El Pleno del Congreso aprobó reformas a la Ley Orgánica del Registro Civil que eliminan el requisito de apostilla o legalización consular para registrar el nacimiento de personas mexicanas nacidas en el extranjero. Además, se establece la posibilidad de agregar un segundo apellido (materno o paterno) en la constancia respectiva, fortaleciendo el reconocimiento de identidad.
La reforma fue impulsada por las diputadas Maythé Méndez y Araceli Geraldo, cuyas iniciativas coincidieron en su propósito legislativo, por lo que fueron dictaminadas en un solo proyecto por la Comisión de Justicia.
En su exposición de motivos, la diputada Maythé Méndez señaló que la nacionalidad mexicana, prevista en el artículo 35 de la Constitución Federal, reconoce como mexicanos por nacimiento no solo a quienes nacen en territorio nacional, sino también a quienes nacen en el extranjero de padre o madre mexicana.
Destacó que el fenómeno migratorio de miles de mexicanos hacia el extranjero, principalmente a los Estados Unidos de América, ha generado durante décadas una población de millones de mexicanos por nacimiento que ahora residen en ese país y tienen hijos nacidos allá.
Por su parte, la diputada Araceli Geraldo consideró que, aunque en Baja California aún no se ha hecho la declaratoria de vigencia del nuevo Código Nacional, ello no representa un impedimento para ajustar la normatividad local conforme a las directrices establecidas en dicho ordenamiento, a fin de lograr armonía legislativa entre normas locales y nacionales.
Subrayó que el derecho a la identidad es un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales, y que la Constitución mexicana establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada gratuitamente de manera inmediata a su nacimiento, siendo obligación del Estado garantizar su cumplimiento.
Ambas legisladoras coincidieron en que, el Congreso de la Unión aprobó el 6 de abril de 2024 una reforma al artículo 1144 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, mediante la cual se elimina el requisito de legalización consular o apostilla. Con ello, se obliga a las oficialías del Registro Civil en todo el país a no solicitar dicho requisito en los casos de inscripción de nacimiento de personas mexicanas nacidas en el extranjero.

En el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García”, la diputada Michelle Tejeda, presidenta de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, encabezó el protocolo de instalación del IX Parlamento de las Juventudes, acompañada por las diputaciones Dunnia Murillo, Juan Manuel Molina, Fidel Mogollón y Mayola Gaona, familiares, medios de comunicación y público en general.
Tras la votación de las y los jóvenes, quedó formalmente integrada la Mesa Directiva del IX Parlamento de las Juventudes, presidida por Karla Jacqueline Moya Romero, con Carlos Culebro Valenzuela como vicepresidente, Mia Monzerrath López Medina como secretaria, Diego Armando Valdez Amparán como prosecretario y Fernanda Chávez Tenorio en la función de secretaria escrutadora.
Asimismo, rindieron protesta como integrantes: Ximena Ochoa Orduño, Paris Renata Encinas Escobar, Anna Karina Hernández Martínez, Luisa Arely Acevedo Garibay, Nitmar Sández Sepúlveda, María Teresa Preciado, Dania Mariela León Tapia, Iberia Alexa García Álvarez y Laura Karina Pérez Oláis.
También Viridiana Zúñiga Rico, Víctor Manuel Pérez Zúñiga, Vicente Aldebarán Enciso Limón, Andrés Leyva Navarro, Jethro Tare Domínguez González, Felipe de Jesús Hernández Sandoval, Lucio Emiliano Benítez Sánchez, Alejandro Emiliano Chávez Valle, Roberto Emilio García Galván, Martín Medina Burciaga y Luis Froylan Martínez Muñoz.
Durante sus intervenciones, las y los integrantes del IX Parlamento de las Juventudes alzaron la voz para defender la inclusión, la salud mental, el liderazgo juvenil y la justicia social. Hablaron desde el orgullo regional, la experiencia personal y el compromiso con sus comunidades, destacando la importancia de representar a quienes no tienen voz y de transformar la realidad desde el presente.
Coincidieron en que este Parlamento no es un simulacro, sino una plataforma real para proponer, debatir y construir un mejor futuro para Baja California.
Por su parte Michelle Tejeda expresó: “Es un privilegio poder compartir la máxima tribuna del Estado con todas y todos ustedes, me siento profundamente orgullosa de este Parlamento, especialmente por haber logrado abrirlo a sectores históricamente olvidados y marginados”.
“La memoria es una herramienta revolucionaria, no podemos olvidar que en el pasado fuimos ignorados, relegados y pisoteados. Este Parlamento es prueba viva de la diversidad de las juventudes, que no pueden ser encasilladas en un solo molde, por ello refrendo mi compromiso de abrazar todas las causas que nos motivan, que nos mueven y que nos comprometen a seguir trabajando por una Baja California verdaderamente inclusiva”, refirió.

El diputado Jaime Cantón Rocha, presentó iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California con el propósito de crear el delito de corrupción inmobiliaria y frenar prácticas que afectan directamente el patrimonio de las familias, vulneran el derecho a una vivienda digna y fomentan redes de colusión entre particulares y servidores públicos.
Durante la exposición de motivos, el legislador explicó que, “para llevar a cabo un despojo, además de la ocupación material ilegal de la vivienda, se requiere de planeación, se requiere de la articulación de abogados, notarios, jueces y funcionarios públicos corruptos que facilitan, toleran y con ello, preparan el despojo, quienes a lo largo del tiempo han quedado impunes”.
En ese sentido afirmó que la reforma incorpora, por primera vez en Baja California, la corrupción inmobiliaria para ser considerada y castigada como un delito grave, con penas que pueden ser desde 10 hasta 20 años de prisión, para funcionarios que permitan, por acción u omisión, edificaciones ilegales o la construcción sin cumplir requisitos legales, así como a los particulares que participen en esas obras.
También establece que, cuando estas conductas afecten el derecho de propiedad sobre una vivienda, las penas ordinarias aplicables a delitos vinculados —como fraude, despojo, falsificación de documentos, abuso de autoridad, cohecho o tráfico de influencias— deberán duplicarse, dada la gravedad social que implica dejar a una persona sin su hogar.
El diputado destacó que esta propuesta responde a fenómenos documentados en México y Baja California, como el denominado “cártel del despojo” y envía un mensaje contundente: en Baja California la corrupción inmobiliaria dejará de ser una práctica tolerada y pasará a ser un delito grave, “con esta reforma protegemos el patrimonio de las y los bajacalifornianos, cerramos espacios a la impunidad y fortalecemos el derecho humano a una vivienda segura y legal”.
Subrayó que el fortalecimiento normativo es indispensable para combatir la impunidad, por tal motivo, los sistemas de control administrativo y la procuración de justicia deben funcionar eficientemente para permitir la investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas y delitos relacionados con hechos de corrupción; si estos mecanismos son débiles, entonces se incentiva a incurrir en dichas conductas.