,502.00, recursos que permitirán la resolución de controversias en materia electoral y el fortalecimiento de la legalidad democrática.
El Poder Judicial del Estado de Baja California (PJEBC) fue aprobado con un presupuesto de $2,115,408,198.00, destinado a garantizar el acceso a la justicia en todas sus materias, respaldando la labor del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados de primera instancia.
En cuanto al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJABC), se avaló un presupuesto de $115,712,630.00, con el objetivo de consolidar una justicia administrativa eficiente, moderna y digital.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la autorización de un presupuesto de $3,003,015,477.00, destinado a fortalecer la procuración de justicia, la investigación de delitos y la atención integral a las víctimas.
La aprobación de estos dictámenes garantiza la operación institucional de los entes constitucionales autónomos, así como la impartición de justicia en la entidad, fortaleciendo el marco democrático, la protección de derechos humanos, la transparencia y el combate a la corrupción.

En Sesión ampliada de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, compareció el titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, Armando Carrasco López, proyectando en su propuesta de Ley de Ingresos 3 mil 335.7 millones de pesos para el ejercicio 2026.
El director de la CESPM anunció que para 2026 se invertirán 163.5 mdp en agua potable, 125.1 mdp en alcantarillado y saneamiento, y 53.7 mdp en alcantarillado pluvial. Señaló que el proyecto no contempla incrementos en la tarifa por consumo de agua, salvo los ajustes derivados de los indicadores de inflación.
En la etapa de cuestionamientos por parte de las diputaciones destacaron los temas sobre: Bono Verde, los deudores y las acciones para abatir el rezago, rehabilitación de alcantarillado, campañas sobre el cuidado del agua, atención a las personas con discapacidad, la atención a usuarios con fugas, así como la proyección de obras en la zona de Valle Sur y de San Felipe, además de la situación con FISAMEX, acciones de capacitación en materia de igualdad de género, y la limpieza de drenes, entre otros rubros.
En esta etapa participaron la diputada presidenta de la Comisión Julia Andrea González Quiroz, Alejandra Ang, Adriana Padilla, Michelle Tejeda, Julia González, Juan Manuel Molina, Diego Echevarría, Michel Sánchez, Alejandrina Corral y Daylín García.
El titular de la paraestatal explicó que, los reportes financieros del Bono Verde son revisados por un comité técnico en donde se proponen los proyectos para su evaluación y, una vez autorizados, se realizan las licitaciones correspondientes para su ejecución y supervisión de las obras.
Respecto a la cartera vencida, informó que durante este año se logró un avance significativo, reduciéndola en más del 30%, equivalente a 104.3 millones de pesos, mediante una estrategia jurídica y mecanismos de acercamiento con la ciudadanía. Añadió que los principales deudores continúan siendo usuarios domésticos, con un rezago de 771 millones de pesos por abatir.
Detalló que este año se invirtieron 221 mdp en reposición de tuberías, 202 mdp en drenaje sanitario y 31 mdp en infraestructura pluvial. En obras nuevas, se ejercieron 87 mdp en agua potable, 137 mdp en drenaje sanitario y 44 mdp en pluvial, sumando un total de 722 millones de pesos.
Sobre las acciones de cultura del cuidado del agua, mencionó iniciativas como el Museo del Agua, las jornadas de limpieza y atención comunitaria, el programa Cine y Cultura en Movimiento con proyecciones en colonias sobre el uso responsable del recurso, además de actividades en escuelas y comunidades.
En materia de accesibilidad y atención a grupos vulnerables, señaló que todas las oficinas cuentan con rampas y accesos adecuados, así como programas de apoyo que incluyen exenciones de pago y beneficios dirigidos a asociaciones civiles y religiosas.
Respecto a las fugas de agua, indicó que su atención es una responsabilidad compartida entre el usuario y el organismo, al detectarse una variación en el medidor, debe reportarse de inmediato, y la CESPM aplica los ajustes correspondientes conforme a su manual de bonificación.
En San Felipe, informó que este año se rehabilitaron pozos, se construyeron redes de agua potable y se avanzó en el acueducto, con una inversión de 86 mdp. Para 2026 se proyecta la reconstrucción de la red de agua potable y del drenaje sanitario. En la zona sur del Valle, la inversión acumulada asciende a 594 mdp.
En relación con FISAMEX, precisó que las devoluciones realizadas derivan del cumplimiento de una sentencia de amparo, y que actualmente la CESPM mantiene un juicio en curso contra dicha empresa.
Informó que el personal ha recibido capacitaciones de sensibilización, incluyendo temas como la Ley Daryela, prevención del abuso sexual infantil, inclusión, igualdad de género y violencia de género, entre otros cursos de formación.
Finalmente, las diputaciones reconocieron a la CESPM como uno de los organismos mejor administrados del Estado y expresaron su agradecimiento por el trabajo que realiza durante todo el año, especialmente en las temporadas de lluvias, cuando se refuerzan las acciones de atención, mantenimiento y respuesta inmediata para proteger a la población.

En cumplimiento del proceso de glosa del informe anual, compareció ante la Junta de Coordinación Política la titular de la Fiscalía General del Estado, en una sesión ampliada con la participación de todas las fuerzas políticas de la XXV Legislatura, a fin de revisar el estado que guarda la procuración de justicia en Baja California.
Tras la exposición de la Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, quien presentó avances en investigación del delito, fortalecimiento de fiscalías especializadas, sentencias condenatorias, atención a víctimas y desarrollo en genética forense, las diputaciones formularon sus cuestionamientos.
Las intervenciones se centraron en temas como combate a la extorsión, personas desaparecidas, controles ante conductas arbitrarias de agentes, violencia familiar, tiempos de respuesta del número de emergencias, infraestructura y capacidad de atención en San Quintín, así como el número de carpetas ejecutadas relacionadas con elementos infiltrados en el crimen organizado.
También se abordaron asuntos de maltrato animal; denuncias sobre retenciones y aportaciones a ISSSTECALI en Ensenada; casos vinculados a FISAMEX; atención a personas indígenas y afromexicanas; delitos cometidos por adolescentes; registro de ofensores sexuales; y la clasificación de homicidios y desapariciones para evitar maquillaje de cifras.
De igual manera, se plantearon inquietudes sobre el tema salarial de los agentes y las investigaciones relativas a las fosas clandestinas localizadas en La Rumorosa y la negación de la fiscalía en los levantamientos de cuerpos en Rosarito, así como los avances de los asuntos en San Felipe vinculados a mandos policiacos y el caso de Sunshine Rodríguez.
Por otro lado, diputadas y diputados reconocieron que, pese a la falta de agentes y personal fiscal, en diversas zonas de Tijuana se ha registrado una disminución de delitos, destacando casos de éxito como la extorsión en la Central de Abastos, la resolución del primer asunto de halconeo y el esclarecimiento del caso de la funeraria Latinoamericana, todos ellos en dicha ciudad.
Ante las inquietudes, Andrade Ramírez señaló que la unidad especializada en extorsiones ha detenido bandas provenientes de otros estados, y que en Tijuana y Mexicali ya operan espacios exclusivos para la atención de familias de personas desaparecidas, con todas las herramientas para la debida investigación.
Indicó que se han reforzado los mecanismos de control interno mediante Asuntos Internos y Visitaduría para atender las quejas ciudadanas, precisando que la Fiscalía cuenta con la herramienta de cateos, y agregó que en materia de violencia contra las mujeres se emitieron 5,536 medidas de protección en 2024 y más de 11 mil en 2025.
Explicó que en San Quintín se rehabilitaron instalaciones que estaban en abandono y que se enviarán cinco vehículos adicionales para fortalecer la atención. En cuanto a la depuración institucional, informó que existen procedimientos administrativos y penales en curso, incluido el caso del robo de droga en Tijuana, y aseguró que las carpetas abiertas en diversos municipios siguen su curso.
Detalló que en maltrato animal se han recibido 22 denuncias y rescatado 32 caninos, y que en los asuntos de ISSSTECALI y FISAMEX ya se cuenta con peritaje y personas identificadas para investigación. Añadió que actualmente hay seis intérpretes en el estado y se abrirán dos plazas más, que los delitos cometidos por adolescentes son principalmente robos y que para el registro de agresores sexuales se instruyó dar seguimiento inmediato.
Subrayó que la clasificación de delitos se basa únicamente en el reporte del hecho sin posibilidad de manipulación. Reconoció que, en La Rumorosa, tras una crisis de seguridad, se acumulan más de dos meses sin delitos de alto impacto.
En cuanto al levantamiento de cuerpos en Rosarito, se comprometió a convocar una reunión inmediata con las autoridades estatales y municipales involucradas para evitar costos adicionales a las familias. Por otro lado, precisó que el 911 es operado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que, al estar enlazado con el C5 donde convergen diversas autoridades, se garantiza una respuesta inmediata.
Respecto a los casos en San Felipe, señaló que se trata de hechos complejos vinculados a delincuencia organizada y que el municipio registraba cifras rojas por estos delitos. Sobre el homicidio de Sunshine Rodríguez, informó que hay dos personas detenidas, incluido un autor intelectual y uno material, y que la investigación permanece abierta.
La funcionaria estuvo acompañada por Jesús Manuel López Moreno, Director Jurídico; Miguel Ángel Gaxiola Rodríguez, Fiscal Especializado en Delitos Contra la Vida; Juan Carlos Buenrostro Molina, Coordinador de Gabinete; Ricardo Garduño, Oficial Mayor; Hortensia Noriega, Fiscal Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género; y José Antonio Lozano, Fiscal Central.
En este ejercicio de rendición de cuentas participaron las diputadas y los diputados Fidel Mogollón, Mayola Gaona, Gloria Miramontes, Montserrat Murillo, Jorge Ramos, Tere Ruiz, Diego Echevarría, Evelyn Sánchez, Angélica Peñaloza, Michel Sánchez, Alejandrina Corral, Yohana Gilvaja, Maythé Méndez, Alejandra Ang, Araceli Geraldo, Ramón Vázquez, Adriana Padilla, Diego Lara, Daylín García, Michelle Tejeda, Eligio Valencia, así como el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Manuel Molina García.