Desde la máxima tribuna, la diputada Yohana Gilvaja alzó la voz contra prácticas indebidas por parte de servidores públicos del Ayuntamiento de Tijuana, al presentar un exhorto con dos puntos dirigido al alcalde Ismael Burgueño Ruiz: el primero, para frenar extorsiones contra micro emprendedores por parte de inspectores municipales; y el segundo, para exigir la publicación oficial del acuerdo relativo a vehículos con vidrios polarizados.
“En el primer caso se trata de auténticas extorsiones en agravio de personas emprendedoras, en mi distrito he sido testigo de casos donde inspectores municipales pretenden cobrar hasta 500 pesos semanales a personas que venden ropa usada afuera de sus casas, imagínense lo triste que es ver a personas vulnerables vendiendo en 20, 10, 15 pesos, y enterarte que les quieren cobrar por hacerlo”, denunció la legisladora.
Explicó que los micro empresarios son el motor de la economía local, muchos comienzan en la informalidad, y si logran sobrevivir los primeros dos años, se establecen y dan de alta a sus trabajadores para que tengan de seguridad social.
Por ello, exhortó al presidente municipal a que disponga lo necesario para que los inspectores se abstengan de exigir dádivas, y en su lugar se implementen campañas de orientación, asesoría y acompañamiento que permitan a los emprendedores insertarse en la legalidad y mejorar sus servicios.
En un segundo punto del exhorto, la diputada abordó la problemática de los vehículos con vidrios polarizados, señaló que la falta de publicación en el reglamento ha generado espacios discrecionales que algunos agentes de tránsito aprovechan para extorsionar.
“El propósito legítimo del polarizado es protegerse de los rayos solares, especialmente en una ciudad como Tijuana, donde los desplazamientos son largos y hay embotellamientos”, indicó.
Aunque el Cabildo ya aprobó una reforma para clarificar los derechos de los propietarios de vehículos, el acuerdo no ha sido publicado en el medio de difusión oficial, lo que impide su aplicación efectiva.
El exhorto fue aprobado por unanimidad de las diputaciones de la XXV Legislatura, quienes coincidieron en la urgencia de atender estas problemáticas que afectan directamente a la ciudadanía tijuanense.

Con el objetivo de fortalecer la profesionalización del campo bajacaliforniano, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Baja California (SADER BC), encabezada por su titular Mónica Vargas Núñez, firmó un convenio de colaboración con la Federación Agronómica de Baja California.

Este acuerdo contempla el desarrollo de proyectos estratégicos, asistencia técnica, capacitación, certificación de competencias laborales e impartición de cursos, dirigidos a los sectores agrícola y ganadero de la entidad.

“Este convenio representa una suma de voluntades a favor del campo, desde SADER BC reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de la mano con los expertos y profesionales del sector para garantizar que nuestros productores tengan acceso a herramientas y conocimientos que les permitan crecer, pues nuestro trabajo no es solo resolver el presente, sino sembrar el futuro del campo bajacaliforniano”, destacó Mónica Vargas Núñez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado.

Por su parte, el ingeniero Ramfis Sahid Flores, presidente de la Federación Agronómica de Baja California, también subrayó la importancia de esta colaboración: “Este tipo de alianzas son esenciales para que el campo de Baja California evolucione, el asesoramiento técnico y la elaboración de proyectos son fundamentales para mejorar la productividad, pero sobre todo, para que nuestros agricultores y ganaderos puedan competir en un mercado cada vez más demandante, este convenio no solo busca mejorar las competencias de quienes ya están en el sector, sino también abrir oportunidades para los jóvenes que desean integrarse al campo de manera profesional”, señaló.

para finalizar, Vargas Núñez reconoció la experiencia y voluntad que tienen quienes integran la asociación agronómica para apoyar a los productores del campo.

En sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, que preside la diputada Alejandra Ang Hernández, presentó diversos dictámenes de la cuenta pública de entes fiscalizados, correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023.
Las cuentas públicas que se votaron en sentido aprobatorio corresponden al Instituto Municipal de la Juventud de Tecate; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California (DIF Estatal); Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Mexicali; al Fideicomiso Fondo de Garantías Complementarias y Créditos Puente; Instituto Municipal de Arte y Cultura; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California; Unidad de Especialidades Médicas de Baja California y al Ayuntamiento de Mexicali.
Por otro lado, la cuenta que se votó a favor en sentido de no aprobatoria por diversos hallazgos y observaciones, corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Ensenada (DIF Ensenada). Entre las faltas recurrentes se encuentran: falta de pago de revalidación de 24 Estancias; Padrón de Estancias Infantiles no cuenta con sellos ni firmas, falta de retención y el entero del ISR; falta de expedición de CFDI; omisión de pagos de cuotas y aportaciones al ISSSTECALI; no se reconoce antigüedad de empleados; finiquitos laborales sin documentación que compruebe el registro contable y cálculo correcto; entre otros.
Los dictámenes fueron avalados por mayoría de las diputaciones, en los mismos términos resueltos por los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, de los cuales 9 dictámenes fueron aprobados en sentido viable y 1 bajo dictamen de no aprobatorio.
La Comisión fiscalizadora, a través de la Auditoría Superior del Estado (ASEBC), se encarga de revisar que la ejecución del presupuesto se haya realizado conforme a la ley, incluyendo la contratación de servicios, obra pública y adquisiciones, así mismo se verifica que no se hayan causado daños a las finanzas públicas, por lo que estos dictámenes no suspenden los trámites de las acciones promovidas por la ASEBC, mismas que seguirán los procedimientos previstos en las leyes respectivas.