En el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García”, la diputada Michelle Tejeda, presidenta de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, encabezó el protocolo de instalación del IX Parlamento de las Juventudes, acompañada por las diputaciones Dunnia Murillo, Juan Manuel Molina, Fidel Mogollón y Mayola Gaona, familiares, medios de comunicación y público en general.
Tras la votación de las y los jóvenes, quedó formalmente integrada la Mesa Directiva del IX Parlamento de las Juventudes, presidida por Karla Jacqueline Moya Romero, con Carlos Culebro Valenzuela como vicepresidente, Mia Monzerrath López Medina como secretaria, Diego Armando Valdez Amparán como prosecretario y Fernanda Chávez Tenorio en la función de secretaria escrutadora.
Asimismo, rindieron protesta como integrantes: Ximena Ochoa Orduño, Paris Renata Encinas Escobar, Anna Karina Hernández Martínez, Luisa Arely Acevedo Garibay, Nitmar Sández Sepúlveda, María Teresa Preciado, Dania Mariela León Tapia, Iberia Alexa García Álvarez y Laura Karina Pérez Oláis.
También Viridiana Zúñiga Rico, Víctor Manuel Pérez Zúñiga, Vicente Aldebarán Enciso Limón, Andrés Leyva Navarro, Jethro Tare Domínguez González, Felipe de Jesús Hernández Sandoval, Lucio Emiliano Benítez Sánchez, Alejandro Emiliano Chávez Valle, Roberto Emilio García Galván, Martín Medina Burciaga y Luis Froylan Martínez Muñoz.
Durante sus intervenciones, las y los integrantes del IX Parlamento de las Juventudes alzaron la voz para defender la inclusión, la salud mental, el liderazgo juvenil y la justicia social. Hablaron desde el orgullo regional, la experiencia personal y el compromiso con sus comunidades, destacando la importancia de representar a quienes no tienen voz y de transformar la realidad desde el presente.
Coincidieron en que este Parlamento no es un simulacro, sino una plataforma real para proponer, debatir y construir un mejor futuro para Baja California.
Por su parte Michelle Tejeda expresó: “Es un privilegio poder compartir la máxima tribuna del Estado con todas y todos ustedes, me siento profundamente orgullosa de este Parlamento, especialmente por haber logrado abrirlo a sectores históricamente olvidados y marginados”.
“La memoria es una herramienta revolucionaria, no podemos olvidar que en el pasado fuimos ignorados, relegados y pisoteados. Este Parlamento es prueba viva de la diversidad de las juventudes, que no pueden ser encasilladas en un solo molde, por ello refrendo mi compromiso de abrazar todas las causas que nos motivan, que nos mueven y que nos comprometen a seguir trabajando por una Baja California verdaderamente inclusiva”, refirió.

El diputado Jaime Cantón Rocha, presentó iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California con el propósito de crear el delito de corrupción inmobiliaria y frenar prácticas que afectan directamente el patrimonio de las familias, vulneran el derecho a una vivienda digna y fomentan redes de colusión entre particulares y servidores públicos.
Durante la exposición de motivos, el legislador explicó que, “para llevar a cabo un despojo, además de la ocupación material ilegal de la vivienda, se requiere de planeación, se requiere de la articulación de abogados, notarios, jueces y funcionarios públicos corruptos que facilitan, toleran y con ello, preparan el despojo, quienes a lo largo del tiempo han quedado impunes”.
En ese sentido afirmó que la reforma incorpora, por primera vez en Baja California, la corrupción inmobiliaria para ser considerada y castigada como un delito grave, con penas que pueden ser desde 10 hasta 20 años de prisión, para funcionarios que permitan, por acción u omisión, edificaciones ilegales o la construcción sin cumplir requisitos legales, así como a los particulares que participen en esas obras.
También establece que, cuando estas conductas afecten el derecho de propiedad sobre una vivienda, las penas ordinarias aplicables a delitos vinculados —como fraude, despojo, falsificación de documentos, abuso de autoridad, cohecho o tráfico de influencias— deberán duplicarse, dada la gravedad social que implica dejar a una persona sin su hogar.
El diputado destacó que esta propuesta responde a fenómenos documentados en México y Baja California, como el denominado “cártel del despojo” y envía un mensaje contundente: en Baja California la corrupción inmobiliaria dejará de ser una práctica tolerada y pasará a ser un delito grave, “con esta reforma protegemos el patrimonio de las y los bajacalifornianos, cerramos espacios a la impunidad y fortalecemos el derecho humano a una vivienda segura y legal”.
Subrayó que el fortalecimiento normativo es indispensable para combatir la impunidad, por tal motivo, los sistemas de control administrativo y la procuración de justicia deben funcionar eficientemente para permitir la investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas y delitos relacionados con hechos de corrupción; si estos mecanismos son débiles, entonces se incentiva a incurrir en dichas conductas.

“Como diputada local, preocupada por la seguridad de la ciudadanía y la transparencia institucional, pronuncio este posicionamiento ante la reciente agresión contra la unidad antisecuestros y la alarmante ausencia de inhibidores de drones en la Fiscalía General del Estado”, expresó la diputada Yohana Gilvaja desde la tribuna legislativa.
El pronunciamiento surge tras el ataque registrado en la delegación Playas de Tijuana, donde drones lanzaron artefactos explosivos contra vehículos oficiales de la unidad especializada en combate al secuestro. La proponente subrayó la gravedad del hecho y la falta de respuesta tecnológica por parte de la institución encargada de la procuración de justicia.
Yohana Gilvaja explicó que un inhibidor de drones es un dispositivo que bloquea frecuencias y restringe el espacio aéreo, impidiendo que estos aparatos sigan órdenes. “Esa es la capacidad que tiene nuestra Fiscalía. ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde está la acción concreta para impedir que esto suceda? ¿Y los inhibidores?”, cuestionó con firmeza.
El presupuesto autorizado para la Fiscalía General del Estado en el ejercicio 2025 asciende a 2 mil 634 millones de pesos, además de una ampliación por 142 millones aprobada en comisiones durante agosto. A pesar de ello, frente a un ataque directo, la institución responde con una investigación en curso, sin que hasta ahora se haya activado un protocolo de autoprotección eficaz.
Por ello, la congresista exigió que la titular de la Fiscalía General del Estado informe de manera pública sobre el estado de implementación de los inhibidores de drones y el sistema de protección aérea en todas las instalaciones: qué equipos existen, desde cuándo funcionan y cuántas veces se han activado.
El exhorto también solicita el uso intensivo de la tecnología disponible y, de ser necesario, la adquisición de equipo adicional para evitar ataques que pongan en riesgo al personal e impidan el ejercicio de sus atribuciones.
“La seguridad no es un gasto, es una obligación y cuando un dron entra a la Fiscalía, no sólo es un golpe físico, es un agravio simbólico al Estado de Derecho y una provocación al valor personal, jurídico y policial”, sentenció la legisladora del PT.