El propósito de fortalecer la cultura de la denuncia en casos de violencia familiar y prevenir hechos que puedan derivar en situaciones de riesgo o daño, la diputada Michelle Alejandra Tejeda Medina presentó una iniciativa para reformar la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado.
La cultura de la denuncia debe entenderse como una estrategia fundamental para combatir actos que atentan contra la sociedad mexicana, siendo una pieza clave en la protección de los derechos de las personas y la familia es la unidad de organización social básica y cualquier forma de violencia dentro de ella tiene un impacto que trasciende generaciones.
“Es apremiante que la ciudadanía ejerza plenamente su derecho a acudir a las autoridades a denunciar este tipo de conducta, y para ello es indispensable impulsar y promover la cultura de la denuncia”, señaló la diputada.
Según la CNDH, la violencia familiar se presenta cuando una persona ejerce algún tipo de violencia sobre otra con la que tiene o ha tenido un vínculo afectivo o de parentesco, acto de poder u omisión intencional que busca dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a integrantes de la familia dentro o fuera del domicilio.
A pesar de las leyes y políticas públicas existentes, la violencia familiar continúa siendo un problema grave y en aumento, lo que hace necesario fortalecer el marco legal para su prevención y atención.
La legisladora de Morena acentuó que la violencia familiar afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes se encuentran estado de vulnerabilidad y, por diversas razones, no denuncian los abusos ejercidos en su contra.
La iniciativa plantea incorporar como atribución del Consejo para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar el fomento de la cultura de la denuncia mediante campañas en medios de comunicación, que difundan los protocolos para denunciar ante el Ministerio Público cualquier caso que pudiera constituir delito. Asimismo, propone que el Programa para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar incluya lineamientos para fomentar la cultura de la denuncia.
“El objetivo es que la ciudadanía cuente con información clara y accesible para denunciar, y que el Estado fortalezca sus mecanismos de prevención y atención de la violencia familiar”, finalizó Michelle Tejeda.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informa que en Baja California actualmente se encuentran inscritas y vigentes 33 Unidades de Producción de carne de ganado bovino en el Programa de Proveedor Confiable (Libre de Clenbuterol), cuyo objetivo es prevenir y eliminar el empleo de Clenbuterol en la alimentación del ganado para engorda.

El Lic. José Antonio Ramírez Gómez, Representante de la Dependencia Federal en el Estado, destacó que en dichas Unidades de Producción se encuentran confinadas un total de 193 mil 112 cabezas de ganado vacuno (vacas), de acuerdo a lo informado por el Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA en Baja California, MVZ José Luis de la Rosa Romero.

Con respecto al Programa, explicó que es de carácter voluntario, preventivo e inhibitorio, y a través del cual, se realiza un monitoreo continuo en las unidades de producción primaria, a fin de que se logren productos cárnicos sanos e inocuos, que no causen daños a la salud de los consumidores.

El funcionario precisó que a las unidades de producción primaria dedicadas a la engorda de ganado bovino que cumplen con los requisitos del Programa, se les otorga una constancia como “Proveedor Confiable”, que les permite promover su ganado con la garantía de la ausencia del clorhidrato de Clenbuterol.

Señaló que, durante el año 2025, en Baja California se muestrearon las unidades de producción de ganado bovino en confinamiento inscritas en el padrón del Programa de Proveedor Confiable, con un total de 864 análisis con resultados negativos al uso de esta sustancia, de acuerdo a lo informado por el SENASICA en la Entidad.

El Clenbuterol es un fármaco que se emplea en medicina veterinaria como auxiliar en partos distócicos y como broncodilatador en el tratamiento médico para las especies equinas y bovinas que no están destinados al consumo humano.

Es un beta-agonista sintético altamente residual que se acumula en carne y vísceras principalmente el hígado, y que, al ser consumidos, pueden causar trastornos al sistema cardiovascular, lo que representa un riesgo para la salud del consumidor, “Por lo tanto, se ha prohibido su uso como promotor de crecimiento en la alimentación de ganado”, aseguró.

Por último, aclaró que a la Representación a su cargo y al Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria (CEFPP) le corresponde difundir, entre los productores, la mecánica operativa del Programa, así como el procedimiento para la inscripción al mismo.

En sesión ordinaria, el Congreso del Estado aprobó los dictámenes 118, 119, 120, 121, 122 y 123, emitidos por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, mediante los cuales se autorizan los presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal 2026 correspondientes a los órganos autónomos y al Poder Judicial del Estado.
En el caso del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), se aprobó el presupuesto de egresos por un monto de $304,491,329.00, destinado a la organización de procesos electorales y al fortalecimiento de la participación ciudadana.
Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC), se autorizó un presupuesto de $55,338,236.00, con el propósito de garantizar la atención, defensa y promoción de los derechos humanos en Baja California.
El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) recibió la aprobación de su presupuesto p or $45,531,502.00, recursos que permitirán la resolución de controversias en materia electoral y el fortalecimiento de la legalidad democrática.
El Poder Judicial del Estado de Baja California (PJEBC) fue aprobado con un presupuesto de $2,115,408,198.00, destinado a garantizar el acceso a la justicia en todas sus materias, respaldando la labor del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados de primera instancia.
En cuanto al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJABC), se avaló un presupuesto de $115,712,630.00, con el objetivo de consolidar una justicia administrativa eficiente, moderna y digital.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la autorización de un presupuesto de $3,003,015,477.00, destinado a fortalecer la procuración de justicia, la investigación de delitos y la atención integral a las víctimas.
La aprobación de estos dictámenes garantiza la operación institucional de los entes constitucionales autónomos, así como la impartición de justicia en la entidad, fortaleciendo el marco democrático, la protección de derechos humanos, la transparencia y el combate a la corrupción.