En sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, que preside la diputada Alejandra Ang Hernández, presentó diversos dictámenes de la cuenta pública de entes fiscalizados, correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023.
Las cuentas públicas que se votaron en sentido aprobatorio corresponden al Instituto Municipal de la Juventud de Tecate; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California (DIF Estatal); Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Mexicali; al Fideicomiso Fondo de Garantías Complementarias y Créditos Puente; Instituto Municipal de Arte y Cultura; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California; Unidad de Especialidades Médicas de Baja California y al Ayuntamiento de Mexicali.
Por otro lado, la cuenta que se votó a favor en sentido de no aprobatoria por diversos hallazgos y observaciones, corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Ensenada (DIF Ensenada). Entre las faltas recurrentes se encuentran: falta de pago de revalidación de 24 Estancias; Padrón de Estancias Infantiles no cuenta con sellos ni firmas, falta de retención y el entero del ISR; falta de expedición de CFDI; omisión de pagos de cuotas y aportaciones al ISSSTECALI; no se reconoce antigüedad de empleados; finiquitos laborales sin documentación que compruebe el registro contable y cálculo correcto; entre otros.
Los dictámenes fueron avalados por mayoría de las diputaciones, en los mismos términos resueltos por los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, de los cuales 9 dictámenes fueron aprobados en sentido viable y 1 bajo dictamen de no aprobatorio.
La Comisión fiscalizadora, a través de la Auditoría Superior del Estado (ASEBC), se encarga de revisar que la ejecución del presupuesto se haya realizado conforme a la ley, incluyendo la contratación de servicios, obra pública y adquisiciones, así mismo se verifica que no se hayan causado daños a las finanzas públicas, por lo que estos dictámenes no suspenden los trámites de las acciones promovidas por la ASEBC, mismas que seguirán los procedimientos previstos en las leyes respectivas.

En sesión plenaria, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad el Dictamen No. 58, emitido por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se avala la integración del nuevo Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en seguimiento a la convocatoria pública del 12 de enero de 2024.
El 9 de abril del presente año, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, remitió al Poder Legislativo el oficio con la propuesta de integración del Consejo Consultivo, conformada por perfiles provenientes de distintos municipios y sectores sociales:
• Laura Alicia Camarillo Govea (Tijuana)
• Mónica Leticia Oropeza Rodríguez (Mexicali)
• Gilberto Erick Watts Guadiana (Tijuana)
• Raúl de la Rocha de la Rocha (Ensenada), representante de la comunidad con discapacidad visual
• Lorena Esmeralda Yáñez Núñez (Tecate)
Tras el análisis correspondiente, se determinó que las personas propuestas cumplen con los requisitos de elegibilidad e idoneidad, destacando la inclusión de voces que representan a comunidades históricamente marginadas, como pueblos originarios y personas con discapacidad.
En la misma sesión, las y los integrantes del nuevo Consejo rindieron protesta ante el Pleno del Congreso, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, con lo cual formalizaron su incorporación al órgano consultivo.
Los nombramientos son de carácter honorífico, y tienen como propósito fortalecer la legitimidad, pluralidad y capacidad de incidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reafirmando el compromiso institucional con la defensa de los derechos fundamentales en Baja California.

Con el objetivo de garantizar atención integral del cáncer a personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, presentó una iniciativa que reforma la Ley de Ingresos del Estado, proponiendo asignar el 0.3% del Fideicomiso Empresarial (FIDEM) a programas de salud pública enfocados en la prevención, detección y tratamiento de dicho padecimiento.
“La productividad, el crecimiento y la competitividad de una región dependen directamente de la salud de sus habitantes. El fortalecimiento de la economía no puede concebirse de manera aislada de la salud y el bienestar de la población”, expresó la legisladora presidenta de la Comisión de Salud.
Agregó en su exposición de motivos, que una población saludable representa una fuerza laboral más estable, más productiva y con mejores condiciones de vida.
Por ello, considera congruente y necesario que una fracción del recurso proveniente del esfuerzo empresarial y laboral se destine a atender un problema de salud pública de gran magnitud como el cáncer, especialmente en los sectores más vulnerables.
Además, destacó que la iniciativa no implica la creación de nuevos impuestos ni incrementa la carga fiscal de las empresas; propone redirigir una fracción del 1.5% existente del FIDEM para fortalecer los programas de salud en beneficio directo de la población.
“Destinar un 0.3% del fideicomiso, lo que representa 36 millones de pesos, a programas de salud no altera la vocación del FIDEM, la amplía, la enriquece, la humaniza y representa una visión moderna del desarrollo económico que no separa la prosperidad del bienestar”, afirmó Gloria Miramontes.
De esta manera el FIDEM mantendría su objetivo de promover la competitividad económica, convirtiéndose además en un modelo de compromiso social integral, alineado con una política pública que dignifica a los sectores más vulnerables.